Se ha comenzado a divulgar una interesante noticia sobre una sociedad administrada por los empresarios Miguel Angel Santos Lara y José María Escuder Tella, cuya actividad se fundamenta en la promoción inmobiliaria utilizando solares no construidos ajenos sin permiso de sus propietarios conforme a lo establecido por la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana. Grande ha sido la repercusión del suceso en las redes sociales.

 

La normal legal, dictada al amparo del artículo 148 de la Constitución Española, que establece que la competencia para desarrollar la ordenación del territorio y el urbanismo corresponden a las Comunidades Autónomas, no había sido utilizada hasta el presente momento. Ahora se están comenzando los trámites administrativos para aplicarla.

 

Hay que conocer varios preceptos de la Ley 5/2014 de la Comunidad Valenciana. El artículo 179 de la norma indica que “Los propietarios de solares están obligados a edificarlos en cumplimiento del plan, dentro de los plazos previstos en el mismo” y que “Estos plazos se fijarán atendiendo a las circunstancias económicas generales y sus posibilidades individuales, sin que, en ningún caso, puedan superar los seis años desde que fuera posible su edificación a instancias de particular”. El régimen de edificación forzosa legitima a cualquier persona física o jurídica, con capacidad suficiente, para promover un programa de actuación para la edificación del solar, dándose audiencia al propietario por el plazo de un mes. Transcurrido este plazo o presentada oposición por el propietario, la Administración resolverá sobre la aplicación del régimen de edificación forzosa, comunicándolo, en su caso, al registro de la propiedad para su inscripción. Si finalmente se produjera la privación singular, el propietario del terreno tendrá derecho a una compensación.

 

Muchos son los que han criticado esa norma. Sin embargo, es cierto que el artículo 33 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la propiedad privada, indica que la función social deberá determinar el contenido de las facultades dominicales, pudiendo haber una expropiación forzosa por causa justificada de utilidad pública o de interés social con la entrega de una indemnización a la persona afectada.

 

La norma valenciana se limita a fijar, para un caso muy particular, un caso de expropiación forzosa en favor de un tercero. El artículo 2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 dice que por causa de interés social podrá ser beneficiario de la expropiación cualquier persona natural o jurídica en la que concurran los requisitos señalados por la Ley especial necesaria a estos efectos.

 

La norma de la Comunidad Valenciana es realmente útil por varias razones. Fundamentalmente, esa ley ayuda a evitar la especulación urbanística y la manipulación artificiosa de la oferta para controlar, indebidamente, los precios en el mercado inmobiliario.