Concluye otra semana en la que la normalidad en lo que debiera ser la sana confrontación política ha brillado por su ausencia. De nuevo el Gobierno ha impuesto su vieja estrategia, recordemos las palabras de Zapatero a Iñaqui Gabilondo, haciéndole la confidencia de su interés por alentar la crispación como forma de mantener movilizado a su espectro electoral y que el ruido constante se convierta en un tupido velo capaz de tapar su desastrosa y, presuntamente criminal, gestión de la pandemia. La incompetencia y sectarismo de Sánchez y su Gabinete de acólitos les llevó a no actuar hasta después de celebrado su ansiado 8M, lo que ha supuesto un coste irreparable en pérdida de vidas de compatriotas que quizás hubieran podido evitarse y unos ratios a la cabeza mundial en todo lo negativo incluso en el índice de letalidad, lo cual requerirá la elaboración de un estudio riguroso porque nuestro alabado sistema sanitario no queda en muy buen lugar, y el confinamiento más duro de todo nuestro entorno causante de una crisis económica y social sin precedentes, que dejan a España como el país más afectado de toda la OCDE, estando por ver el coste de la recuperación y el plazo para volver al PIB de 2019. Las ayudas europeas servirán para salvar este ejercicio, pero si no se acometen las reformas estructurales y presupuestarias imprescindibles el rescate de España estará asegurado con lo que ello significaría para quienes viven a costa del Estado.

El pasado miércoles asistimos en el Congreso a la sesión de control del Gobierno, en la que este una vez más se zafó de sus responsabilidades haciendo de oposición de la oposición y eludiendo responder como viene siendo habitual a las preguntas de los diferentes grupos, recurriendo para ello con descaro a un tono de bronca y todo tipo de ardides para convertir sus respuestas en ataques directos a los interpelantes y sus respectivas formaciones políticas. Las intervenciones de la pareja gubernamental Iglesias-Montero o de la ex ministra Carcedo regañando a la oposición son un buen exponente de la estrategia. Con ello crean una escenificación insólita, que les permite desgastar a sus adversarios y aprovechar el eco de sus potentes y engrasados medios de comunicación para mantener un buen nivel de tensión-aceptación entre sus abducidos parroquianos y la permanente propaganda con la que bombardean a una opinión pública cada día más indolente y domesticada. Sin duda una excelente forma de salvar los debates y sesiones de control saliendo indemnes y en muchos casos incluso como ganadores del rifirrafe. Esta situación ha motivado que autorizadas opiniones de politólogos y periodistas especializados se cuestionen si la oposición se está equivocando al participar en la propagación de ese ruido mediático que deja en segundo plano cualquier intento por transmitir un mensaje de calado político. Me parece una reflexión muy acertada en su fondo, PP y VOX (no hablo de Ciudadanos porque ellos están fuera de este juego en la lucha por su propia supervivencia) deben ser capaces de ir articulando un mensaje político nítido y convincente capaz de demostrar existe una verdadera alternativa de gobernanza basada en un programa con respuestas al dificilísimo reto que España tiene por delante. Esa es la tarea histórica y pedagógica que en este momento tiene que afrontar la oposición, demostrar que frente a este Gobierno aventurero e incompetente existe una alternativa pragmática y responsable dispuesta a abordar las muchas reformas que España necesita para salir airosa de la encrucijada en la que se encuentra. Y hasta ahora hay que reconocer que PP y VOX no han sido capaces de transmitir esa sensación de suficiencia para liderar la recuperación económica y los cambios estructurales que se antojan fundamentales para la supervivencia de esta vieja Nación. En cuanto a la contribución o no al ruido que interesadamente el Gobierno y sus medios de desinformación tratan de hacer a modo de tapadera ensordecedora considero que la oposición debe replicar sin complejos y con la máxima contundencia, lo cual no está reñido con mantener una altura dialéctica e intelectual dignas y alejadas del tono vulgar y altanero mostrado por personajillos tan paupérrimos como Iglesias, Lastra y compañía.

En perfecto paralelismo a la táctica parlamentaria y mediática descrita el Gobierno de Sánchez continúa incansable en su tarea de obtener el control férreo y la sumisión de todas las instituciones públicas. Comenzó por la Abogacía del Estado, en la que de forma sistemática se ha venido cesando a todo letrado que osara tener criterio profesional propio; luego la Fiscalía General situando a su cabeza a la inefable Dolores Delgado; recientemente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; a las que habría que sumar la totalidad de los entes y empresas públicas e incluso privadas con participación estatal y la mayoría de los altos cargos de libre designación en la Administración, donde, sin ningún recato, no han dudado en invadir con frecuencia los reservados para funcionarios de carrera, y sin importarles el malestar causado en las plantillas afectadas como acaba de ocurrir con el desmantelamiento de la cúpula de la Guardia Civil. Ahora emplearán toda su artillería para intentar forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Es una operación compleja dado que se necesitará el apoyo de la oposición para lograr las mayorías necesarias, pero a buen seguro que Sánchez y sus huestes lo intentarán. Si consiguiesen imponer una mayoría “progresista” dominarán los nombramientos estratégicos de magistrados en el Tribunal Supremo y tendrán un cierto margen para promulgar leyes y adoptar acuerdos que rayen la inconstitucionalidad. Habrá que estar muy atentos en los avances que se puedan producir en los próximos meses para la renovación de estos órganos del Estado que son pilares fundamentales en la salvaguarda del estado de derecho y el control del poder ejecutivo y legislativo.

En esta misma semana también hemos podido ver el tremendo riesgo que supone que el Gobierno maneje a su conveniencia las instituciones del Estado que tienen una estructura jerárquica. Tanto la Abogacía como la Fiscalía se han lanzado a una numantina defensa del delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, que ha sido investigado por el Juzgado nº 51 de Madrid por supuesta prevaricación al autorizar la manifestación del 8M, que se convirtió, junto a otros eventos multitudinarios celebrados en dicha fecha, en un eficaz catalizador en la propagación de la epidemia que tanto daño a hecho en España y en particular en Madrid. Ambas instituciones han dejado muestras sobradas de su supeditación a los intereses del Gobierno utilizando todos los sus recursos posibles para lograr el archivo de la causa, lo cual han logrado en la mañana del viernes en la que la magistrada titular ha anunciado el archivo provisional de las diligencias practicadas en base a que no se ha podido probar tuviera información oficial que aconsejara la supresión de la polémica manifestación. Sin embargo, sensu contrario, la Fiscalía ha asumido, sin el menor reparo, la investigación en el Tribunal Supremo sobre el movimiento de determinadas cantidades de dinero llevadas a efecto en el extranjero por el Rey Emérito, don Juan Carlos, supuestamente provenientes de comisiones que pudo percibir por su decisiva intermediación para que España se adjudicara la construcción del AVE a La Meca. Una investigación muy delicada desde el punto de vista político ya que servirá de disculpa para agudizar la campaña contra la Monarquía que vienen orquestando todos los socios comunistas y separatistas del Gobierno, que ven en la figura del Rey un obstáculo en su último fin que es la ruptura de la unidad nacional. Sánchez ha tenido muchas ocasiones para defender la Constitución y la Corona cuando se han producido ataques más o menos viscerales por parte de los portavoces de los partidos separatistas o por el actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, pero, bien por sus convicciones y objetivos políticos, o bien para no molestar a los socios a los que debe el cargo, no ha movido un solo músculo en su defensa.

Y poniendo colofón a la actividad política de la semana hay que destacar la intervención en sede parlamentaria del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la que manifestó que España sale de la pandemia del coronavirus inmersa en “una crisis constituyente”. Dada su condición de magistrado y de que es uno de los pocos ministros que muestra una indiscutible capacidad y formación, es impensable que su ladina andanada se pudiese deber a un lapsus. ¿Qué ha pretendido el señor ministro con esta extemporánea declaración? ¿Un globo sonda a ver qué reacción suscita en la sociedad o ver si sirve de espoleta para iniciar un debate para sustituir el régimen dimanado de nuestra vigente Constitución? En cualquier caso resulta cuando menos muy inoportuna. La pandemia no está superada y es susceptible de volver a repuntar en cualquier momento, aunque no deja de ser una posibilidad que la prudencia aconseja tener en cuenta, ojalá no sea así. Pero lo que es indiscutible es que España no está precisamente en estos momentos para plantearse abrir un proceso constituyente. Intentemos salvar el problemón económico que tenemos por delante. Hagámoslo con sentido social y solidaridad. Y, sobre todo, mentalicémonos que va a ser necesaria una reestructuración de la mastodóntica organización territorial y administrativa del Estado y unos recortes muy significativos en el descontrolado gasto público. Y si se aprovechara este proceso para una regeneración moral de las instituciones y de la sociedad pues miel sobre hojuelas.

No Sr. Campo ¡no! España no está inmersa en una crisis constituyente, sino en una gravísima crisis sistémica que supura por los cuatro puntos cardinales.

¡Gobierno dimisión!