Asumida la aplicación del artículo 155 de la Constitución por la grave situación que se está viviendo con la crisis política causada por los impulsos independentistas de Cataluña, toca plantearse el alcance del precepto. Una de las posibilidades que se plantea es la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña tras la asunción del control del Gobierno de esa Comunidad Autónoma.

 

La opción parece totalmente válida y bastante adecuada si se tienen en cuenta las circunstancias actuales. Sin embargo, se han podido escuchar algunas voces en contra de la medida por considerarla de imposible aplicación por la vía del artículo 155 de la Constitución.

 

Parece que resulta más adecuado pensar en la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña mediante la utilización del artículo 155 de la Constitución, que indica expresamente que, si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Son varios los argumentos que ayudan a alcanzar esta idea de una manera contundente.

 

El artículo 155 de la Constitución se refiere a las medidas necesarias para proteger el interés general. Las mismas incluyen numerosas posibilidades, como intervenir la gestión de la financiación y de la seguridad en Cataluña, que no parecen ser incompatibles con la convocatoria de unas elecciones que dejaría en manos de la ciudadanía la composición de un nuevo Parlamento y de un nuevo Gobierno que pudieran, desde la voluntad popular, ajustar a la legalidad las actividades públicas en Cataluña. Además, de ese modo se podría comprobar cuál es el estado actual de los sentimientos independentistas de los catalanes y si, verdaderamente, desean una secesión como han estado indicando Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. También ayudaría, la convocatoria de elecciones catalanas, a reducir, al máximo, la incidencia de las decisiones del Gobierno nacional en la resolución de la controversia política y jurídica.

 

Dejando en manos de los catalanes la decisión sobre la representación parlamentaria que desean adoptar podrán marcarse los siguientes pasos. En todo caso, el proceso deberá seguir la normativa electoral con las garantías legalmente fijadas, sin que valgan chapuzas.