No es la primera vez que Jordi Évole ofrece su programa en “La Sexta” a Arnaldo Otegi. Siempre para ponerse de alfombrilla de un criminal que fue condenado en 1989 por el secuestro del director de la fábrica Michelin de Vitoria, Luis Abaitua. Tras un largo historial de denuncias, condenas y absoluciones, en 2011, Otegi, junto a Díaz Usabiaga, fue condenado a diez años de prisión como dirigente de la banda terrorista. Ya por entonces el siniestro y soberbio gordito marxista, ahora gramsciano por puro utilitarismo y moda, se veía a sí mismo como “el Gerry Adams español”. Pero hete aquí que Otegi fue condenado con la accesoria de inhabilitación para cargo público hasta el año 2021. Una inhabilitación que pretende saltarse para presentarse a las elecciones vascas. Lo que sentaría ejemplo, dicho sea de paso, para todos aquellos condenados a quienes también se ha impuesto esta pena accesoria. Tanto da. Ya vimos con la denominada “doctrina Parot” cómo se ha puesto en libertad a violadores y asesinos en serie para encubrir la excarcelación de etarras.

Lo de Otegi, quien amenaza con aplastar el Estado español,  está en la hoja de ruta hoja del “proceso de paz” pactado entre ETA y el gobierno de Rodríguez Zapatero. De aquellos polvos, estos lodos.

Lo de Otegi, quien amenaza con aplastar el Estado español,  está en la hoja de ruta hoja del “proceso de paz” pactado entre ETA y el gobierno de Rodríguez Zapatero. De aquellos polvos, estos lodos.

 

Los de ETA, se ponga Évole como se ponga, son unos delincuentes que, como debió de aprender un sorprendido Pablo Iglesias en “El Hormiguero” cuando su público calló en el momento en que reivindicó medidas de gracia para los del tiro en la nuca y el coche bomba, cuenta con el desprecio de la gran mayoría de la sociedad española. Han sido demasiados los asesinados. Demasiado dolor. Demasiada coacción. Gran parte de los votantes de Podemos, que se nutre de la ira y la desafección del pueblo hacia las élites oligárquicas, no comparten la simpatía de Coleta Morada hacia los de Otegi. El programa en cuestión no fue más que otro intento de blanquear a un personaje repugnante y la justificación del crimen. Crímenes, por cierto, que Otegi no condenó en ningún momento.

Alfonso Sánchez, primer guardia civil que preside la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), asegura que los etarras no se van a salir con la suya.Las víctimas, a quien los españoles debemos “Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia”, harán cuanto esté en su mano y, como siempre han hecho, desde la legalidad y el respeto a la democracia, para evitar que el secuestrador acabe siendo Lehendakari de los vascos. Lo llevan claro. El régimen hace tiempo que decidió incluir en el consenso a la banda terrorista. Acaso por el papel jugado por ésta durante los ochenta y noventa para consolidar dicho consenso.  Un consenso en el que parece no tener cabida la derecha, la media España repudiada por todos. También por los de Rivera, que se han sumado, quizá inconscientemente, al pacto del Tinell.

 

La derecha, por su parte, anda estos días a tortazo limpio a causa de la presunta ambición de la vicepresidenta del gobierno de suceder a Rajoy. Algo a lo que se opondría frontalmente el Partido Popular, con la excepción, dicen, del andaluz Moreno Bonilla (me extraña) y el vasco Alfonso Alonso (me lo creo). Nada que sirva para ganar un Congreso que, por demás, se presume deberá ser abierto a la militancia. Tengo para mí que a Soraya Sáez de Santamaría le sucede lo mismo que le pasaba a Alberto Ruiz-Gallardón: que tiene el apoyo, casi veneración, de los medios, pero no el apoyo de los afiliados de su partido. Gallardón en su mejor época en los medios, cuando “El País” lo llamaba progresista, no hubiera ganado ni unas elecciones internas en su distrito madrileño. Otro tanto sucederá con Soraya, para quien la única opción es el dedazo deslegitimador de Rajoy. Y el gallego no está por la labor. Las operaciones-detenciones, por otra parte, sólo sirven para hacer daño al PP de cara a las elecciones de junio y poco más. Los partidos, Soraya que no te enteras, se mueven en otra clave. Cosas del Estado de Partidos.

 

PD. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, encarcelador de Mario Conde, Miguel Bernad y Luis Pineda en Soto del Real, ha sufrido un contratiempo, porque el sumario de la operación Nelson (Manos Limpias y Ausbanc) ha sido “reventado” al publicarse en los medios la existencia de la investigación días antes de las detenciones. Por otra parte, en España comienza a ser habitual ver en la prensa diligencias o partes de sumarios secretos. El secreto de sumario limita el derecho de defensa de los investigados, que acaban enterándose por la prensa y no por el juez, de qué se les acusa. Un escándalo en toda regla que pasa desapercibido en un país en donde Hacienda filtra datos fiscales de los ciudadanos, cuando no publica liberticidas listas de morosos.

Comienza a ser urgente legislar medidas duras contra las filtraciones. Y la solución,discrepo del brillante abogado José María de Pablo en este punto, no es cargar contra el mensajero, que hace su trabajo, y limitar el derecho de información, sino poner orden en los juzgados, la policía y en la agencia tributaria. Con durísimas sanciones.

 

PUBLICADO ORIGINALMENTE EN VOZPOPULI.COM