La Junta de Andalucía, que está presidida por Susana Díaz, se ha apartado de la pieza principal de los ERE, ya que se ha reservado el derecho a ejercer las acciones para reclamar la responsabilidad civil y ha decidido no acusar a las 22 personas contra las que se dirige la causa, que fueron altos cargos, entre los que se encuentran Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha bloqueado definitivamente al Ministerio Fiscal, que ya no puede pedir las fianzas millonarias que inicialmente había solicitado.

Hay que tener presente que los artículos 108 y 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 109 de Código Penal, establecen la posibilidad de reservar la acción civil derivada de todo delito para lograr la restitución de la cosa, la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios, de modo que, ejercitada sólo la acción penal, se entenderá utilizada también la civil, a no ser que el dañado o perjudicado la renunciase o la reservase expresamente para ejercitarla después de terminado el juicio criminal, si a ello hubiere lugar. Por lo indicado, la reserva de la acción civil se puede definir como aquel acto procesal por el que el ofendido por el delito comunica en el proceso penal su deseo de ejercitar la acción para lograr la restitución, la reparación y la indemnización por el delito ante el órgano judicial competente del orden jurisdiccional civil.

El PP intentó frenar la reserva de la acción civil por la Junta de Andalucía alegando la existencia de un fraude de ley. Sin embargo, la Audiencia Previa de Sevilla, con buen criterio, indicó que la decisión sobre el ejercicio de la acción civil corresponde, únicamente, al ofendido por el delito, que es la Administración Pública andaluza.

La actuación de los dirigentes de la Junta de Andalucía, que prefieren echar una mano a los que son amigos del partido que controla la Comunidad Autónoma andaluza, puede servir para plantear algunas preguntas sobre la utilidad de la reserva de las acciones civiles. Concretamente, debería debatirse sobre la posibilidad de excluir la reserva de la acción civil en los casos en los que se haya cometido un delito contra la Administración Pública.