La democracia, en la actualidad, tiene una configuración que, por no ser demasiado fuerte, ha producido el debilitamiento del propio sistema. Los factores que han generado la crisis son varios y están relacionados con distintos elementos que se imbrican dentro de las propias actividades públicas. Muchos son los que critican los problemas existentes, pero también hay personas que critican instrumentos propios que, bien utilizados, podrían fortalecer las manifestaciones de la democracia.

 

Francisco J. Laporta recoge en un artículo publicado en El País una exposición en la que muestra su oposición a los referéndums. El jurista indica que consultar a los ciudadanos es un método de toma de decisiones temerario, confuso y simple que puede llevar a soluciones erróneas pero irreversibles y que “nadie es responsable de lo que se vota, ni se puede exigir a nadie que asuma sus costes”.

 

Hay estudiosos que ya han respondido a las declaraciones de Francisco J. Laporta, como Isaac Ibáñez García, que señala que una cosa es criticar las posibles manipulaciones políticas que pueden producirse en un referéndum, la oportunidad del mismo y las preguntas capciosas y otra es criticar una institución democrática. Esta afirmación sirve como contestación, aunque hay que hacer algunas aclaraciones.

 

El artículo 23.1 de la Constitución Española establece que “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Este precepto recoge el derecho por el que los ciudadanos pueden participar en la actividad pública, siendo coherente con el artículo 1 de la Constitución Española, que caracteriza a España como un Estado social y democrático de Derecho en el que la soberanía popular reside en el pueblo.

 

Resulta sencillo criticar los referéndums, que son un simple instrumento jurídico para lograr la materialización de la democracia. Sin embargo, hay que preocuparse más por el fondo y por los motivos que provocan muchas decisiones aprobadas por consulta o votación popular. Además, también puede pensarse en el motivo por el que se recurre a la celebración de referéndums.

 

Es cierto que utilizar las votaciones populares conlleva aplicar “un método de toma de decisiones temerario, confuso y simple”, pero se utiliza porque es útil para los dirigentes políticos en la medida en que sirve para poder evitar la asunción de responsabilidad ante la adopción de decisiones poco populares. En cualquier caso, su mala utilización no justifica su supresión.

Criticar los referéndums implica mostrar una contundente oposición al sistema democrático. Las elecciones para elegir a los representantes funcionan de un modo similar y no son tan criticados, aunque pueden tener resultados arriesgados.

 

Debe garantizarse que no se usen los referéndums indebidamente. También hay que lograr evitar que se adopten decisiones inadecuadas, asegurando una correcta formación y una buena información para los ciudadanos, que tienen el derecho a la libertad ideológica y el derecho a poder acceder a una información contrastada en relación con los asuntos públicos, aunque tienen, también, el deber implícito de comprometerse para que la democracia pueda ser efectiva.