El Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid, recurre a bufetes privados para elaborar los expedientes que sirven para sancionar a sus trabajadores. Un portavoz del Canal asegura que se contrata a empresas privadas para esta labor para mantener la "imparcialidad" y porque el ente público no tiene servicio jurídico propio para estos temas, debido a que los expedientes que se tramitan son "muy escasos". Los trabajadores acudieron este martes a la Asamblea de Madrid para pedir el apoyo de los grupos de la oposición. Quieren un convenio colectivo propio, que incluya un régimen disciplinario propio que obligue a que los expedientes se lleven internamente desde el departamento de Recursos Humanos. PSOE y Podemos presentarán una proposición no de ley en este sentido.

 

Uno de esos despachos es DLA Piper, cuyo socio director en España es Juan Picón García de Leaniz, uno de los consejeros que fundaron junto a José María Aznar el Instituto Atlántico de Gobierno. Aznar es también asesor de DLA Piper desde mayo de 2013, aunque el bufete trabajó para el Canal entre 2010 y 2012. En esos dos años, se llevó 70.000 euros, según fuentes no oficiales del Canal. Un portavoz del bufete ha confirmado que trabajó para la empresa pública "en el asesoramiento de expedientes disciplinarios". A partir de 2012, otro de los bufetes ha sido el Estudio Jurídico Fernán González. El último expediente data de mayo de 2015.

 

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