El problema número uno de España es el antifranquismo de nuestros políticos del arco parlamentario. O su ambigüedad al respecto. Porque implica no aceptar la mano tendida que aquél régimen ofreció al futuro de nuestra sociedad para que siguiera caminando en progreso y concordia tras su final. Y porque, más allá, implica la ruptura consciente y culpable de la reconciliación conseguida por dicho régimen.

 

En lugar de todo ello, la Constitución del 78, vista cuarenta y tres años más tarde, viene a constatar la deslealtad y el afán de revancha, en origen y en permanente desarrollo desde entonces -de sus muñidores y de sus epígonos, y de la Corona que los acoge-, hacia quien escribió uno de los períodos más fructuosos de nuestra historia desde el siglo XVIII. Con el agravante de que todo ello ha llevado a nuestro país a sufrir unos momentos especialmente difíciles en los que no ya la altura de miras sino el sentido de Estado y la justicia han desaparecido.

 

Por el contrario, la desunión del país, su debilidad internacional y la entrega de su destino a los poderes globalistas por parte de unos mandatarios felones, revela la corrupción moral y política de los demócratas de la Transición, en contraste con la independencia y patriotismo del régimen franquista.

 

Quien pretenda justificar su antifranquismo aludiendo a que en este período histórico no hubo democracia, y de paso acepte la Transición por lo contrario, o es ingenuo o es falaz o es ignorante. Conviene no dejarse engañar. Aunque ese sea el significado literal del vocablo, la democracia nunca es, en la práctica, el gobierno del pueblo.

 

Nunca gobierna el pueblo, el poder siempre viene de -y se concentra en- las oligarquías. Eso de que los políticos son servidores de la ciudadanía queda muy bien a la hora de contar cuentos junto al brasero en las noches de invierno. Los políticos profesionales y, ahora, salvo pocas excepciones, todos lo son, se desviven por alcanzar el poder y mantenerse en él. Y díganme ustedes, amables lectores, quién es el guapo que se afana, máxime hasta el extremo en que lo hace esta casta, para dedicarse a servir.

 

La democracia, entre otras muchas cosas, exige libertad de sufragio y derecho de oposición. Ambas -como sus restantes atributos- están corrompidas en nuestra patria. Quienes debieran ser nuestros obedientes funcionarios, son nuestros carceleros, que nos imponen trágalas continuas. Ni nos sirven ni nos dejan la posibilidad de controlarlos, porque han robado al pueblo los medios de vigilancia obligados en una genuina democracia. Debieran estar comprometidos a buscar el bien común y la justicia, en efecto, pero respóndanse las personas prudentes si esto es así. Y si no lo es, respóndanse así mismo, si están mínimamente controlados o si cometen o no sus múltiples fechorías en la más absoluta impunidad.

 

Es evidente que, entre otras muchas barbaridades, el frentepopulismo y sus cómplices -que se nombran a sí mismos democráticos- pretenden impedir que accedan a la gobernación aquellos españoles (VOX, sobre todo) a los que no han dado patente de buenos ciudadanos. Es decir, borrar la alternancia en el poder, negar la democracia que pregonan ellos mismos, conspicuos antifranquistas.

 

Sus insistentes actuaciones para impedir a sus opositores el acceso al poder, equivalen a una declaración de desprecio, si no de guerra, contra media España, colocando a los ciudadanos excluidos en la disyuntiva de someterse al despotismo cada vez más humillante de los falsarios o rebelarse. Asombra comprobar cómo noventa años después la historia se repite y estos matones incapaces y resentidos vuelven a violentar la convivencia criminalizando y excluyendo a quienes no comulgan con sus atropellos.

 

Creer que este envite totalitario tiene solución templando gaitas es un error y una falacia. Esto no se arregla con tactismos políticos, y VOX no puede permanecer inexpresivo. A cualquier español de espíritu libre le ha de resultar extraña la política de su país durante la Transición y, en consecuencia, debiera resultarle imperioso tratar de modificarla y perseguir a los delincuentes que degradan su historia, abominan de sus símbolos y embrutecen y traicionan a lo que el pueblo soberano representa.

 

Si la sociedad española no entiende o no quiere entender el tramposo sentido que tienen para los hispanicidas las palabras «paz», «democracia», «libertad», «diálogo», etc. y no ha tomado la inmediata decisión de desenmascararlos, ha corrido el riesgo de verse atrapada y sin salida en la jaula de su resentimiento. ¿Qué valor tienen así, sin voz popular crítica, las elecciones? Antes, con Franco, había un pueblo ilusionado y en progreso sin elecciones cuatrienales; ahora, con la democracia, hay comicios cuatrienales sin pueblo y sin esperanza. O VOX se erige en el revulsivo regenerador, sin demagogia populista, antes bien, responsabilizando al pueblo en la tarea, o España seguirá sin cicatrizar la herida del odio frentepopulista y democrático.

 

Además de saber defenderse a sí mismo, VOX debiera saber defender el Estado de derecho y a quienes lo enaltecieron en el pasado y, así mismo, a quienes lo han considerado su referente político. VOX, que es la única solución visible y realista para la España de hoy, a corto/medio plazo, debe ser apoyado. Pero el apoyo no excluye la vigilancia y la crítica leal, porque el poder, cualquier clase de poder, aunque como en este caso no sea principal, siempre debe ser puesto bajo sospecha.