Tras una inicial oposición[1], los sindicatos mayoritarios han optado por respaldar las protestas del transporte por carretera[2] contra el Gobierno y las grandes empresas. Parece que se ha impuesto el sentido común y, al contrario de lo ocurrido con las movilizaciones agrarias de 2020, cuando acusaron a los agricultores de "derecha terrateniente y carca", por fin han asumido que la autoproclamación del Gobierno sanchista como el "más progresista de la Historia" no debe eximirle de movilizaciones laborales en su contra. Mucho menos cuando esos transportistas no son privilegiados de ningún tipo, ya que incluso los propietarios del vehículo se ven obligados en muchas ocasiones a hipotecarse para llevar a cabo el ejercicio de la profesión. Y la obsesión recaudatoria del Gobierno, empeñado en sacar dinero de donde sea para continuar financiando sus chiringuitos, ha llevado la situación a unos límites intolerables.

Ver a los sindicatos mayoritarios, los mismos que presumen de ser "de clase" mientras viven a costa de las subvenciones del Estado demoliberal y capitalista, a rebufo de la llamada patronal (en realidad, muchos trabajadores autónomos) y procurando nadar con la ropa mojada, porque ahora que gobiernan los suyos se muestran muy comprensivos con la gestión gubernamental, cuando no optimistas, es un espectáculo que podríamos ver repetido en tanto dure la presente legislatura. No es casualidad que esta huelga/cierre patronal de transportistas haya estado precedida por una protesta de los trabajadores de la industria metalúrgica o que, antes de poner en pausa nuestras vidas por la crisis sanitaria, asistiéramos a las mencionadas protestas del campo. Llevamos décadas asistiendo a un proceso de deslocalizaciones, competencias desleales y encarecimiento del nivel de vida, todo ello acompañado de una mayor inestabilidad e incertidumbre en los terrenos laboral y social, porque la deriva globalista del capitalismo no puede ofrecer otra alternativa. Y por mucho que manifestarse contra el Gobierno progresista incomode a los amantes del marisco, no les quedará más remedio si desean conservar su escasa credibilidad.

Ante esta situación, bien haríamos los españoles de a pie en no echar pestes sobre la protesta de los transportistas. Ciertamente, puede ser una gran faena que, en vísperas de Navidad, ahora los precios estén más caros que otros años o que resulte complicado encontrar determinados productos. Pero esos trabajadores no están organizando ninguna huelga por gusto, sino porque un ministro de infausto recuerdo les prometió una serie de condiciones y el actual Gobierno no está por la labor de hacerse responsable; también, porque las condiciones laborales del sector dejan mucho que desear desde hace tiempo. Por justicia social y por patriotismo, todos los españoles deberíamos estar de parte de los transportistas durante estas semanas. Quien no lo comprenda, que al menos tenga la decencia de no poner la bandera rojigualda en su perfil en las redes sociales.