“El Estado húngaro tiene el deber de impedir las violaciones graves de la identidad de las personas, incluso si dichas violaciones proceden de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o de deficiencias en el ejercicio del poder de la UE”, escribe el primer ministro Viktor Orbán en su último artículo llamado Samisdat nº 15 (un terminó que evoca la literatura prohibida bajo el régimen comunista y que se distribuía en secreto), publicado en la página web del primer ministro y que publicamos íntegramente.

Contraviniendo las disposiciones de la Ley Fundamental de Hungría, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que Hungría debe dejar entrar en su territorio a los migrantes a los que, hasta ahora, la valla y los guardias fronterizos húngaros han impedido la entrada.

Nuestros guardias fronterizos no han dejado entrar a los migrantes. A los que han conseguido entrar ilegalmente no se les ha permitido permanecer en territorio húngaro. Los que quieren solicitar asilo han tenido que presentar sus solicitudes fuera del territorio de Hungría.

El gobierno húngaro se dirigió al Tribunal Constitucional de Hungría con esta pregunta: ¿Qué tenemos que hacer ahora?

El Tribunal Constitucional emitió tres sentencias.

  1. Confirmó que el Gobierno debe defender nuestra identidad constitucional, aunque esto vaya en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
  2. Afirmó que si las instituciones de la UE no ejercen eficazmente las competencias compartidas, las autoridades húngaras pueden ejercerlas
  3. Afirmó que la relación entre la migración y la dignidad humana debe examinarse también desde la perspectiva de la población histórica existente en el país

Se trata de una sentencia de importancia histórica.

No es una lectura fácil. En su núcleo se encuentra el ser humano y la dignidad humana, algo poco frecuente en la Europa actual.

En su defensa de la dignidad humana, los tribunales internacionales han seguido el mismo camino que las sociedades europeas progresistas en general. Han desarraigado al individuo de sus comunidades naturales nacionales, lingüísticas, culturales, familiares y religiosas. Niegan que la pertenencia a dichas comunidades forme parte de la identidad de la persona y, por tanto, sea un elemento constitutivo de la dignidad humana. Niegan que esto justifique la protección dentro de los derechos fundamentales. Hoy en día sólo ven a los individuos como personas sin atributos: pueden vivir en cualquier lugar, hablar cualquier lengua o rezar a cualquier dios.

Las comunidades tradicionales han quedado totalmente indefensas: no sólo se les opone el progresismo político, sino también la ley. Hoy los europeos no tienen derecho a decidir con quién quieren vivir en su propio país, incluso cuando la inmigración masiva conduce a la desintegración de las comunidades tradicionales que constituyen la base de sus propias identidades como individuos. En definitiva, en términos de derechos fundamentales, los europeos no tienen hoy derecho a su país, su lengua, su cultura, su familia y su Dios.

La decisión del Tribunal Constitucional de Hungría se posiciona en contra. Toma un sistema de derechos humanos trastocado y lo vuelve a poner en pie. Es bajo esta luz que debemos leer lo que la decisión dice sobre los poderes de la Unión Europea y la soberanía de Hungría. El Estado húngaro tiene el deber de impedir las violaciones graves de la identidad de las personas, incluso si dichas violaciones provienen de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o de deficiencias en el ejercicio del poder de la UE. No se debe permitir que el entorno social tradicional de las personas que viven en Hungría cambie sin un mandato democrático y sin la supervisión del Estado.

Una patria sólo existe donde también existen derechos y, según el Tribunal Constitucional de Hungría, los húngaros tienen derecho a su propia patria.