Baleares: niños bajo tutela pública convertidos en juguete de pederastas por la acción política de la izquierda. Son 16 los casos de abusos a menores en Mallorca ya destapados; se conocen varios más en Menorca, y la cifra lleva visos de aumentar.

El gobierno balear de socialistas, comunistas y tarados catalanistas de “Més” –aunque todos en ese ejecutivo son catalanistas-, se niega a investigar en el Parlamento el masivo sumidero de corrupción de menores, proxenetismo y abuso a niños en que se han convertido las Islas Baleares. Las izquierdas han bloqueado la petición de Ciudadanos y Vox de hacer una comisión de investigación. La Consejera de Asuntos Sociales del gobierno balear Fina Santiago, una comunista del partido catalanista “Mes”, así como la presidenta socialista Francina Armengol han evadido toda responsabilidad en el asunto culpando del mismo a la policía por su “inacción”.

El pasado mes de diciembre Vox, decidido a coger el toro por los cuernos, se hizo eco del silenciamiento y ocultación por parte del gobierno balear sobre las informaciones y denuncias del personal de los centros de menores que apuntaban a niñas y niños tutelados por el gobierno balear sometidos a explotación y abusos sexuales a cambio de drogas o dinero. Eran informaciones y denuncias que durante años habían apuntado a que las niñas de algunos centros en su totalidad, eran sometidas a proxenetismo en pisos y parques de la ciudad de Mallorca y otras localidades. Así pues Vox pidió una auditoria e investigación al gobierno balear bajo cuya tutela están las menores. La izquierda en bloque negó a Vox su petición, y lo más sorprendente: el PP, que ha gobernado durante años las Islas, se abstuvo en la votación. Vox sabía que desde hace 20 años los rumores sobre episodios de corrupción de menores eran frecuentes en las Islas. Días después de solicitar esa auditoría en el Parlamento regional, denegada por la izquierda y NO APOYADA por el PP, se produjo el 24 de diciembre 2019 la agresión sexual a una menor tutelada que destapó el escándalo, y tras él, y a lo largo del mes de enero, se descubrieron16 casos de abusos sexuales a los que hay que añadir los varios que recientemente han sido denunciados en Menorca. La cifra no para de aumentar, como no para de aumentar la hipocresía izquierdista que ha tratado de bloquear institucionalmente toda la investigación. La Fiscalía y la Policía, pese a estar entorpecidas por el gobierno socialpodemita balear, están investigando este escándalo sin precedentes.

El pasado 19 de febrero, en la sesión parlamentaria de control al gobierno de España, Pablo Iglesias se arrancó a coces contra la diputada del PP que le exigió explicaciones por el caso balear, y sobre todo fue especialmente duro contra la diputada de Vox Mireia Borras que sacó a relucir las negligencias hipócritas de esa izquierda que desea secuestrar a los niños para luego lanzarlos en muchas ocasiones a la depredación sexual y al delito.

La responsabilidad del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, del Vicepresidente “de derechos sociales” Pablo Iglesias y de Podemos en Baleares es de primer orden, pues son parte del gobierno autonómico y siempre se han distinguido por ser los defensores –decían- de de los menores desamparados que “no deben ser propiedad de los padres”, idea que también recalcó la socialista Isabel Celaa en unas famosas declaraciones.

La trama de prostitución de menores en Baleares no es excepcional; en la comunidad Valenciana, bajo el gobierno socialcatalanista de Chimo Puig y Mónica Oltra ha habido recientemente redes proxenetas en torno al tristemente famoso centro de menores de Monteolivete de la ciudad de Valencia, que hubo de ser cerrado en 2017. El propio exmarido de la Vicepresidenta valenciana Mónica Oltra se benefició del silenciamiento y el amparo que le concedió la Consejería de Igualdad pilotada por su esposa Oltra; consejería de la que dependía el centro de menores en el que el susodicho, entonces “educador”, cometió sus abusos sobre una niña de 13 años por los que fue condenado. La Fiscalía apunta a que la vicepresidenta Mónica Oltra, prevaliéndose de su rango institucional, encubrió el horrendo delito perpetrado por su entonces marido ocultando pruebas a la Justicia.

NEGOCIO/CHOLLO A CUENTA DE LOS MENORES TUTELADOS

Detrás de las negligencias, canalladas o complicidades de políticos desalmados, y de las de los rectores de los centros de tutela de menores , existe un tema que muy pocos comentan pero que explica el impulsivo frenesí de la clase política por arrancar menores a sus padres, tutelarlos y registrarlos en los centros públicos. Es el negocio y chollo que suponen las subvenciones europeas que reciben los gobiernos regionales, así como los centros de menores convertidos en nidos de enchufados y clientes políticos. Los gobiernos autonómicos, por cada plaza de menor tutelado obtienen entre 4000 y 9000 euros al mes. Del mismo modo, la subvención anual que obtiene un centro puede superar los 60.000 euros, a los que hay que añadir las ayudas y fondos del Presupuesto autonómico y nacional por los cuales centenares de miles de euros recaen en forma de subvenciones. Por cada menor tutelado en Baleares el centro se lleva entre 3 y 6 mil euros.

Además del jugoso negocio económico del subsidio, tenemos el de los arbitrarios “servicios sociales”. Se trata de esos individuos cuya actuación no está reglada de forma homogénea en todo el territorio nacional –autonomías y Ayuntamientos tienen sus propios protocolos-, y que en virtud de informes, aunque sean falsos, pueden arrebatar la custodia y la tutela de los niños a sus padres.

El poder de los “agentes” de los servicios sociales es enorme. Actúan de forma plenipotenciaria; sus informes no están sometidos a control judicial. La Policía obedece esmeradamente sus instrucciones. Los Jueces atienden y avalan las actuaciones de esos servicios sociales con absoluta complacencia. Los informes se determinan tras un procedimiento donde no hay garantías de defensa ni probatorias para los padres afectados por el robo de sus hijos. Es decir: algo tan sensible y que afecta a derechos fundamentales como es arrancar a un menor del hogar está en manos no de un Juez, ni de una actuación policial, sino de un “miembro de servicios sociales” que puede no tener siquiera la titulación académica requerida. Existen miles de denuncias en la geografía española contra personal de “servicios sociales” sin cualificación, y por supuesto contra miles de informes falsos redactados con absoluta arbitrariedad y plagados de mentiras, sin dar a los padres derecho a defensa y a prueba, y gracias a los cuales se han destruido familias enteras.

De este modo se producen retiradas traumáticas de menores del seno de sus hogares, fragmentaciones de familias abocadas a la desolación.

Por no ir bien vestido un menor, por alegar que un niño no está bien alimentado etc, es decir en base a parámetros subjetivos y ambiguos, una familia puede perder a su hijo mediante un informe maniqueo y absurdo dictado por los intocables “servicios sociales”. Y de ser un niño que tal vez no vaya con el mejor chándal o las mejores zapatillas, o cuyos padres no ganen mil euros (no obstante lo cual lo rodean de cariño y ayuda de otros familiares), puede pasar a ser un niño encerrado en una centro de acogida donde, a modo de granja, sufra el trato frío o directamente el maltrato de los supuestos cuidadores o educadores. Cuidadores que pueden ser como el tristemente famoso marido de la Vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, que abusaba por las noches de una niña de 13 años. Puede suceder COMO EN MALLORCA, donde los centros de menores tutelados arrojan a la calle a las niñas para caer en manos de proxenetas, explotadores sexuales y drogadictos.

Todo eso y más puede suceder y sucede, porque el negocio/ chollazo de gobiernos autonómicos como el socialpodemita balear o el valenciano a cuenta de las subvenciones y el clientelismo se debe mantener. Como se debe mantener también el enriquecimiento de enjambres de vividores del pesebre de la izquierda sociológica encuadrados muchas veces en los “servicios sociales”.

La responsable de la oleada de corrupción de menores que vivimos en Baleares o Valencia es una ideología que pretende alienar a los niños, que es descendiente del marxismo clásico, que es la que hoy quiere proseguir la tarea del comunismo político y de su ramificación en Occidente que es el marxismo cultural o dictadura progre y que pretende hacer esa “ingeniería de almas” a la que se refería Lenin para acabar con la cultura occidental y con la familia como institución nutricia de la cristiandad. Robar a los niños y pervertirlos es secuestrar de la forma más totalitaria nuestro futuro.