Mariano Rajoy afirmó en el debate que protagonizó con Pedro Sánchez el pasado día 14 de diciembre, que el Gobierno, en la anterior legislatura, ha hecho un gran esfuerzo en la creación de plazas para jueces en los últimos 25 años. El problema es que ese dato no es cierto.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente acusaron a Mariano Rajoy de “mentir” durante el debate en lo que a la materia judicial se refiere. Además, Joaquím Bosch ha protestado de un modo bastante contundente por la falsedad de las declaraciones del presidente del Gobierno.

Objetivamente, es cierto que Mariano Rajoy no ha dicho la verdad en lo que se refiere a las plazas de jueces. Se han ofertado menos plazas para jueces en esta legislatura que en la anterior y, si se tiene presente que el Ministerio de Justicia prescindió de 1200 magistrados suplentes y jueces sustitutos, puede pensarse fácilmente que, en los últimos cuatro años, se ha hecho lo contrario de lo que se indicó en el debate por el candidato del PP.

Es posible que sea correcto afirmar que Mariano Rajoy no dijo la verdad. Sin embargo, es cierto que hay que estudiar las causas de la afirmación del dirigente. Hay dos opciones alternativas:

  • - Es posible que el presidente del Gobierno supiera la verdad sobre las escasas plazas de jueces ofertadas y que decidiera mentir directamente.
  • - También es posible que Mariano Rajoy desconociera la situación real sobre la oferta de plazas de jueces en la presente legislatura y que se limitara a reproducir lo que le dijo un asesor.

Hay que destacar que puede que el presidente del Gobierno haya provocado la unión de la cuatro asociaciones judiciales, que, por primera vez en varios años, han presentado un programa conjunto para avisar a la sociedad y a los partidos políticos sobre la necesidad de lograr grandes cambios en la Administración de Justicia. El contenido del mensaje expuesto debería servir para impulsar una nueva etapa en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, aunque el artículo 9.2 de la Constitución Española señala que “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”, los principales componentes de las grandes formaciones políticas no han demostrado que les interese conseguir que elementos esenciales en el Estado de Derecho, como la eficacia del Derecho Penal o el adecuado ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, puedan ser garantizados correctamente.