Parece que se acerca el momento de utilizar el arma jurídica contenida en el artículo 155 de la Constitución Española, caracterizada, principalmente, por su potencia, por su subsidiariedad y por el misterio que existe sobre la figura, pues nunca ha sido empleada. El precepto señala en su primer apartado que “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Las facultades que concede este precepto, como puede observarse, forman una auténtica bomba jurídica y política que debería ser el último recurso. En el caso en el que resultara indispensable usar la coerción estatal, habría que seguir los trámites procedimentales recogidos en el artículo 189 del Reglamento del Senado.

 

Ante la posibilidad de que se produzca una declaración unilateral de independencia de Cataluña, se ha generado un debate. Se ha planteado la cuestión sobre qué sucedería si no fueran eficaces los medios jurídicos que deberían servir para frenarla, como el procedimiento de ejecución forzosa de las sentencias del Tribunal Constitucional que se ha implantado mediante la Ley Orgánica 15/2015, y qué utilidad tendría la coerción estatal estando las Cortes Generales disueltas.

 

El problema sobre la posibilidad de que la Diputación Permanente del Senado pueda o no pueda ejecutar el mecanismo del artículo 155 de la Constitución es relevante, porque de ese aspecto depende que se pueda aplicar el precepto si se produjera una declaración de independencia catalana antes de la constitución de las Cortes Generales tras la celebración de las elecciones generales que se desarrollarán el próximo día 20 de diciembre de este año.

Las Diputaciones Permanentes son órganos que sustituyen a las Cámaras en ciertos casos. El segundo apartado del artículo 78 de la Constitución dice que “Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas” y el tercer apartado del mismo precepto señala que “Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales”.

Hay algunos juristas, como Eduardo Vírgala Foruria, Pedro Cruz Villalón y Vicente Juan Calafell Perra, que consideran que no parece viable aplicar la coerción estatal con el Senado disuelto. Hay otros, como Jorge de Esteban, que mantienen la postura contraria.


Existen dos argumentos principales para sostener que la Diputación Permanente del Senado tiene competencia para emplear los medios a los que se refiere el artículo 155 de la Constitución:

  • No hay restricción expresa en la norma suprema del ordenamiento jurídico español que impida que la Diputación Permanente del Senado ejecute las medidas de la coerción estatal. Se hace mención a los artículos 86 y 116 de la Constitución, pero esa referencia no excluye la aplicación del artículo 155 de la norma suprema de las competencias de la Diputación Permanente.

 

  • El artículo 78 de la Constitución permite que la Diputación Permanente del Senado se subrogue en la posición jurídica de la Cámara regulada en el artículo 69 de la Carta Magna española para garantizar que no haya situaciones de debilidad de los entes parlamentarios estatales en caso de disolución de las Cámaras o en caso de haber expirado su mandato.

Si finalmente tuviera que aplicarse la coerción estatal, la Diputación Permanente del Senado podría tener la competencia necesaria para proceder con la ejecución el contenido del artículo 155 de la Constitución, pues, de lo contrario, la propia norma suprema del ordenamiento jurídico estaría permitiendo que, con las Cortes Generales disueltas, el Estado fuera más débil, siendo cierto que ese no parece ser el espíritu de la Constitución.

La situación ideal sería aquella en la que no fuera necesaria la coerción estatal. Sin embargo, parece poco probable que esa situación pueda existir observando las circunstancias y es posible que el artículo 155 de la Constitución Española pueda terminar resultando insuficiente.