El 23 de febrero de 1983, a las 23.40 el periodista Eduardo Sotillos, portavoz del gobierno socialista de Felipe González, interrumpió el telediario para anunciar la expropiación del grupo empresarial Rumasa, en manos de José María Ruiz Mateos. “El gobierno- dijo-, con objeto de garantizar plenamente los depósitos de los bancos, los puestos de trabajo y los derechos patrimoniales de terceros que considera gravemente amenazados, ha aprobado un Real Decreto-Ley de expropiación de los bancos y otras sociedades del grupo Rumasa. Las razones de esta decisión del Consejo de Ministros entran de lleno en las consideraciones de utilidad pública e interés social previstas en el artículo 33 de la Constitución. Con esta medida, el Patrimonio del Estado se hace cargo de las entidades, asegurando así, absolutamente, los derechos de los depositarios y de los empleados”

De este modo se inauguraba el despotismo gubernamental por Decreto, la arbitrariedad procedimental y el ataque a la propiedad privada. La alcaldada socialista se convertía en abuso declarado y el decreto ley en guillotina de las libertades básicas.

Los socialistas antaño vestidos de pana y camisas labriegas remangadas, renunciaron al marxismo en 1979, y llegados al poder con mayoría absoluta en 1982, necesitaban darse el barniz comunista con que enardecer a sus huestes radicales y blanquear sus primeras corrupciones morales y económicas.

A partir de 1983 el socialismo que prometía 800.000 puestos de trabajo llenaría millones de hogares con desesperanza al expoliar empresas estatales viables legadas por el franquismo –la llamada “reconversión”- , y al aprobar una reforma laboral de 1984 que introducía y generalizaba los contratos temporales y precarios en nuestro país. El PSOE se convertía en “capo” del capitalismo internacional de amiguetes al que entregaba el patrimonio industrial español cercenando la dignidad de los obreros y sus derechos. Para disimularse ante semejante canallada necesitaba ejecutar una magnánima empresa de latrocinio y expolio contra la libre empresa que le diera el más puro barniz comunista y que fuera vendida mediática y políticamente como la campaña “Robin Hood” del socialismo redentor. Rumasa iba a ser pasto del robo del PSOE.  

Para más inri, la confiscación de Rumasa beneficiaría a las grandes oligarquías empresariales y bancarias de entonces –el IBEX de la época-. Se quitarían de en medio a un tipo peligroso como Ruiz Mateos, considerado un advenedizo y un intruso y se repartirían sus bancos. Rumasa sería la pieza de caza del socialismo y de las élites.

En 1983, el jerezano José María Ruiz Mateos era sin lugar a dudas el empresario más importante y prestigioso de España. Su grupo bancario (compuesto por 17 entidades de distinto tamaño) ocupaba el séptimo lugar del ranking financiero. Del holding Rumasa dependían, además, unas 700 empresas que daban empleo a más de 50.000 trabajadores. Meses antes de la expropiación, Rumasa compró Galerias Preciados al Banco Urquijo, con el objetivo de competir con el Corte Inglés. El empresario jerezano era no sólo de vocación, sino de devoción.

Además de su enorme fuerza como empresario, Ruiz Mateos era famoso por su catolicismo indisimulado unido al Opus Dei y por sus opiniones políticas situadas en la derecha desacomplejada y franquista.

Para el PSOE, Ruiz Mateos era el arquetipo de empresario franquista y que podía utilizar su enorme influencia para tumbar un Gobierno de izquierda. Lo temían. Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda y persona que influyó en Felipe González durante los primeros años del Gobierno del PSOE, conocía desde antes del 28 de octubre de 1982 –día de la victoria electoral socialista-, la forma de hacer negocios de Ruiz Mateos. La Tribuna Vasca, diario próximo al PSOE, publicó a principios de febrero de 1983 informaciones sobre supuestas dificultades de algunos bancos de Rumasa y de agujeros en sus cuentas de resultados, proponiendo de forma tácita la intervención del gobierno socialista.

Miguel Boyer, a preguntas de los periodistas sobre el tema Rumasa, dio una respuesta tajante y precisa: estaba dispuesto a conocer su verdadera situación y adoptaría las medidas que fuesen necesarias en el caso de que su presidente se negara a admitir a los auditores de “Arthur Andersen”. La amenaza fue absoluta. Ruiz Mateos no tardó en responder diciendo que la situación del grupo era de liquidez, y que su facturación en 1982 había sido de 340.000 millones de pesetas, y añadió: “Deseo reiterar la absoluta disposición del grupo a colaborar decididamente con el Gobierno de la nación…”. Solicitó reunirse con Felipe González pero la entrevista le fue denegada.

El día 21 de febrero Boyer se reunió durante cuatro horas con el presidente de Rumasa. El objetivo del gobierno era que las dos partes emitieran un comunicado oficial compuesto por dos partes. En la primera, Rumasa debía manifestar su voluntad de facilitar el proceso auditor en marcha. En la segunda, Ruiz Mateos debía autorizar a Arhur Andersen, auditoria del holding, a comunicar al Banco de España los resultados de la auditoria. Ruiz Mateos no tenía problema, siempre que en este diálogo y en todo el proceso estuviera presente la firma auditada, Rumasa. Boyer se negó. Al día siguiente Ruiz Mateos afirmó haber recibido una agresión sin precedentes y que el grupo no necesitaba dinero del Estado, ni lo había pedido. El gobierno por tanto, estaba mintiendo. Al día siguiente se produjo la expropiación.

El día 24 Boyer comunicó los resultados supuestos de Rumasa y la larga lista de bancos y empresas del grupo, situando a muchas de ellas “en crisis” o simples sociedades fantasmas. Calificó como “agónica” la situación del holding, y cifró en 5000 millones de pesetas su patrimonio (frente a los 116.000 de los que habló Ruiz Mateos).

La lista del ministro era incompleta y falsaria. Se habló de la expropiación de 400 sociedades, que luego crecieron hasta las 700. Incluso, en la relación de empresas expropiadas a Rumasa aparecían algunas que no pertenecían al holding como fue el caso de Roca o Túneles Tibidabo, que se devolvieron a sus propietarios en el plazo de pocos días.  

Boyer no sabía nada de nada y cometió una inmoralidad chapucera y siniestra cargada de mentiras. Se expropió Rumasa sin ningún dato real, sólo con sospechas y a ciegas. La única mínima justificación contra Ruiz Mateos había sido un dictamen del Bando de España de diciembre de 1978 –cinco años antes- donde se dijo que el grupo empresarial estaba utilizando a sus bancos para financiarse y que el riesgo podría ser grande para su solvencia. En los años 1979-80-81 y 82, el Banco de España insistió en exigir a los bancos de Ruiz Mateos auditorías pretextando la excesiva concentración de créditos. En 1980 los bancos de Rumasa contestaron al Banco de España que habían acordado con la auditora Arthur Andersen confeccionar un dictamen profesional sobre el balance contable de las entidades. El Gobierno socialista llegado al poder en 1982 se metió en medio y no cejó en extorsionar a Ruiz Mateos y en interferir en su libertad empresarial. El jerezano no cedió al gobierno cuando atisbó que su intención era sí o sí, expropiarle sus empresas utilizando una coartada. La expropiación, finalmente, se produjo.

La expropiación no fue una operación económica ni de interés social, sino puramente política, chapucera y antijurídica. Fraga Iribarne de Alianza Popular dijo que el gobierno había actuado “manu militari”. El decreto ley había sido utilizado de forma torticera y fraudulenta para expropiar una propiedad privada y cercenar un derecho fundamental. Era el pistoletazo de salida para el abusivo despotismo gubernamental de sátrapas como Pedro Sánchez, que harían uso de esta figura jurídica para  profanar el cadáver de un difunto con la exhumación de Francisco Franco.

Boyer aseguró que habría generosidad en el justiprecio. No hubo indemnización de ningún tipo.

30 crisis bancarias se produjeron desde la intervención del Banco de Navarra en 1978. Constaban las grandes dificultades de Banca catalana y del Banco Urquijo. Hoy sabemos –y entonces también sabían- quién saqueaba a la Banca catalana, y que era el clan nacionalista de CiU y Pujol. Pero Ruiz Mateos fue la exquisita pieza a batir, el chivo expiatorio.

Los banqueros más ortodoxos estaban preocupados por el fulgurante crecimiento del “holding de la abeja”. Su política de captación de clientes, basada en la ambición, el pago de extratipos y en la extensión sin medida de su red de oficinas, molestaba a los siete grandes, quienes consideraban a Ruiz Mateos como un peligroso rival.

Rumasa utilizó los recursos de sus bancos como caja para la compra de empresas, generalmente en situación próxima a la suspensión de pagos, con grandes plantillas, y mal gestionadas. Operación legal y audaz.

La expropiación se valoró por parte del gobierno como una medida política para alegrar a la militancia socialista y a los sindicatos y como forma de disimular lacras tales como el ataque a los derechos de los trabajadores con la reforma laboral de 1984, el paro o la destrucción industrial.

Los grandes banqueros no sólo no se opusieron a la medida expropiadora, sino que la aplaudieron y colaboraron en la reprivatización del grupo bancario de Rumasa; esto es, se repartieron sus bancos. Desde Rafael Termes, entonces presidente de la AEB, a Emilio Botín padre, los grandes banqueros vieron en la expropiación un satisfacción para sus ambiciones oligárquicas y empresariales.

Alianza Popular fue tan tibia en sus ataques al gobierno socialista que apenas hizo oposición contra la expropiación de Rumasa. De hecho se posicionó no contra la expropiación en sí misma, sino contra “la forma”.

Ruiz Mateos abandonó España, imputado penalmente y perseguido políticamente. Alianza Popular, por la mieditis crónica de la derecha española a dar alguna batalla, no hizo de la confiscación de Rumasa un fortín de lucha contra el gobierno. La derecha renunció a defender el derecho a la propiedad privada.

En diciembre de 1983 el Tribunal Constitucional, presidido por Manuel García Pelayo, de 73 años y excombatiente del Ejército republicano, aprobó la constitucionalidad de la medida por el voto de calidad de su presidente. El presidente del órgano, de tendencias izquierdistas, fue acusado por muchos de sus amigos de pensar como “hombre de Estado” más que como jurista. Una sentencia contraria hubiera significado la caída del gobierno. Con su voto de calidad y ante el empate, salvó al gobierno socialista. La sentencia, cómo no, se filtró al periódico El Pais. La cuestión de inconstitucionalidad se planteó por la Audiencia provincial de Madrid en 1989, y tuvo su origen en la diversidad de criterios con que actuaban la Sala Primera y Segunda de la Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mientras la Sala Segunda concedió a Ruiz Mateos el derecho de reversión sobre varias empresas expropiadas (Fisis, Atlas, Banco del Norte, Banco de Toledo, Banco Atlántico…), la Sala Primera le denegó otras reversiones (Castellblanch, Galerias Preciados…)
El 18 de enero de 1991, el Constitucional rechazó todas las dudas sobre la legalidad de la expropiación. El 23 de julio de 1993 el Tribunal de Estrasburgo falló por 22 votos contra 2 que había habido violación en cuanto a la duración del proceso y resolvió por 18 votos contra 6 que había habido violación en cuanto al carácter equitativo de los procesos seguidos en el Tribunal Constitucional.

Ruiz Mateos pidió un juicio en España, pendiente desde que el 18 de febrero de 1991 el Parlamento europeo levantase su inmunidad como eurodiputado. Finalmente fue fijado para el 25 de noviembre de 1996 en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Aunque Ruiz Mateos fue procesado en 1983 por delitos monetarios, estafa y falsedad, el levantamiento de la inmunidad afectó sólo a estos dos últimos.

La reprivatización de las empresas expropiadas fue un desastre y un pasteleo de corrupciones. El gobierno no aseguró el trabajo de los empleados y las empresas fueron malvendidas. El grupo venezolano Cisneros, amiguísimo de Felipe González, adquirió Galerias Preciados por 750 millones de pesetas y la revendió, posteriormente, en 30.000 millones. Tampoco fue ejemplar la venta de los pequeños bancos de Rumasa; su perla, el Atlántico fue a un grupo árabe que no impulsó los activos de la entidad. La venta de las bodegas –cavas y vinos-; la de de la finca “La Almoraima” (mayor latifundio de Europa); o la de los hoteles, fueron un verdadero desastre. Ni se mantuvieron empleos ni plantillas. La corrupción rebosaba y el capitalismo de amiguetes que creó el felipismo se repartía el imperio de Ruiz Mateos.

No fue hasta 1988 cuando el Tribunal de Cuentas realizó una estimación sobre el coste de la “operación Rumasa”. Según el Alto tribunal, el Estado utilizó más de 650.000 millones de pesetas en la expropiación y posterior reprivatización. Posteriormente, esta cifra fue elevada a 750.000 millones de pesetas por los propios gestores de la expropiada Rumasa. Por su parte, Ruiz Mateos estimó en más de 1 billón el coste total para el Estado y solicitó una indemnización ante el Tribunal de Estrasburgo de 2 billones de pesetas.

La garantía  de la continuidad de las empresas que sirvió de base para utilizar el decreto-ley de expropiación no sirvió para nada y fue lisa y llanamente la mentira para validar una arbitrariedad propia de república bananera comunista.

Es posible que Rumasa tuviese problemas financieros. Es posible que estuviese en quiebra. Pero en un sistema no comunista y de libertad, el Estado no debe inmiscuirse en la suerte que, en el ejercicio de su actividad, corren las empresas mercantiles y las personas relacionadas con ellas. Es decir, que si una empresa sobresee sus obligaciones, suspende pagos; y si del balance de la suspensión se deduce que el pasivo es superior al activo, y los accionistas no reponen el déficit patrimonial, la empresa quiebra. Lo único que tiene que hacer el Estado es tener dispuesta la pertinente ley concursal para que todo el mundo conozca las reglas del juego y para que las mismas se apliquen de forma ordenada. Así pues, a la luz de la lógica de la libertad económica el Estado debería haber dejado quebrar a Rumasa en caso que fuera verdad que era insolvente y no lanzarse al intervencionismo y la expropiación.

El socialismo rindió tributo a sus “100 años de honradez” y volvió a robar la propiedad privada, a la vez que satisfacía a las oligarquías empresariales y financieras del capitalismo de amiguetes que vio como Felipe González abandonaba la pana y hacía de los “poderosos” sus amigos, sus aliados y sus matones a sueldo.

Hoy, en 2020, son las principales empresas del IBEX y los grandes bancos, sostenedores del grupo mediático PRISA y del PSOE, los que jalonan a un gobierno social-comunista liberticida, antiespañol y decidido a culminar la ingeniería social perversa. Hoy como ayer, las élites poderosas, bancarias y mercantiles, rodean a un gobierno criminal que convierte en paria de sus deseos y canalladas a cualquiera que se cruce en su camino totalitario o le sirva de carnaza como le sirvió en 1983 un incómodo empresario llamado José María Ruiz Mateos.