No les voy a cansar repitiendo lo que supone la reforma del CGPJ que pretende el gobierno social-comunista.  ¿Ustedes saben a quién se nombró Fiscal General del Estado? Pues eso es exactamente lo que pretenden con los vocales del CGPJ. Colocar sayones obedientes a los intereses del partido para que a su vez controlen la composición de los altos Tribunales del Estado y así lograr que administren justicia a la medida del gobierno.

Bien es cierto que tanto PP como PSOE, ya desde el gobierno como desde la oposición, han venido colocando a sus peones judiciales, en ese chalaneo judicial que se ha conocido popularmente como “reparto de cromos”. En vez de centrase en el mérito, capacidad y experiencia del jurista nombrado, ha primado siempre su orientación ideológica y los contactos que el candidato tenía con el mundo de la política.

El CGPJ que introduce la Constitución de 1978 está inspirado en el modelo italiano y teóricamente debería haber servido para eliminar la tóxica influencia de la política en el poder judicial. Naturalmente el Estado de partidos español pronto invirtió y utilizó el CGPJ justo para lo contrario de lo que fue creado. El PSOE de Felipe González en 1983 reformó la Ley Orgánica del Poder judicial para que fuesen los partidos quienes nombrasen directamente a los vocales del CGPJ. Desde entonces el órgano de gobierno de los jueces ha desempeñado un papel lamentable, aparte de no encarnar la independencia como valor, tampoco se ha preocupado de asegurarla en los nombramientos que dependían del mismo, guiándose las más de las veces por inclinaciones políticas o amiguismo.

Ahora Pedro Sánchez va más allá, al pretender rebajar de la mayoría de 3/5 a la mayoría absoluta de Congreso y Senado para efectuar los nombramientos. Es decir, eliminar a la oposición del proceso de designación, consiguiendo así que los jueces se comporten como comisarios o mandatarios del gobierno. No hay que ser jurista para saber que tal proposición es inconstitucional, basta saber leer. El art. 122.3 de la Constitución exige esa mayoría de 3/5 que no se puede rebajar sin reformar la propia Constitución. 

En 2018 los miembros de la carrea judicial y fiscal fueron a la huelga. Pedían más medios y mejores condiciones laborales, “para mejorar la Justicia”, devolver a sus profesionales “el nivel salarial de antes de la crisis, crear órganos judiciales, modernizar y dotar los medios materiales” necesarios o “incrementar la autonomía” del Ministerio Fiscal.

En el Estado de Derecho, la jurisdicción es la más caracterizada función de garantía del ciudadano frente a la arbitrariedad del poder. Es evidente que esa garantía esta hoy en peligro como nunca lo ha estado, nos jugamos algo bastante más importe que los adecuados medios materiales de la administración de justicia o los salarios dignos de sus profesionales.

El pueblo español agradecería a sus jueces y fiscales una férrea defensa de su independencia. Una movilización de los miembros de la judicatura en contra de la reforma que pretende el gobierno social-comunista colocaría en serios apuros a Pedro y Pablo, además de exhibir ante el Europa y el mundo la deriva totalitaria de este gobierno. Una evidencia que sacaría los colores a la Comisión Europea  si no interviene en España igual que hizo con Polonia a raíz de su reforma judicial.

Las asociaciones judiciales llevan mucho tiempo participando del lamentable intercambio de cromos entre partidos en el Poder Judicial. La Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Francisco de Vitoria, ya se han pronunciado en contra de la reforma proyectada, de momento nada más. Ni una mala palabra, ni una buena acción. En cuanto a Jueces por la Democracia, ya sabemos que nunca irán en contra de PSOE y Podemos.

“Cada pueblo tiene el gobierno que se merece”, dicho, según unos, de Joseph de Maistre, y según otros, de Sto Tomás de Aquino. A lo mejor, no sólo los españoles nos hemos ganado a pulso este ejecutivo y los jueces también tienen el órgano de gobierno interno que se merecen.