Muchos medios de comunicación terminaron difundiendo la noticia de Carles Recio, un funcionario de la Diputación Provincial de Valencia que llevaba diez años sin trabajar y cobrando su salario íntegro. La divulgación de todo lo ocurrido provocó que se iniciaran procedimientos sancionadores contra el citado funcionario y aquel que se debía encargar de su difusión.

 

Una muestra bastante reducida y poco significativa del colectivo de los funcionarios es lo que se ha observado. Lo kafkiano del asunto es que, por todo lo sucedido, puede parecer que todos los funcionarios se ausentan de su trabajo cuando pueden cobrando el salario completo, aunque no es así, pues el caso de Carles Recio es una simple excepción.

 

El funcionario invisible de Valencia ha tenido que ver como se iniciaba un procedimiento administrativo para determinar las consecuencias de una conducta tan ilícita como cobrar un salario sin ir a desarrollar las labores propias del cargo funcionarial, que ya ha terminado, durante una década. La resolución administrativa se ajusta bastante a las circunstancias del caso.

 

Se ha determinado que Carles Recio deberá restituir se un porcentaje próximo al 70% de las cantidades indebidamente cobradas durante los diez años de ausencias injustificadas. Parece algo lógico, aunque se puede llegar a una conclusión por la que se afirme que se han quedado cortos si se observa la configuración del delito de estafa conforme al Código Penal, que dice que “Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”.

 

Esta bien que se actúe cuando finalmente se consigue conocer el incumplimiento de una norma jurídica. Sin embargo, sería mucho más acertado obrar preventivamente para evitar situaciones tan rocambolescas como la de un funcionario que recibe su salario con normalidad sin ir a trabajar durante diez años. Si se hubiera actuado consecuentemente en un primer momento para frenar a Carles Recio, se habrían ahorrado un escándalo que esperaban ocultar para siempre. Además, se habrían impedido cobros indebidos por un trabajo no desarrollado.

 

Ahora habrá que esperar para ver si Carles Recio inicia un proceso judicial contencioso-administrativo y si se confirma que debe devolverse la parte fijada del dinero recibido. Si así fuera, sería muy complicado que se pudiera recobrar la cantidad marcada, ya que es muy poco probable que las cuentas bancarias de una persona tengan un saldo equivalente al salario correspondiente a sus últimos diez años de trabajo.