Algunas noticias recientes sobre las sanciones pecuniarias impuestas en muchos casos por las Administraciones Públicas sirven para ver claramente el sentido de las multas. Hay buenos ejemplos, como el de la huelga de celo realizada hasta hace algunos días por la Policía Local en Vitoria, que ha aplicado la normativa sancionadora de manera estricta. El resultado es que se han impuesto 14000 multas con las que se han recaudado 600000 en cuatro meses, que se van a invertir, teóricamente, en un plan para mejorar la seguridad vial de la ciudad y atender a las solicitudes vecinales que hace tiempo tenemos sobre esa cuestión.

 

Hace algunos años, un cabo de la Guardia Civil confesó, en un programa de radio al que asistió para hacer algunas declaraciones, que había un par de agentes que estaban sufriendo una persecución y acoso por sus mandos, que se dedicaron a presionar de forma constante para que se aumentara el número de denuncias. El agente fue sancionado, pero la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia para declarar la nulidad del castigo por vulnerar el derecho a la libertad de expresión del sujeto afectado.

La cuestión que debe tenerse presente es la relativa a la finalidad de las sanciones pecuniarias impuestas mediante resoluciones de procedimientos administrativos sancionadores. Sin embargo, atendiendo a los hechos y a numerosos casos que han servido para conocer información relevante, la finalidad principal de las multas parece estar claramente marcada y no es precisamente la más adecuada para los ciudadanos.

 

Si se quiere recaudar más dinero, hay que establecer un sistema tributario eficiente cuya aplicación sea óptima. Lo que no se debe hacer es pretender obtener ingresos para las Administraciones Públicas mediante un aprovechamiento cuestionable de las sanciones pecuniarias, aunque esos ingresos vayan a ser correctamente utilizados, ya que la finalidad de las multas administrativas debe ser castigar por la comisión de infracciones administrativas cuya realización suponga la imposición de una sanción.

Cualquier multa que se imponga indebidamente debe ser impugnada. Es cierto que los procesos judiciales contencioso-administrativos no son rápidos y que pueden resultar costosos, pero los ciudadanos deben obrar consecuentemente para evitar abusos cometidos por las Administraciones Públicas, que deben obrar para servir a los intereses generales ajustando sus actuaciones al ordenamiento jurídico.