Es muy probable que, aun con retraso y desgana, por fin se resuelva la denuncia de Vox contra la idoneidad de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y ésta tenga que abandonar el puesto que nunca debió ocupar.

Así mismo, este agosto se admitió la denuncia de Vox contra el director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) por malversación de caudales públicos. Una noticia que debería haber encabezado los noticieros de toda España, pero que, por supuesto, fue oportunamente escondida por la inmensa mayoría de las televisiones y periódicos en favor de otros sucesos veraniegos. Ya se sabe que la pena de telediario sólo funciona en un sentido. Que para eso se ha encargado el PSOE –con la estulta complicidad del PP y Ciudadanos– de engrasar a su favor la maquinaria mediática durante años.

Sin embargo, aunque los medios no pongan el foco en los delitos del PSOE, la naturaleza criminal de la izquierda emerge siempre con nuevas y más gruesas fechorías. Unos cuantas, por cierto, en lo que va de legislatura: desde la destitución del Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, José Antonio Nieto, por advertir del peligro de la pandemia en enero de 2020 y reclamar protección para los agentes, hasta el cese ilegal del coronel Diego Pérez de los Cobos por cumplir la ley. Recordemos que Vox presentó una querella criminal ante el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por obstrucción a la Justicia, represalias y prevaricación, y contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por prevaricación y amenazas.

No olvidemos tampoco entre los delitos del PSOE las instrucciones de su ministro del Interior a la Guardia Civil para “minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”. Órdenes desveladas de forma espontánea en rueda de prensa el 19 de abril de 2020 por el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago.

Recordemos, así mismo, el desembarco de las 40 maletas de la ministra de la narcodictadura venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas y su reunión con el ministro Ávalos. Aterrizaje que no sólo violaba la prohibición europea de viajar al espacio Schengen sino que requería de autorización al más alto nivel.

Recordemos también los 15 millones de euros para comprar la docilidad de las televisiones en plena pandemia, o los 53 millones para el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Dinero público en ambos casos, discrecionalmente malversado.

De forma burda y escandalosa, desde su incorporación al frente del CIS, José Félix Tezanos ha convertido la institución demoscópica pública en una herramienta de propaganda al servicio del PSOE. Aunque hasta ahora ni el grosero sectarismo del personaje, ni la descarada manipulación de las encuestas, ni el uso fraudulento de los fondos públicos para fines partidistas habían tenido consecuencias. Por fin se denunciaba. Y no de boquilla en el Congreso, sino de hecho en un juzgado.

En la propia web del PSOE figura que “Tezanos es catedrático de sociología de la UNED, donde organizó y puso en marcha la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, de la que fue el primer Decano; miembro del Comité Regional del PSOE de Madrid (desde 1980 a 1984); Secretario de Formación de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE (desde 1988 a 1993), donde contribuyó a impulsar los debates de Jávea sobre el futuro del socialismo y el Programa 2000; miembro del Comité Federal de dicho partido (1994-1997); Presidente de la Agrupación Socialista Madrileña (1995-2001) y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE”. De suyo, un currículo tan elocuente debería ser suficiente para desaconsejar su designación como director de ninguna institución pública; ya se sabe, por aquello de que “la esposa de César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo”. Pero como para el PSOE la falta de idoneidad no es obstáculo frente al mérito de servir a su causa, el obeso pájaro ha permanecido en su puesto perpetrando encuestas sin freno a favor de su secta con el dinero de todos. Cuando la elección del tipo en sí debería ser motivo suficiente para encausar al PSOE por prevaricación: “Delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta”. Porque, al fin y al cabo, el sujeto Tezanos hace exactamente aquello para lo que fue nombrado.

Pero como en el nombramiento de Dolores Delgado para la Fiscalía General del Estado o de Juan Manuel Serrano como director de Correos concurren las mismas causas y propósitos, pareciera que lo que debería ser prueba de la vocación delictiva del PSOE y causa agravante de sus delitos, para los medios en general no merece sino, a lo sumo, una reprimenda educadísima –véase ABC, El Mundo o 13Tv–. No vaya a ser que el Gobierno les corte el grifo de la publicidad institucional o les cuele una cabeza de caballo bajo las sábanas.

Cada día aparecen nuevas noticias que confirman que España no es una democracia y que camina desbocada hacia la destrucción de las instituciones que se supone definen un sistema de tal naturaleza. Con la constancia y fanatismo propios de la izquierda, no queda mucho para su sustitución por un régimen homologable a las dictaduras bananeras del Foro de Sao Paulo o al Afganistán “homogeneizado” por los talibanes.

Ahora bien, del mismo modo que el problema de la supervivencia y auge del separatismo catalán está, sobre todo, en la cobardía del PP genovés; el descaro e impunidad del PSOE no tienen freno porque el PP no hace oposición. Siempre sesteando, siempre tocando el violón. Siempre con la engañifa de la apariencia: que si la oratoria de Casado, que si los cuadros del PP están mejor formados que los del PSOE, que si patatín y patatán. Pero a la hora de la verdad, nada de nada.

Si no llega a ser por Vox, que interpuso la denuncia correspondiente, el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 no habría sido juzgado, ni sus protagonistas encarcelados.

¿Qué hizo el PP? ¿Qué hicieron sus máximos responsables, el tapón de la SER y abobada del Estado Soraya Sáenz de Santamaría y el percebe de Pontevedra Mariano Rajoy Brey? Nada. Recordemos la tardía proclamación del artículo 155, su inaplicación de facto y la inmediata suspensión acordada por PP, PSOE y Ciudadanos.

El PSOE del doctor cum fraude decretó un estado de excepción encubierto sin control parlamentario… Y el PP lo apoyó. Vox lo denunció y, finalmente, el Tribunal Constitucional sentenció que el estado de alarma fue inconstitucional.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, afirmaba recientemente: “ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado. Todos derivan del voto libre de los 47 millones de ciudadanos” (2 de septiembre de 2021). Justo lo contrario de lo que dice la Constitución Española en su artículo 122, en el punto tercero: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.

Casado pidió la dimisión de Bolaños por “su ataque a la democracia y al estado de derecho, a la independencia judicial, la Constitución y la UE. Un totalitarismo inadmisible”. Muy bien, correcto, inapelable… Pero el PP lleva repartiéndose con el PSOE el consejo de los jueces (CGPJ), el Tribunal Supremo y el Constitucional desde que Montesquieu fuera asesinado por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Ley urdida y perpetrada por el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra, pero nunca derogada por el PP, 36 años y dos mayorías absolutas después. ¿Alguien apuesta porque algo cambie si volviera a gobernar el PP? Pues claro que no, porque PP es la abreviatura de “paripé”.

Por descontado, hay quien todavía se deja llevar por los cantos de sirena de las buenas intenciones y los bellos discursos. Muchos españoles valoramos más los hechos.