Absurda polémica la que se ha organizado por las banderas que los diputados no adscritos del Parlamento de Andalucía hemos colocado en los espacios comunes que nos han habilitado para poder trabajar. En lugar de ponerse el foco en la anomalía que supone que un numeroso grupo de diputados no disponga de los elementos mínimos para desarrollar su trabajo, toda vez que los recursos materiales y los despachos de uso privativo son solo para los grupos parlamentarios, la polémica se centra en el color de las banderas con las que cada uno se identifica. En vez de criticarse el secuestro de la democracia que hace la partitocracia a través de los grupos parlamentarios se cuestiona el pluralismo político y el derecho que cada uno tiene a mostrar los colores que le representan.

En mi caso, las banderas que he colgado son dos. La roja y gualda de España y la roja y negra de Falange, partido cuyas propuestas defiendo. Sobre la bandera nacional debería sobrar cualquier explicación. Es el símbolo que nos representa a todos los españoles. Aquel que besamos los que hacemos el juramento de defender la unidad, soberanía e integridad de la Patria estando dispuestos, si es preciso, a derramar hasta la última gota de nuestra sangre por defenderla. Ojalá las instituciones fomentasen el respeto a la bandera nacional con el mismo celo que el Parlamento de Andalucía ha puesto en que se retire de los despachos comunes.

Sobre la bandera de Falange, en cambio, es necesario responder a algunas falsedades que se han vertido en estos días. Se ha deslizado la idea de que es una bandera afectada por las leyes de memoria histórica y, en ese sentido, ilegal. Nada más lejos de la realidad. Es la bandera de un partido político legal, registrado en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior desde 1976, que concurre habitualmente a las elecciones y que ha ejercido con responsabilidad y respeto a la legalidad los cargos que ha obtenido. Una bandera, en cualquier caso, mucho más legítima, por ejemplo, que la de los partidos condenados por corrupción. Mucho más, desde luego, que las de aquellos partidos con dirigentes condenados por organizar una banda terrorista -el GAL- y que ahora gobiernan con el apoyo de los herederos de ETA. Y mucho más, claro está, que las de aquellos partidos cuyo objetivo es romper la unidad nacional española.