La noticia del veintisiete de julio último relativa a que Moncloa y su gobierno capital-comunista asumen la política lingüística del gobierno catalán reforzando el catalán, mediante acuerdo obtenido en la denominada mesa de diálogo, me ha llevado a recordar a Unamuno, nuevamente.

Unamuno fue diputado en el primer año de la II República, y tuvo una intervención -ya olvidada- en la redacción de la Constitución, y de manera especial, con relación al siguiente artículo: El castellano es el idioma oficial de la República, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconocen a las diferentes provincias o regiones. Unamuno hizo una enmienda a este artículo proponiendo la siguiente redacción: El español es el idioma oficial de la República. Todo ciudadano español tiene el deber de saberlo y el derecho de hablarlo. En cada región se podrá declarar cooficial la lengua de la mayoría de sus habitantes. A nadie se podrá imponer, sin embargo, el uso de ninguna lengua regional. En la comparación se cambia el término castellano por el de español, pues para Unamuno eran sinónimos, tal y como fuera estudiado por Amado Alonso en su libro Castellano, Español, Idioma nacional. Lo pretendido por Unamuno no era otra cosa que impedir que ninguna región pudiera imponer el uso de su lengua, no solo a los habitantes de otras regiones, sino a los mismos de ella, por lo que todo gallego, vasco o catalán, tenía derecho a que no se le impusiera la lengua regional.  

Siendo tan razonable el deseo de Unamuno, el artículo 3º de la Constitución de 1978 hace uso del término castellano como lengua oficial dentro del Estado español, y eleva las distintas lenguas regionales a la misma posición oficial que aquél, sin que se incluya la prohibición de imponer el uso de ninguna lengua regional, con lo que llegamos a la paradoja de que las distintas lenguas regionales vienen imponiéndose a propios y extraños, no ya solo con detrimento de la lengua española, sino eliminando algo tan fundamental como es la libertad de elegir.

Lo preocupante es que siendo que todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua castellana,  no exista el medio que imponga el cumplimiento de dicha obligación en las taifas que se han creado en territorio patrio a partir de 1978. Y no puede haber remedio cuando es el propio gobierno español el que cede su prerrogativa a favor de un gobierno regional que tiraniza a los suyos propios con la imposición de una lengua regional que debería estar desterrada de todo ámbito de uso administrativo, cuando aún hoy, el gallego, vasco y catalán no son de uso de la mayoría de los gallegos, vascos y catalanes. Cuando los campesinos vascos rechazaban el castellano porque era el vehículo del liberalismo, tenemos, hoy día, a los señoritos de la mesa del diálogo que, llenando sus bocas con la palabra democracia, anulan la libertad de la que deberían gozar los ciudadanos.

Unamuno escribió un artículo en 1911, titulado Sobre el imperialismo catalán, en el que reconocía que Castilla ha dado no ya a España, sino a más de veinte naciones su lengua, la lengua española, que es hoy una lengua internacional, y por eso quería -con toda su alma de español- que los vascos trataran de vasconizar a España y que trataran de catalanizarla los catalanes, pero unos y otros en castellano, porque vasconizar a España en vascuence era imponer una lengua agónica, y catalanizarla en catalán era imponer una lengua destinada a morir mucho antes que el castellano.

Terminaba Unamuno con un deseo, que los vascos y catalanes trataran de imponer su ideal de vida civil, pero en castellano, en lengua hispanoamericana, pues solo en castellano acabarán gallegos, vascos y catalanes, por cobrar entera y perfecta conciencia de sí mismos, y cuando todos ellos tengan como lengua propia el castellano, descubrirán lo más hondo y recóndito de sus entrañas.

El gobierno Sánchez camina hacia atrás. En vez de reforzar la lengua castellana se achica ante los feudalismos gallego, vasco y catalán, olvidando que todos los nombres espirituales de vascuence son de origen latino, y que el catalán enmudeció desde el siglo XV para resurgir a nivel municipal a partir de finales del XIX, con lo que pasamos de lo general a lo particular, de lo común a lo individual, y cuando el diálogo solo existe como solución para una parte, y es imposición para la otra.

Los gallegos, vascos y catalanes tienen derecho a usar de su propia lengua, pero no a imponerla, ni a los propios ni a los que no hemos nacido en dichas regiones. A los propios porque representa una tiranía vergonzante, a los demás españoles -a través de la exigencia para un trabajo el de conocer la lengua regional- una exclusión no ya humillante, sino discriminadora. Los de la mesa de diálogo se han retratado incumpliendo una igualdad que invoca el artículo 14 de su Constitución, y los del gobierno ahondando en la traición no reforzando el castellano en Cataluña, en definitiva haciendo la unión de España.