Hungría y Polonia no estaban dispuestas a aceptar que el presupuesto y los fondos de recuperación de la Unión Europea estuviesen condicionados por el mecanismo del Estado de derecho, que amenazaba con negar los fondos a los países que no cumplieran con los supuestos valores fundamentales de la UE, y, en consecuencia, ejercieron su derecho al veto el pasado 16 de noviembre . Esto supuso el inició de unas tensas negociaciones entre las autoridades comunitarias y los gobiernos húngaro y polaco. Viktor Orbán señaló que no recordaba unas negociaciones tan difíciles en sus 30 años en la política internacional. 

El pasado jueves, algunos medios de comunicación húngaros comenzaron a hablar de una gran victoria de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki. El eurodiputado de Fidesz, Tamás Deutsch, afirmaba en sus redes sociales: “¡Hemos ganado! Hungría ha ganado, la amistad polaco-húngara ha ganado, ¡Europa ha ganado! Vale la pena defender a nuestro país”. Viktor Orbán se manifestaba encantando de pelear codo con codo con los polacos y afirmaba que “juntos salvamos la unidad de la UE. Este no fue solo un debate sobre el Estado de derecho, sino sobre el futuro de la UE. La cuestión central era dónde reside la autoridad en la UE: en las instituciones de la UE o en los estados nacionales”. Por su parte, Mateusz Morawiecki insistió en que el acuerdo ofrece garantías de que el mecanismo del Estado de derecho no pueda utilizarse de forma arbitraria.

Desde Bruselas también se ha manifestado satisfacción por un acuerdo que algunos consideran una victoria pírrica de Hungría y Polonia. Tanto el finlandés Petri Sarvamaa, del Partido Popular Europeo, como la española Eider Gardiazabal, de los Socialistas Europeos, recalcaban que “se han respetado nuestras líneas rojas” y que “no se ha tocado el reglamento, que entrará en vigor el próximo 1 de julio”. La mayoría de los medios europeos, de izquierda y derecha, también celebraban que no se hubiese cambiado una sola coma en el mecanismo de condicionalidad.

El que no se mostraba satisfecho era George Soros, que en plena negociación abogó por castigar a Hungría y Polonia. En su opinión, la canciller alemana Angela Merkel se ha rendido a la extorsión de ambos países y el compromiso es el peor de todos los mundos posibles. Soros también expresó la “rabia moral que deben sentir las personas que creían en la UE como los protectores de los valores europeos y universales”. Viktor Orbán no tardaba en contestar y señalar la derrota de Soros 

Otra voz contraria al acuerdo ha llegado del propio gobierno polaco. Ley y Justicia gobierna en coalición con dos socios menores, Porozumienie (Acuerdo) y Solidarna Polska (Polonia Unida). El primer partido, dirigido por el viceprimer ministro Jaroslaw Gowin, era contrario al veto y ha presionado al gobierno polaco para llegar a un acuerdo. El segundo, dirigido por el ministro de Justicia Zbigniew Ziobro, era partidario de un veto duro y ha criticado el acuerdo porque considera que la aceptación del mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho, “permitirá a la Comisión Europea interferir en las actividades del presidente, el parlamento, el gobierno e incluso los gobiernos locales en casi todos los campos”

Pero lo cierto es que el mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho sigue su camino, entonces, ¿qué han conseguido Hungría y Polonia? Aunque el mecanismo no ha sido revocado, se ha añadido una cláusula que permite a los dos países impugnar su legalidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Budapest y Varsovia ya han anunciado que van a presentar un recurso de legalidad, por tanto, el mecanismo no podría aplicarse hasta que no se produzca un veredicto oficial del tribunal. El nuevo reglamento entrará en vigor previsiblemente el próximo 1 de enero, pero Hungría y Polonia han ganado tiempo. Una victoria, en este caso para Hungría, es que el mecanismo de condicionalidad no se aplicará a los proyectos en curso del último presupuesto europeo. Hungría aún tiene a su disposición más de 10.000 millones de euros de los fondos de cohesión europeos del antiguo presupuesto. Por último, la nueva cláusula dispone que la Comisión Europea debe crear directrices para la interpretación del mecanismo de condicionalidad y que su aplicación será “objetiva, justa, imparcial y basada en hechos” asegurando “la igualdad de trato de los Estados miembros”. Asimismo, antes de retener fondos de un estado miembro se debe entablar un diálogo para alcanzar una solución. Algo que podría involucrar al Consejo Europeo si ambas partes lo requieren.

Si tenemos en cuenta las sentencias anteriores del TJUE podemos hablar de uno o dos años, sin embargo, la vicepresidente de la Comisión Europea, Vera Jourova, ha señalado que el proceso podría ser mucho más corto, “espero que el procedimiento vaya rápido, estamos hablando de meses en lugar de años”. Por otro lado, esperar una sentencia favorable a Hungría y Polonia por parte del TJUE es, visto los precedentes, poco realista. Se ha ganado tiempo, está por ver cuánto, pero esta solo ha sido la primera batalla en una guerra mayor. La guerra de las naciones soberanas frente al globalismo de la Agenda 2030.