En las democracias representativas rige el “principio mayoritario”, según el cual gobierna la formación política que recibe en los procesos electorales el apoyo de una mayoría de ciudadanos y, en consecuencia, obtiene una mayor representación parlamentaria. En ocasiones ningún partido político logra la mayoría absoluta para gobernar en solitario, por lo que resulta necesario el acuerdo entre distintas opciones políticas para llegar a la formación de un Gobierno de coalición. En cualquier caso, la acción del Ejecutivo surgido de las urnas debe ir encaminada a velar sin distinciones por los intereses del conjunto de la ciudadanía. En España, dada la fragmentación del voto derivada de las particularidades de la Ley Electoral vigente, lo que ha venido ocurriendo habitualmente es la formación de Gobiernos de coalición. La característica distintiva de España en relación a los países de nuestro entorno es que, debido a la fragmentada estructura territorial de la nación española y a que no es exigible presentarse a un número mínimo de circunscripciones electorales para obtener representación parlamentaria, el partido político de ámbito nacional con mayor número de votos se ve en la obligación de pactar para alcanzar el poder con una serie de formaciones políticas sin implantación nacional, con objetivos meramente regionales y, más allá de todo eso, de marcado carácter antiespañol. Esta situación, obviamente nociva para los intereses globales del conjunto de la nación española, adquiere en la actualidad tintes dramáticos. Y ello es así por varias razones, entre las que cabría destacar: en primer lugar, porque nos encontramos al frente del Gobierno de España a un psicópata como Pedro Sánchez, cuyo único objetivo, dada su absoluta carencia de principios éticos, es mantenerse en el poder de cualquier forma y a cualquier precio; en segundo lugar, porque el PSOE, reconvertido definitivamente en el Partido Sanchista, ha sido incapaz de ganarse la confianza de un número suficiente de españoles como para tener la suficiente legitimidad y fuerza como para imponer su propio Programa de Gobierno, por lo que ha optado -contra todo lo manifestado durante la campaña electoral y, por ello, de manera ilegítima- por formar un Gobierno de coalición con UP, un partido al que sus propios fundadores, a tenor de sus declaraciones e intenciones, han posicionado en un antiespañolismo patológico, derivado de un rencor atávico hacia lo que España representa, que se corresponde con la inveterada idiosincrasia del comunismo español; y, en tercer lugar, porque, al no tener el suficiente apoyo parlamentario para alcanzar el poder, la coalición PSOE-UP ha recurrido, sin escrúpulo alguno, a aliarse con unos partidos políticos de carácter independentista, xenófobo y supremacista, como son ERC -cuyos líderes han sido condenados a penas de cárcel por el delito de sedición- y Bildu -cuyos máximos dirigentes proceden del entramado terrorista etarra-. Evidentemente, como diría un labriego, con estos bueyes resulta imposible arar la tierra, por lo que con este indecoroso Frente Popular al timón de la nación española el problema no es que de su actuación no quepa esperar nada bueno, sino que radica en que tan solo cabe esperar lo peor para los intereses de la gran mayoría de los españoles.

Una buena muestra de la indecente y deletérea actuación de P. Sánchez, en gran medida condicionada por los enemigos de España, esto es, sus socios comunistas y sus aliados separatistas, son los Presupuestos Generales del Estado presentados para el ejercicio 2022. Así, los presupuestos aprobados por el Consejo de Ministros presentan el mayor gasto público de la historia, como consecuencia de la inclusión en los mismos de toda una batería de medidas de carácter obscenamente populista. Además, lejos de plantear un escenario en el que el equilibrio financiero esté garantizado -sobre todo teniendo en cuenta que la deuda pública bate récords históricos al situarse en un 125% del PIB- estos presupuestos establecen unas previsiones de ingresos absurdamente triunfalistas, ya que están basadas en unas expectativas de crecimiento económico que no se corresponden con la realidad, siendo por ello desestimadas tanto por el Fondo Monetario Internacional como por el Banco de España. Cabe señalar, por tanto, que estos presupuestos condenan a España a un mayor déficit público y a un mayor endeudamiento, estableciéndose así un círculo vicioso de difícil resolución.

Entre las principales medidas con claro tinte electoralista nos encontramos con la eliminación del vigente Índice de Revalorización de las Pensiones - según el cual las pensiones subían un 0,25% anualmente mientras la Seguridad Social estuviera en una situación deficitaria- ligando la subida de las pensiones al IPC; en consecuencia la inyección de dinero desde las arcas del Estado a la Seguridad Social se eleva a 36.276 millones de euros, lo cual supone un 16,4% más que en el ejercicio anterior, marcando, de esta forma, máximos históricos. Teniendo en cuenta, por un lado, que actualmente la Seguridad Social está en quiebra técnica, necesitando de la continua aportación del Estado, y, por otro lado, que en los próximos años se producirá la jubilación de la generación del baby boom (es decir, de todas aquellas personas nacidas en los años 60 del siglo pasado) sin posibilidad de reemplazo debido a las bajas tasas de natalidad existentes desde hace años, la situación adquiere particular gravedad, ya que nos sitúa en un escenario en el que el Sistema de Pensiones a medio plazo resulta insostenible

Asimismo, se crea el llamado “cheque cultural”, gracias al cual se destinan 400 euros a los jóvenes en el momento de cumplir los 18 años. Este dinero podrá destinarse a cualquier actividad cultural, incluyendo la compra de videojuegos, lo cual ya es de juzgado de guardia, porque en un país en el que los jóvenes apenas leen, van poco al cine, nunca han pisado un teatro  y entre sus pretensiones no se encuentra la de acudir a museos, pues ya podemos imaginarnos a donde irá a parar el dinero de los contribuyentes: a la floreciente industria de los juegos electrónicos, para regocijo de multinacionales tecnológicas y desesperación de unos progenitores que observan atónitos como sus hijos se pasan las horas muertas delante de la pantalla del ordenador o la tablet. El carácter electoralista del cheque cultural resulta evidente, si tenemos en cuenta que va dirigido específicamente a los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad, es decir, justo en el momento en el que adquieren el derecho al voto. Así, considerando que en los dos próximos años alrededor de un millón de jóvenes cumplirán los 18 años, nos encontramos que para comprar su voto se destinan 400 millones de euros, mientras que para el Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y Covid-19, anunciado a bombo y platillo, tan solo se destinan 100 millones de euros, lo cual viene a demostrar con claridad meridiana que la prioridad de la coalición socialcomunista no es desarrollar un proyecto que suponga un aumento del bienestar de los ciudadanos, sino que es su propia supervivencia política el eje rector de su acción de gobierno.

Por otra parte, estos presupuestos penalizan de forma irracional, teniendo en cuenta las características del tejido empresarial de este país, a la pequeña y mediana empresa, al elevar hasta el 15% el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades. Este nuevo hachazo fiscal se une a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (en una cuantía que prácticamente resulta simbólica a nivel individual, pero que es enormemente gravosa para las empresas con un cierto número de trabajadores en nómina) y al encarecimiento desorbitado del precio de la electricidad (que continúa marcando máximos históricos ante la manifiesta incompetencia de este Gobierno), propiciando todo ello el cierre de un número importante de pymes, la contracción del mercado laboral, determinando ambos hechos el aumento de la tasa de paro, lo cual en el caso de los jóvenes adquiere tintes dramáticos teniendo en cuenta que actualmente es del 40%.

Por último, para premiar a sus aliados golpistas por su permanente desprecio a la nación española, el Gobierno de P. Sánchez ha destinado 2.230 millones de euros a Cataluña, lo cual representa un 11,1% más que el año pasado, cuatro puntos por encima de la media nacional y el doble que el destinado a la Comunidad de Madrid, demostrándose así que este Gobierno socialcomunista paga gustosamente a felones siempre que éstos le sirvan para mantenerse en el poder, mientras que, por el mero hecho de haber recibido un respaldo minoritario en las pasadas elecciones autonómicas, penaliza a Madrid, a pesar de ser la Comunidad que más dinero aporta a las arcas del Estado.

En definitiva, los Presupuestos Generales del Estado pergeñados por la coalición socialcomunista para el año 2022 escenifican una película de calidad ínfima, cuyo título debería ser: “La Cosa Nostra buscando votantes desesperadamente”.