Cristóbal Montoro dictó una instrucción para que se le informara, en el plazo de diez días hábiles, si Carles Puigdemont había pedido acogerse al régimen de los expresidentes de la Generalitat para cobrar una pensión de 90000 euros mensuales. Finalmente, ya se ha comunicado que el dirigente político catalán no va a solicitar el abono de esas cantidades.

 

La Ley 6/2003 de Cataluña indica en su artículo 2 que las personas que han ejercido el cargo de presidente o presidenta de la Generalidad tienen derecho a percibir, por un período equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura, una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente o presidenta de la Generalidad. La cuantía total, en el caso de Carles Puigdemont, ascendía a cerca de 112000 euros anuales.

 

Ciertamente, la normativa catalana es clara. La Ley 6/2003 de Cataluña tiene por objeto garantizar que los presidentes de la Generalidad, una vez hayan cesado, puedan atender sus necesidades personales y políticas con la dignidad y el decoro que corresponden a las altas funciones ejercidas, y con el fin de establecer también, en el caso de que se produzca su traspaso, unas medidas de protección de los familiares más próximos. Para que la norma pudiera resultar aplicable, se requería que hubiera un reconocimiento de cese, de modo que, en este caso, si Carles Puigdemont deseaba la pensión, tenía que declarar que aceptaba acatar la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución, que incluyen el cese de todos los miembros del Gobierno catalán, pero prefirió no hacerlo.

La elección de Carles Puigdemont ha sido determinante y se basa en planteamientos muy sencillos. Por un lado, si decidía no asumir su cese, sabía que no podría percibir una suculenta pensión, aunque los defensores del independentismo catalán le respetarían más que a ningún otro dirigente de su Gobierno. Por otro, si elegía aceptar el cese, muchos le iban a odiar por haber renunciado a la independencia de Cataluña y, aunque, podría haber conseguido mucho más dinero sin trabajar, prefirió no tener soportar la carga de haber dado un golpe mortal a las esperanzas secesionistas depositadas en su partido político por muchos ciudadanos.

 

Carles Puigdemont no parece querer acatar la Constitución, según lo que puede deducirse de su propia actitud. Además, no debe estar muy preocupado por sus ingresos, ya que no parece que le vaya a faltar dinero, pues ya se las apañarán para que viva bien.