La reciente crisis migratoria acaecida en Ceuta ha puesto de manifiesto el enorme problema que para España supone la inmigración ilegal y descontrolada, así como la incapacidad del Ejecutivo socialcomunista para dar una respuesta solvente al permanente chantaje marroquí, consistente en promover periódicamente la entrada en España de miles de inmigrantes, con la evidente finalidad de demostrar la fortaleza propia y la debilidad ajena a la hora de resolver los conflictos que con notable frecuencia enfrentan a ambas naciones.

El elemento nuclear de las desavenencias no es otro que las pretensiones soberanistas de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, a pesar de que la República Árabe Saharaui Democrática constituida por el Frente Polisario en 1976 es reconocida como miembro de pleno derecho por parte de la Unión Africana y la propia ONU ha explicitado mediante resolución el derecho de los saharauis a llevar a cabo un referéndum de autodeterminación, para así establecer si su deseo es constituirse en nación independiente o pasar a ser una región más del reino marroquí.

Esta obsesión anexionista por parte de la monarquía alauita no deriva de su amor al pueblo saharaui, en buena parte obligado a refugiarse en Argelia, sino que lo que fundamentalmente subyace en la misma son motivaciones de índole económica. Así, el Sáhara Occidental es una de las zonas del mundo más rica en fosfatos, un mineral escaso que resulta esencial para producir fertilizantes, constituyendo así un elemento clave en la agricultura mundial. De hecho, los fosfatos constituyen uno de los principales pilares de la economía marroquí, ya que representan el 20% de sus exportaciones y el 5% de su PIB. A su vez, la costa atlántica del Sáhara Occidental contiene grandes bancos de peces, los cuales constituyen otra de las grandes fuentes de riqueza marroquí, ya que viene a representar el 3% de su PIB. Además, en torno a la industria pesquera el Gobierno marroquí está llevando a cabo un proyecto demográfico consistente en la creación de pueblos de pescadores con el objetivo de conseguir que la población saharaui vaya quedando en minoría, consolidando así su plan de ocupación del Sáhara Occidental.

A la vista de estos datos no es de extrañar que Marruecos sea extremadamente beligerante con todo aquello que atente contra sus intereses en la zona, algo que España debería saber suficientemente, ya que la problemática viene de lejos. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, dando una vez más muestras de su incompetencia, esta vez en el ámbito diplomático, no tuvo mejor ocurrencia que, ante una petición del Gobierno argelino, ingresar con nombre falso en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, a pesar de los informes en contra del ministerio del Interior. Conocedores del hecho, las autoridades marroquíes promovieron de forma activa la entrada ilegal de inmigrantes, los cuales, utilizados como arma arrojadiza, entraron en territorio español bordeando a nado el espigón vallado del paso fronterizo del Tarajal. Así, ante la pasividad de la policía marroquí, alrededor de 10.000 personas, de las cuales cerca de 1.000 eran menores no acompañados (menas), llegaron a la playa de El Tarajal, para dispersarse por Ceuta provocando de esta manera una situación caótica en la ciudad fronteriza.

La situación fue descrita de manera contundente por la embajadora marroquí, Karima Benyaich, la cual, sin miramiento alguno, vino a decir que “Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir”, después de lo cual fue llamada a consultas a Rabat por el rey Mohamed VI. El argumento esgrimido por la monarquía alauita a través de su ministro de Exteriores, Naser Burita, es que Marruecos no es el gendarme de Europa ni tiene la obligación de proteger las fronteras de España. Sin embargo, lo que obvia decir al ministro marroquí, en un claro ejercicio de cinismo, es que la Unión Europea (UE) destina cuantiosas partidas de dinero a Marruecos para que colabore en el control fronterizo y de hecho España ha dado a Marruecos durante los dos últimos años 86,8 millones de euros para evitar la entrada ilegal de personas por Ceuta y Melilla.

Sea como fuere, ante la desmedida hostilidad manifestada por la monarquía alauita ante un hecho de escasa transcendencia, el gobierno socialcomunista, más comprometido en deconstruir el Estado de Derecho que en solucionar los problemas de los españoles, aparte de suplicar la intervención de la UE en el conflicto, no tuvo otra ocurrencia que conceder a Marruecos, en plena crisis diplomática, la nada despreciable cantidad de 30 millones de euros, para así poder devolver a los inmigrantes ilegalmente llegados a territorio español, demostrando de esta forma al mundo entero su patética y lamentable debilidad, fruto de su manifiesta incompetencia, patente también en el ámbito diplomático.

Finalmente, el Gobierno marroquí, ante el firme posicionamiento de la UE en la defensa de sus fronteras y el cuantioso donativo español, accedió a dar por cerrada la crisis migratoria. En consecuencia, el gobierno español procedió a la devolución en caliente de los inmigrantes recién llegados a Ceuta, si bien con la excepción de los menas, los cuales, a pesar de que muchos de ellos están siendo buscados por sus familias, van a ser repartidos por distintas Comunidades Autónomas, consumándose así un auténtico despropósito.

En este punto es necesario hacer un pequeño inciso para poner de manifiesto la enorme hipocresía de la izquierda progre. Así, P. Sánchez, incapaz de cumplir ni una sola de sus promesas, recurre ahora a las entregas exprés de inmigrantes ilegales, cuando en septiembre de 2015, siendo líder de la oposición, decía explícitamente que “Rechazamos rotundamente las devoluciones en caliente”, figurando este mismo planteamiento en el Programa de Gobierno del PSOE de cara a las elecciones generales de 2015. Asimismo, PSOE e IU presentaron un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Seguridad Ciudadana promulgada por el PP, en el que se solicitaba la derogación de las devoluciones en caliente, siendo finalmente rechazado por el Tribunal Constitucional. Todo lo expuesto demuestra que la izquierda española actúa en cada caso en función de sus propios intereses, haciendo de la agitación y la propaganda su modo de hacer política, con la exclusiva finalidad de acceder al poder y sus prebendas.

En cualquier caso y más allá de la hipocresía progre, resulta evidente que la inmigración ilegal masiva supone un enorme coste económico para las arcas públicas, un grave problema de seguridad ciudadana y, lo más grave, un suicidio cultural.  

En el plano económico no solo es ya, como señalaba Vox y se vio obligada a corroborar la empresa verificadora Newtral, que el mantenimiento de cada mena cueste al erario público 4.700 euros/mes, es que además cada inmigrante ilegal goza de múltiples ayudas en forma de servicios sociales y prestaciones económicas y todo ello sin pagar ni un solo euro en impuestos. A ello hay que añadirle el hecho de que, al no tener permiso de residencia, los inmigrantes ilegales se ven abocados a ingresar en la economía sumergida o en la delincuencia organizada, con el consiguiente coste que todo ello conlleva.

En el ámbito de la seguridad ciudadana la comparativa entre los delitos cometidos por españoles y extranjeros es sumamente clarificadora ya que la tasa de delincuencia de los extranjeros es casi 4 veces superior a la de los españoles. Pero siendo grande la diferencia tomando en consideración la totalidad de los delitos cometidos, en el caso de los delitos sexuales contra la mujer perpetrados de forma grupal, es decir, por las llamadas “manadas”, la diferencia es abrumadora, ya que en este caso la tasa delictiva de los extranjeros es 20 veces superior a la de los españoles, a pesar de lo cual la izquierda progre sigue insistiendo en que informar de la nacionalidad de los violadores conlleva un trato discriminatorio, con lo cual, al intentar obviar el problema, lo único que se consigue es imposibilitar su solución. A todo ello hay que sumarle la proliferación de violentas bandas latinas, así como la entrada en territorio español de grupos de yihadistas aprovechando los flujos migratorios ilegales, siendo este problema de tal calibre que desde 2012 las Fuerzas de Seguridad del Estado han llevado a cabo 216 operaciones contra el terrorismo islámico.

Por último, aunque pueda parecer contradictorio, en lugar de intentar integrarse en los países a donde emigran, por regla general los inmigrantes intentan mantener a toda costa su identidad cultural, lo cual no sería un problema si no fuera porque muchos de los valores que sustentan son contrarios a las formas, costumbres e incluso leyes del país que los acoge. Esto de lugar a que en Occidente estemos asistiendo a un proceso de desarrollo del multiculturalismo, de formación de guetos y a la larga de la pérdida de las señas de identidad nacional, muy en consonancia con el ideario sostenido por la alianza entre el marxismo cultural y la plutocracia globalista.

Decía Ramiro de Maeztu que “La patria es espíritu. Ello dice que el ser de la patria se funda en una acumulación de valores, con los que se enlaza a los hijos de un territorio en el suelo que habitan”. Desde esta perspectiva, que entendemos acertada, ante la amenaza que supone la inmigración ilegal amparada por el perverso quehacer de la coalición socialcomunista en el poder, si queremos salvaguardar nuestro acervo cultural -sin renunciar por ello a una cooperación al desarrollo a la que por solidaridad estamos obligados- deberemos defender los valores que, fraguándose a lo largo de los siglos, han hecho de España una tierra de promisión.