Recientemente ha aparecido en los medios de comunicación el caso del abogado Miguel Alonso Belza, especialista en defender a mujeres maltratadas, que a su vez se ha visto envuelto en una denuncia de maltrato por parte de la mujer con la que mantenía una relación sentimental. Pero lo más grave de este caso concreto, son las alegaciones del abogado defensor de Belza, Juan Román Zubillaga,  que indican que en el caso de su cliente no se cumplen las premisas para que se trate de un caso de Violencia de género: su relación sentimental no incluía dependencia económica, ni de convivencia (no vivían juntos), ni de falta de arraigo por parte de la mujer, situaciones, según el abogado, típicas en casos de violencia de género. Se olvida el señor Román de que la actual LIVG indica en su Título Preliminar que, y cito textualmente “La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes son o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia”

 

Hace falta tener caradura para decir semejantes afirmaciones y dedicarse ahora a hablar de denuncias falsas y de su dificultad probatoria, así como del mal uso de la ley de violencia de género... Seguramente la suya junto con la de López Aguilar serán las que copen el 0,001%, que afirma el CGPJ, mientras que las del resto de los mortales son el coste asumible al que se refería el ex-ministro de justicia.

 

Tanto Juan Fernando López Aguilar como Miguel Alonso Belza han tenido la oportunidad de salir en los medios de comunicación para hablar de sus casos y cómo no, apelar a la presunción de inocencia, aquella de la que el resto de la población carecemos.

Sin embargo, no se da cobertura mediática a los cientos de miles de hombres que han pasado por los calabozos (algo de lo que  tanto López Aguilar como Belza se han librado), que han sido condenados sin pruebas y/o con penas demasiado elevadas en proporción con el delito cometido, y mucho menos aún de la inmensa mayoría de absoluciones, por no decir de los que han pasado años en prisión y luego se ha demostrado su inocencia.

 

No deja de ser hiriente, especialmente para todas aquellas personas que han pasado por tesituras de maltrato o que han sido acusadas de ello, que una persona considerada como el azote contra la violencia hacia las mujeres sea ahora el acusado. ¿Dónde queda la credibilidad de este hombre? ¿Son creíbles las tesis de un supuesto maltratador en los juicios por violencia de género? Este tipo de preguntas quedan en el aire, porque evidentemente, no es razonable que un maltratador sea capaz de erigirse en defensor de las maltratadas ¿o sí?

De igual manera es del todo irracional que un ministro de justicia que ha aprobado una ley contraria a la violencia hacia las mujeres resulte ser un maltratador....

¿O tal vez están legislando en base a sus propios actos castigando al resto de la población? Son circunstancias que, al margen de cual sea la sentencia definitiva dan mucho que pensar y que hacen que definitivamente dejemos de creer en la justicia, pues de todos es conocido (y a los datos me remito) que hay mucho inocente encarcelado y mucho culpable suelto.

 

Juntando el caso de maltrato de López Aguilar con el del caso Noos de Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón, es evidente que nada bueno podemos esperar de la justicia. López Aguilar fue absuelto de un claro delito en el que ni siquiera fue juzgado por estar aforado. Si fuera cierta su inocencia hubiera denunciado la falsedad de los hechos que se le imputaron.

Urdagarín y su mujer seguirán nadando en la abundancia con los 580.000 euros mensuales que cobra Cristina de la Caixa y de la Fundación Aga Khan. Así, mientras los poderosos se libran de la cárcel y pueden seguir haciendo fechorías campando a sus anchas, no sería de extrañar que Belza también saliera absuelto. Ya estamos el resto de los mortales para pagar por los delitos propios y ajenos.