La élite de Bruselas se pliega a Soros y va a otorgar una participación cada vez mayor a las ONG en la configuración del “mecanismo del estado de derecho”, un mecanismo con el que la UE pretende chantajear a aquellos países que no se sometan al pensamiento único globalista. Según el último análisis de la Fundación Századvég, el poder de las organizaciones no gubernamentales en la toma de decisiones de la UE es cada vez más relevante y “significa abolir la soberanía popular”. Porque las ONG, como los burócratas de Bruselas, no son elegidos directamente por los europeos.

En el marco del mecanismo del estado de derecho, los principales órganos de la Unión Europea, es decir, la Comisión, el Parlamento y el Consejo, van a celebrar un diálogo anual sobre el estado de derecho con los parlamentos de los Estados miembros y la sociedad civil y otras partes interesadas. El objetivo de este proceso es fortalecer la cooperación interinstitucional y alentar a las instituciones de la UE a contribuir a ella, pero este proceso se basa en los “informes sobre el estado de derecho”, cuya elaboración está basada exclusivamente en ONG “independientes”.

Este proceso ya se estaba llevando a cabo, como pudimos ver en los informes sobre el estado de derecho presentados contra Hungría, el informe Sargentini, o Polonia, el informe López-Aguilar, o en los informes de 2020 y 2021. En estos informes, el papel de las ONG de la red Soros es fundamental. Por ejemplo, con respecto a la ley de protección de la infancia que ha enfrentado al gobierno húngaro con la Comisión, la ministra de Justicia Judit Varga señaló que “hay 60.000 ONG en Hungría, pero solo una docena de ellas pertenecen a esta red (Soros) y sólo ellas se opusieron a la ley. Esta es también una señal importante de que tienen una red muy buena en la Comisión y podemos verlo en el informe sobre el Estado de Derecho. Hay 23 ONG de este círculo que son fuentes de este informe y hay 60 referencias a sus hallazgos. La Comisión simplemente copio y pego sus informes sin ningún tipo de análisis posterior. Este no es un fenómeno exclusivo de Hungría, sino que también afecta a otros gobiernos conservadores, y en consecuencia la credibilidad de la Comisión está en entredicho”. 

Aunque para elaboración de estos informes también se consulta a miembros del gobierno y a ONG que no están financiadas por la Open Society Foundation, esto parece un mero trámite para simular que se escucha a todas las partes, porque los informes de Bruselas acaban estableciendo el nivel de democracia de un país en base en las opiniones de los políticos de la oposición y de las ONG financiadas por George Soros. Por supuesto, esto sólo ocurre con gobiernos conservadores y no contra los países que siguen obedientemente las políticas globalistas. Así vemos que se pretende condenar a Hungría por limitar los poderes de su Tribunal Constitucional, mientras que al mismo tiempo Bruselas quiere limitar los poderes del Tribunal Constitucional polaco.

Pero para muestra un botón, y el análisis de la Fundación presenta un resumen del segundo ciclo anual sobre el estado de derecho de la Comisión Europea en junio de 2021, publicado por la Human Rigths and Democracy Network (HRDN). La principal recomendación de la HRDN a la CE era que el ejecutivo de la UE mantuviera una relación genuina y significativa con la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos durante todo el ciclo, para brindarles la protección adecuada y los recursos directos. Hungría y Polonia merecen una “atención especial” porque están “desmantelando sistemática y continuamente el estado de derecho”. El documento acusa de homófobos a ambos países y afirma que la independencia y el funcionamiento de las ONG están cada vez más amenazados y sometidos a una gran presión.

Además del Open Society European Policy Institute, estas son las organizaciones de las que se nutre el documento elaborado para la Comisión y las subvenciones que han recibido de la Open Society Foundation:

Las ONG de Soros activas en Hungría también compilaron un análisis de la situación del estado de derecho para la Comisión. Lógicamente, su conclusión es la misma que la de la HRDN, lo que demuestra que todas funcionan desde una narrativa predeterminada y que ni siquiera se molestan en disimular. Estas son las ONG y sus subvenciones de la OSF:

  • Amnistía Internacional Hungría, 000$ en 2020.
  • Instituto Eötvös Károly, 220 millones de florines entre 2009 y 2018.
  • Sociedad para las Libertades Civiles (TASZ), 118$entre 2016 y 2020.
  • Comité de Helsinki de Hungría, 510.000$ en 2016, 2018 y 2019.
  • K-Monitor, 460$ en 2017, 2018 y 2020.
  • Mérték Media Analysis Workshop, 109 millones de florines húngaros 2009 y 2015.
  • Capital político, 869$en 2016, 2018 y 2019.
  • Transparencia Internacional Hungría, 107$ en 2019.

Estas organizaciones “imparciales” ya han participado activamente en la demonización del gobierno conservador húngaro y sus informes han sido utilizados en los procedimientos de infracción sobre el estado de derecho. Un informe del Comité de Helsinki de Hungría fue también el responsable de la salida de Frontex del país magiar. Por si este poder fuera poco, Bruselas pretende otorgar más poderes a las ONG. Dentro de la guerra particular de George Soros y la UE contra los estados nacionales soberanos, Bruselas quiere que la opinión de las ONG esté por encima de los políticos que han sido elegidos. El Tribunal de Justicia de la UE ha iniciado una consulta con las “partes interesadas” en el informe sobre el estado de derecho, cuyo período de participación se extiende del 1 de diciembre de 2021 al 24 de enero de 2022, con el objetivo principal de proporcionar a la Comisión información fáctica y basada en “pruebas” sobre la evolución global (UE) y específica de cada país. A la UE cada vez le preocupa menos disimular, y es más que obvio que esa información sólo servirá para seguir atacando y presionando a los gobiernos que rechacen la inmigración, la propaganda LGBTQ y el multiculturalismo, los objetivos declarados de la sociedad abierta que defiende George Soros.