Antes que nada, conviene señalar que este artículo no tiene un propósito condenatorio ni se están juzgando unas medidas tomadas en un texto pasado; y puesto que la historia no es algo que quepa ser juzgado.

 

En artículos anteriores he elaborado unos análisis, que por diversos motivos (relacionados únicamente conmigo), han resultado en unos textos que requieren de importantes matizaciones. Por responsabilidad con el medio y por una elemental ecuanimidad, me veo obligado a introducir unas ampliaciones que pueden consistir un intento de contribución (aunque ínfima) a una pequeña ampliación de la perspectiva sobre el régimen.

 

Para este propósito elaboraremos un bosquejo de los resultados de la investigación del economista e historiador de la economía, Luis E. Pires (Universidad Rey Juan Carlos).

 

De suerte que, en análisis simplificados, el franquismo suele ser dividido en dos grandes períodos, esto es, la Autarquía y el período de apertura posterior a la llegada de los tecnócratas en el 1957. Una visión simplista (como la mía en ocasiones anteriores) puede dar pie a una identificación del período aperturista de la dictadura con el liberalismo económico. Si bien los tecnócratas del Opus Dei han introducido un grado variable de libre mercado en función de cada sector y de la época objeto de estudio, la industria, por el contrario, ha estado sujeta a regulaciones hasta el final del régimen (advirtiéndose el claro propósito intervencionista esencial a la ideología del régimen, ya en la legislación promulgada en el inicio de la Guerra Civil). Si hasta el 1959 el propio ejercicio de la actividad productiva requería en todos los sectores industriales del permiso de las autoridades (además de la fijación y regulación completa de los precios y de las importaciones y exportaciones), después del Plan de Estabilización se liberalizaron tan sólo algunos sectores, reduciéndose la regulación en el resto, y en un grado cambiante. A partir del 1963 la regulación se ejerció con una intensidad todavía mayor que antes de 1959, materializándose esta en distintas trabas y requisitos, como podría ser el requerimiento de un permiso para la ampliación y modificación de los equipos productivos; o la restrictiva y rígida normativa referente a los envases en algunos sectores de la industria alimentaria (llegando a prohibirse el uso de envases de vidrio en la producción de salsa de tomate, tal como apunta Pires).

 

Todo ello ha dado lugar al impedimento a algunos empresarios para desempeñar su actividad productiva en determinados sectores, pudiendo denegar el gobierno la apertura de una empresa por exceso de producción, y que a largo plazo redunda en una reducción de la competencia, subida de los precios y una productividad y capacidad para absorber trabajadores, muy por debajo de su potencial.

 

En lo referente al obstáculo a la libre competencia, Luis E. Pires concluye que toda esta regulación se ha llevado a cabo para beneficiar las ineficientes empresas estatales, integrales en este caso en el INI.

 

En cuanto al modelo económico franquista, es necesario insistir que es el resultado de la convergencia de un complejo conjunto de factores socioeconómicos y políticos, condicionados, por evidente que resulte, totalmente por las ideologías y sistemas socioeconómicos imperantes en los años 20 y treinta, dominados por el fuete (o total) intervencionismo, tanto del comunismo y el fascismo, pero también en la Europa del Norte (v.g. Suecia) y el intervencionismo e inflacionismo de la época de Roosvelt en Estados Unidos (si bien con una sensiblemente mayor libertad económica que en los ámbitos anteriormente referidos).

También cabe resaltar que el franquismo es el resultado de una contienda civil, que ha tenido como como causantes un gran cúmulo de factores, entre los que cabe destacar las conflictividades sociales en los distintos ámbitos (condicionada por las influencias del comunismo, tanto marxista como bakuninista) , la crisis económica de 1929  (fruto del inflacionismo e intervencionismo previos, tanto a nivel mundial como en España) y las inadecuadas políticas de los gobiernos republicanos para reducir el período de recesión, o también el propio carácter excluyente de la legislación  de la Republica respecto los sectores monárquicos y tradicionalistas (minoritarios en los treinta), y de la derecha en general. Estas dificultades (entre otras) para la consolidación de un sistema democrático (en un contexto internacional de expansión del socialismo, tanto comunista como fascista y corporativista conservador), y el surgimiento de una derecha moderada, han conducido a la búsqueda en una alternativa corporativista, capaz de solucionar la conflictividad social (tal como indica S. Payne, de modo similar a los ocurrido en Austria o Eslovaquia), y que retomarán los miliares (si bien más inclinados hacia el fascismo; con una cuasi fascistización entre el 1939 y 1942 ) en la Guerra Civil, y en un momento de máxima radicalización en ambos bandos. El elemento militar, y dada la falta de alternativas, sería el encargado de crear el nuevo estado, a partir de la concepción antes mencionada (por otro lado, derivada del intervencionismo inherente a la forma de ver el estado y le economía de los militares).