Un Estado de Derecho es aquel en el que la actividad de las distintas instituciones del Estado viene determinada y garantizada por la ley. En consecuencia, cuando hablamos del “imperio de la ley” estamos aludiendo a un ideal regulativo del ejercicio del poder, según el cual la legitimidad de toda institución política reside en que su actuación se ajuste a lo establecido por un conjunto de normas jurídicas preconstituidas conforme al texto constitucional. Para que ello sea factible resulta absolutamente imprescindible la independencia del Poder Judicial, la cual -como establecieron en su día Montesquieu y Locke- solo puede desarrollarse en un Estado en el que esté garantizada la “separación de poderes”.

Pues bien, desde su llegada al poder, el Gobierno socialcomunista -bajo la batuta de un personaje tan disonante con el Estado de Derecho como Pedro Sánchez- no ha hecho sino intentar neutralizar al Poder Judicial, básicamente mediante la eliminación de la separación de poderes y la deslegitimación de los órganos judiciales. El objetivo de todo ello es llevar a cabo un proyecto deconstituyente, cuya culminación no es otra que la implantación en España de una república totalitaria. Estando de acuerdo con el principio jurídico que señala que “affirmanti incumbit probatio”, a continuación demostraremos empíricamente la veracidad de la acusación que acabamos de formular.

Respetando el espíritu reflejado en el artículo 122 de la Constitución, inicialmente la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), promulgada en 1980 por el Gobierno de Adolfo Suárez, contemplaba que en la mesa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) junto a los 8 vocales elegidos por el Parlamento (4 por el Congreso y 4 por el Senado) por una mayoría cualificada de 3/5 de los miembros de cada cámara, habrían de sentarse 12 juristas de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio profesional, elegidos en este caso por los miembros de la carrera judicial. De esta forma se garantizaba que el Poder Judicial gozara al menos de un cierto grado de independencia respecto al resto de poderes del Estado. Sin embargo, con la llegada al poder del Gobierno socialista de Felipe González, la separación de poderes pasó a mejor vida, ya que en 1985 se produjo una modificación de la LOPJ, según la cual los 20 miembros del CGPJ serían elegidos a partes iguales por ambas cámaras parlamentarias. Nunca en su vida estuvo tan acertado Alonso Guerra como cuando señalo que con los cambios introducidos en la LOPJ Montesquieu había muerto definitivamente, lo cual venía a suponer la supresión de la separación de poderes, la politización del Poder Judicial y su dependencia del Poder Legislativo. Como dice el refrán “De aquellos polvos vienen estos barros”, razón por la cual en la actualidad nos encontramos ante una situación en la que la renovación de los miembros del CGPJ está bloqueada, debido a la falta de consenso entre los partidos políticos en relación al mecanismo de elección de los candidatos. Así, PP y Vox abogan por dar más protagonismo a los jueces y a las asociaciones profesionales a la hora de elegir a los 12 vocales no susceptibles de ser elegidos obligatoriamente por el Parlamento, mientras que PSOE y UP pretenden reforzar la politización del CGPJ, optando por que los 20 vocales del CGPJ sigan siendo elegidos por el Congreso y el Senado, pero con una importante disminución de los apoyos requeridos, de tal manera que para ser vocal bastaría con contar con una simple mayoría absoluta en cada una de las cámaras parlamentarias. La propuesta socialcomunista fue finalmente retirada cuando tanto el Consejo de Europa como la Comisión Europea enviaron sendos informes en los que se señalaba que la misma violaba los estándares de corrupción que rigen en la Unión Europea. De esta forma, el CGPJ se halla inmerso en una encarnizada lucha de poder en la que la coalición socialcomunista tan solo pretende nombrar vocales afines, para así obtener la suficiente influencia en el seno del CGPJ como para no verse entorpecido a la hora de desarrollar su propia agenda ideológica. Obviamente, esta pretensión intrusiva es a todas luces incompatible con el correcto funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces y, por extensión, del Estado de Derecho.

En otro orden de cosas, tras los recursos de Vox, el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales los dos “estados de alarma” decretados por el Gobierno de P. Sánchez durante los primeros meses de la pandemia. Así, el TC considera que las medidas restrictivas de derechos y libertades individuales adoptadas no estaban amparadas por un “estado de alarma”, por lo que dichas medidas fueron abusivas y desproporcionadas. Además, en relación al segundo “estado de alarma” el TC manifiesta que también fue inconstitucional el que el Gobierno decretara un periodo ininterrumpido de excepcionalidad sin control “real y efectivo” por parte de la oposición, ya que ello supuso en la práctica el secuestro del Parlamento. Asimismo, el TC entiende que tampoco se ajustó a derecho la delegación indiscriminada de medidas restrictivas a las Comunidades Autónomas (CC.AA.), dado que la mismas carecen de competencias para ello, razón por la cual también considera inconstitucional el desapoderamiento del Estado en aras de la cogobernanza con las CC.AA. Es evidente, que ante estas dos resoluciones de inconstitucionalidad cualquier presidente de Gobierno mínimamente honesto y responsable hubiera presentado su dimisión irrevocable. Sin embargo, con la amoralidad y el cinismo que le caracterizan, P. Sánchez despacho la cuestión diciendo que “lo volvería a hacer”, mostrando así su absoluto desprecio hacia la legalidad vigente.

En cualquier caso, insuficientemente satisfecho con su enloquecida carrera de despropósitos y tropelías, el Gobierno socialcomunista no se ha limitado a dinamitar el Estado de Derecho socavando el prestigio y funcionamiento del Poder Judicial, sino que también ha emprendido una decidida campaña de ayuda al delincuente.

Así, dado que el fenómeno de la “ocupación de viviendas” se ha convertido en una lacra social que no ha hecho otra cosa que aumentar desde la llegada de P. Sánchez al Palacio de la Moncloa, Cs, con el apoyo de Vox y el PP, planteó una proposición no de ley que contemplaba tanto la agilización del desalojo como el endurecimiento de penas para los “okupas”. Tan sensata proposición -que no solo perseguía beneficiar a los legítimos propietarios de los inmuebles ocupados sino también luchar de forma más contundente contra la proliferación de redes mafiosas de ocupación de viviendas- fue rechazada por el Pleno del Congreso de los Diputados con los votos en contra de la coalición PSOE-UP y sus socios separatistas y filoterroristas.

Asimismo, el Gobierno socialcomunista se niega sistemáticamente a abordar las carencias del sistema penitenciario en relación a la concesión del tercer grado a presos especialmente peligrosos o reincidentes. Estas carencias se han puesto de manifiesto de forma particularmente relevante el pasado 28 de octubre con el asesinato de un niño de 9 años en Lardero, por parte de un individuo que cumplía condena en régimen de semilibertad en la cárcel de El Dueso por violar y asesinar a una mujer. El problema radica en que, a pesar de la enorme magnitud del delito cometido y en contra de la opinión de la Junta de Tratamiento de la cárcel, Instituciones Penitenciarias -organismo dependiente del Ministerio del Interior- decidió de forma unilateral conceder al asesino la libertad condicional, propiciando así la muerte del niño. Ante semejante situación, tanto Vox como el PP interpelaron al ministro del Interior, Grande-Marlaska, cuestionando la concesión del tercer grado a este tipo de depredadores sexuales. Pues bien, en lugar de responder con la apertura de una investigación para depurar responsabilidades, el insufrible ministro respondió a la oposición con un aluvión de insultos. De hecho, en el colmo de la inmoralidad, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha un sistema de incentivos económicos a los directores de cárceles, premiándolos anualmente en función del porcentaje de presos a los que se conceda la libertad condicional. Ante tamaña aberración sobran las palabras y solo cabe el mayor de los desprecios hacia un ministro como Grande-Marlaska que ha hecho de la indecencia su tarjeta de presentación.

Finalmente, para completar su programa de promoción del crimen organizado, el Gobierno socialcomunista, ha planteado una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (LSC) que parece específicamente diseñada para entorpecer la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y facilitar la labor de los delincuentes. Así, la reforma de la LSC contempla permitir manifestaciones no autorizadas, prohibir el uso disuasorio de material antidisturbios, limitar el tiempo para la identificación de posibles delincuentes indocumentados, cuestionar la veracidad de los atestados policiales y despenalizar la grabación y difusión de policías y guardias civiles durante el ejercicio de sus funciones. De esta forma, se despoja a las FCSE de autoridad moral y capacidad operativa, dificultándose así la protección ciudadana y la lucha contra el crimen. Como es lógico, todo ello ha causado una enorme indignación en las organizaciones sindicales de la Policía y de la Guardia Civil, las cuales por primera vez en la historia han convocado unitariamente una manifestación para protestar contra una ley que, lejos de intentar garantizar la seguridad ciudadana, está orientada a proteger al delincuente y, en consecuencia, a fomentar la criminalidad en las calles.

Mostradas las pruebas que confirman la veracidad de la acusación, la sentencia solo puede ser condenatoria. Corresponde al pueblo español establecer la pena que la perversión socialcomunista merece.