Se está preparando una dictadura en Cataluña. Son muchos los indicios que sirven para llegar a esa afirmación, que puede resultar muy dura, aunque parece acertada.

 

En el Gobierno de Puigdemont se han estado realizando algunos cambios que han sido cruciales para garantizar la unidad ideológica en relación con la conversión de Cataluña en un país. Además, ya se ha nombrado a una persona favorable al independentismo para liderar a los Mossos d'Esquadra con el objetivo de que sirvan por una ideología poco eficiente antes que por la legislación. Lo mismo ya se intentó conseguir con los jueces y se acabará logrando con aquellos que puedan realizar las principales funciones públicas.

 

Con la actitud mostrada por los dirigentes catalanes independentistas, puede verse que no quieren dialogar. Simplemente, quieren que Cataluña sea un Estado, aunque eso perjudique gravemente a los ciudadanos que viven en ese territorio. Además hay que destacar que, desde el Gobierno estatal no ha existido demasiada diligencia.

 

Las relaciones entre Cataluña y el Estado están rotas desde hace bastante tiempo. Cada uno va a lo suyo sin dejar de hacer reproches al contrario y sin que exista un verdadero interés por alcanzar un acuerdo.

 

Mientras se procura dejar en los principales cargos a personas afines al independentismo catalán, algunos como Pedro Sánchez intentan conseguir que se condonen deudas de Cataluña con el Estado y que se impulse una reforma constitucional cuya única salida terminaría siendo la conversión de la situación fiscal de la Comunidad Autónoma catalana para que sea idéntica a las que hay en el País Vasco y en Navarra, como si el problema pudiera solucionarse dando dinero a las instituciones públicas catalanas. Ya es tarde para eso, pues la voracidad de las entidades públicas catalanas gastan más dinero que el que puede ir ingresándose por las distintas vías de financiación autonómica, que no perjudican precisamente a Cataluña.

 

En el presente momento no hay un gran margen de error. Por ese motivo, hay que empezar a pensar en la aplicación de los mecanismos jurídicos disponibles, sin que sea posible excluir alguno, como el artículo 155 de la Constitución, por el que se siente un temor como el que se puede apreciar ante lo desconocido.