Debo empezar por reconocer que esta segunda parte del manifiesto anticomunista, resulta hasta cierto punto un abuso de poder desde el punto de vista intelectual, ya que la crítica a la dictadura del proletariado está al alcance de cualquier persona con algo de sentido común y una mínima capacidad de análisis. En mi descargo debo decir que no tengo culpa alguna de que Marx, Engels, Lenin y demás ralea comunista hayan desarrollado una teoría en relación con el ejercicio del poder político tan obscenamente totalitaria. Así es que, dicho esto, vayamos al lío.

Para Marx el sistema productivo propio de la burguesía, sostenido por la existencia de la propiedad privada, conforma la estructura política y social de la época, determinando, a su vez, la superestructura ideológica dominante.

Desde esta perspectiva, para Marx el Estado era una institución al servicio de la clase dominante en detrimento de la clase dominada, por lo que su finalidad última era preservar los intereses de la burguesía y reprimir al proletariado, manteniendo así la dualidad clase opresora y clase oprimida.

Pero Marx no se queda ahí, extendiendo este planteamiento a todos los ámbitos de la sociedad, al entender, como expresa en el “Manifiesto Comunista”, que “las ideas dominantes de una época nunca han sido otra cosa que las de la clase dominante”. En consecuencia el entramado institucional, el aparato jurídico, la moral y la religión no son para Marx otra cosa que “prejuicios burgueses, bajo los que se esconden otros tantos intereses burgueses”. Por ello, para acabar con esta situación, Marx declara abiertamente que la meta del comunismo es “la constitución del proletariado en clase, el derrocamiento del poder burgués y la conquista del poder político”.

Para conseguir sus metas, esto es, la eliminación de la democracia liberal y la instauración de un régimen comunista, Marx propone una revolución violenta que tenga como primer objetivo la conquista y destrucción del Estado burgués y su sustitución por la “dictadura del proletariado”. En esta misma línea de pensamiento se manifiesta Vladimir Ilich Uliánov, más conocido por Lenin, cuando en su obra “El Estado y la revolución” afirma que “La sustitución del Estado burgués por el Estado proletario es imposible sin una revolución violenta”.

Una vez instaurada la “dictadura del proletariado”, tanto Marx como Lenin defienden que el Estado sea el instrumento represor que asegurará la supervivencia del proyecto revolucionario, para lo cual asumirá el poder político, social y económico. Para tamaña acumulación de poder ambos coinciden en señalar como actuaciones imprescindibles la eliminación de la propiedad privada, la nacionalización de bancos, empresas y explotaciones agrarias y, finalmente, el establecimiento de una educación exclusivamente pública desde la que poder enseñar a los niños los principios revolucionarios socialistas. Naturalmente, como se encarga de señalar Marx y remarcar Lenin, “esto solo puede ocurrir al principio por medio de operaciones despóticas sobre el derecho de propiedad y sobre las relaciones burguesas de producción”.

Por lo tanto, la “dictadura del proletariado” debe entenderse como un periodo de transición entre la democracia capitalista y el comunismo, periodo de transición que parece ser absolutamente necesario, ya que como declara Lenin “No soñamos en cómo podrá prescindirse de golpe de todo gobierno, de toda subordinación, estos sueños anarquistas, basados en la incomprensión de las tareas de la dictadura del proletariado”.

Pues bien, una vez consumada la tarea dictatorial del proletariado solo queda, por eliminación de la burguesía, una clase social, el propio proletariado y, como no podía ser de otra manera en esta situación, quedan eliminados los antagonismos de clase, explicación ésta, por parte de Marx, a todas luces antológica. En ese preciso momento –esto es, una vez finalizado el proceso de centralización de los medios de producción, la banca y la educación- es cuando hará su aparición en escena el Estado socialista, el cual, con todos los poderes en sus manos, conducirá con brazo de hierro la revolución obrera hasta que, volviéndose innecesario, se extinga, para dar paso al advenimiento del comunismo. En definitiva, el Estado socialista viene a ser la consumación de la “dictadura del proletariado” y el supuesto régimen comunista sin Estado pues, que quieren que les diga, ni está ni se le espera, porque, como dijo el torero del ingenio Rafael Guerra, “lo que no puede ser no puede ser y además es imposible”.

De todo lo dicho se puede deducir que la “dictadura del proletariado” supone una absoluta concentración de poder, de tal forma que todo el poder político recae en las manos de un líder supremo y su politburó. Esta situación, como ya advirtiera Montesquieu en El espíritu de la leyes, predispone al abuso de poder y de facto conduce a la supresión del Estado de Derecho, entendiendo por éste un sistema institucional de gobierno basado en la existencia de contrapoderes, cada uno de los cuales va a limitar de manera recíproca el poder ejercido por el resto, estableciéndose así una situación de equilibrio en el que ningún poder prevalece sobre los demás. De hecho, en contraposición a la “dictadura del proletariado”, el Estado democrático liberal descansa en la premisa de que la libertad política es subsidiaria de la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En este sentido apunta lord Acton al señalar, en sus Ensayos sobre la Libertad y el Poder, que “la limitación es esencial a la autoridad pues un gobierno solo es legítimo si está efectivamente limitado”. A ello debe sumarse el hecho de que, como afirma John Locke en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, el imperio de la ley, principal garantía del desarrollo individual en libertad, solo es posible cuando la población no está sometida al capricho y la arbitrariedad de aquel que ostenta un poder absoluto. Y es precisamente la tiranía y la arbitrariedad lo que se da en la “dictadura del proletariado” ya que, como acertadamente vuelve a apuntar lord Acton, “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Además de la concentración de poder, la “dictadura del proletariado” se caracteriza por llevar a cabo una economía planificada, lo cual significa reunir el poder político y el económico en unas solas manos, para servir de manera inequívoca a los fines establecidos por aquel que ostenta la máxima autoridad. Según explica F. Hayek, en Camino de Servidumbre, “los rasgos comunes de todo sistema colectivista pueden describirse (…) como la organización deliberada de los esfuerzos de la sociedad en pro de un objetivo social determinado”. Desde este punto de vista la economía planificada adolece de tres grandes inconvenientes. En primer lugar, requiere de la existencia de una especie de mente omnisciente capaz de establecer hasta el más mínimo detalle de la actividad económica, cosa que evidentemente no se da en la vida real. En segundo lugar, imposibilita la libertad individual, al someter los fines personales a los fines de la colectividad, con lo cual los individuos no pueden establecer su propio proyecto vital en función de sus aspiraciones y capacidades. Y, en tercer lugar, para conseguir que cada individuo forme parte obligada de la maquinaria económica estatal resulta necesario que la sociedad en su conjunto sea dirigida de forma autoritaria, pues de otra manera difícilmente se conseguirá que todos los individuos colaboren de buen grado en la persecución de unos fines que en muchas ocasiones les son ajenos. Parece evidente que, más allá de un deseable grado de cohesión social, cada persona tiene el derecho de establecer sus propios objetivos vitales y orientar sus esfuerzos para conseguirlos. Desgraciadamente, en una economía planificada y sin derecho a la propiedad privada –uno de los grandes pilares de la libertad- no hay lugar para ascetas o bohemios, para artistas o emprendedores, tan solo cabe la masa aborregada sometida al credo oficial del poder establecido.

Para conseguir el imperio de la ideología de Estado a nivel general y así conseguir que todos los individuos asuman los dictámenes emanados de la autoridad competente, la “dictadura del proletariado” cuenta con dos herramientas características de todo Estado totalitario: por un lado, el adoctrinamiento en los centros de enseñanza y la difusión propagandística de sus ideas en los medios de comunicación, todo ello bajo el estricto control de aquellos en el poder; por otro lado, la utilización desmesurada de la coerción por parte del Estado en aras de la eliminación de la disidencia. El poder del adoctrinamiento y la propaganda queda maravillosamente expuesto por George Orwell en su obra 1984, cuando relata que “Julia nuca discutía las enseñanzas del Partido. Estaba dispuesta a aceptar la mitología oficial, porque no le parecía importante la diferencia entre verdad y mentira”. El poder de la fuerza bruta queda patente cuando se comprueba, como revela la revista rusa Izvestia, que entre 1917 y 1987 el comunismo ha asesinado a más de 100 millones de personas, a las que debemos unir otros cientos de millones recluidas en cárceles y campos de concentración.

A la luz de todo lo expuesto, no es de extrañar el páramo existencial en que se encuentran sumidas las sociedades comunistas, donde el individuo y la masa, la realidad y la fábula se confunden, para solo vislumbrarse, tras los oscuros muros de la opresión y la miseria, un Estado despótico, en el cual conviven el tirano y su selecto grupo de correligionarios junto a una ingente masa de siervos.

Rafael García Alonso (Doctor en Medicina)