El artículo 155 de la Constitución Española ha servido para adoptar diversas medidas en Cataluña que afectaron, esencialmente, a la Generalitat y a su estructura. Algunas decisiones fueron muy protestadas por considerarse excesivas, pero otras han sido consideradas insuficientes.

 

Una de las cuestiones que rodea al control del Estado sobre la Administración autonómica catalana es la que se refiere a la enseñanza del español en las escuelas públicas catalanas. Las autoridades competentes en la educación de Cataluña llevan varios años ignorando sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en las que se determina la obligación de los entes competentes de impedir, conforme al artículo 3.1 de la Constitución, la exclusión del empleo del español en las escuelas de esa Comunidad Autónoma.

 

Debe destacarse que la Sentencia del Tribunal Constitucional 337/1994, de 23 de diciembre indica que “con independencia de la realidad y el peso social de cada una de ellas (STC 82/1986, fundamento jurídico 2º), el régimen de cooficialidad lingüística establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía presupone no sólo la coexistencia sino la convivencia de ambas lenguas cooficiales, para preservar el bilingüismo existente en aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con una lengua propia y que constituye, por sí mismo, una parte del patrimonio cultural al que se refiere el art. 3.3 C.E.”. Otra resolución del mismo órgano, la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, establece que el catalán debe ser lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña.

 

Algunas sentencias del Tribunal Supremo declararon la nulidad de preceptos reglamentarios por los que se regulaban el uso catalán como lengua vehicular en la enseñanza por no dejar la posibilidad de garantizar el empleo adecuado del español. Las mismas no llegaron a cumplirse efectivamente, pero ahora si que podría ejecutarse su contenido.

 

El Gobierno no debería desaprovechar la ocasión de resolver el problema lingüístico en la enseñanza catalana, que preocupa a muchos padres. La razón se encuentra en la Constitución, que reconoce el derecho fundamental a que los padres puedan elegir la enseñanza que se les debe impartir a sus hijos. Puede resultar complicado lograr el objetivo, pero, si se quiere, se ejecutaran las medidas necesarias para conseguirlo.