Hay que ver con delicadeza si la autorización del Senado regulada en el artículo 155 de la Constitución es una ley, un acto administrativo o ambas cosas. La verdad es que resulta muy contradictorio que un mismo acto del Senado pueda considerarse, al mismo tiempo, una ley y un acto administrativo impugnable de forma directa ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin necesidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad.

 

Teniendo presentes las notas que se han ido publicando en relación con el artículo 155 de la Constitución, podría considerarse que la autorización del Senado no es una ley, pues solo se ha producido con la aprobación de la denominada Cámara parlamentaria de representación territorial, sin que haya intervenido el Congreso. Realmente, debe pensarse que el Senado, al autorizar las medidas gubernativas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución, ha dictado un acto administrativo singular, que se englobaría dentro de la función parlamentaria de control de la acción de Gobierno.

 

Pudiendo haber dudas sobre la naturaleza jurídica de la autorización del Senado, habría que terminar planteándose la posibilidad del recurso de amparo si efectivamente se han vulnerado derechos fundamentales o libertades públicas. No parece posible hablar de la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo tras realizar un profundo análisis de la Ley 29/1998.

 

El Tribunal Constitucional conocerá, en los casos y en la forma que la Ley determina, del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos relacionados en el artículo 53.2 de la Constitución. Las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos, que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser recurridos dentro del plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, sean firmes.

 

La delimitación del recurso de amparo para los actos parlamentarios ha sido fijada por el Tribunal Constitucional, que dictó el Auto 7/2012, de 13 de enero de 2012, que inadmitió a trámite el recurso de amparo 1598-2011, planteado por don Pedro María Gragera de Torres y 321 personas más, controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA, en relación con el acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de 16 de diciembre de 2010, de autorización de la prórroga del estado de alarma. Esa resolución indica que “el recurso de amparo ha de tener por objeto decisiones y actos sin valor de ley de «naturaleza típicamente parlamentaria», que, a diferencia de los actos en materia de personal, administración y gestión patrimonial [arts. 58.1 y 74.1 c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1.3 a), 10.1 c) y 12.1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa], por ser expresión de su autonomía en el ejercicio de las funciones que en cuanto órganos constitucionales del Estado o institucionales de las Comunidades Autónomas les atribuyen la Constitución o los Estatutos de Autonomía, resultan excluidos del conocimiento, verificación y control por los Tribunales ordinarios y únicamente pueden impugnarse ante este Tribunal Constitucional cuando se les impute la lesión de un derecho o libertad susceptible de protección a través del recurso de amparo (art. 53.2 CE) (en el mismo sentido, STC 227/2004, de 29 de noviembre, FJ 1)”.

 

Que esté el recurso de amparo como posible vía no implica que pueda haber éxito procesal. No parece que haya algún derecho fundamental de Carles Puigdemont que pueda haberse vulnerado. Además, sería poco coherente solicitar la tutela de un órgano que no debería querer reconocer como competente en Cataluña.