Albert Rivera ha defendido la propuesta legislativa de Ciudadanos para que los agentes de la Policía puedan entrar sin orden judicial en inmuebles ocupados ilegalmente cuando existan indicios por los que pueda pensarse que se están utilizando para actividades delictivas. El principal ejemplo que ha puesto es el caso de los “narcopisos”.

 

La idea se encuentra en la enmienda destinada a que la Ley Orgánica 4/2015 establezca que, en el caso de viviendas u otras edificaciones, si el legítimo titular hubiese denunciado la ocupación y hubiese indicios suficientes de la posibilidad de su utilización con fines delictivos particularmente graves como los de terrorismo, tráfico de drogas y trata de seres humanos, siempre que se aporte orden judicial o autorización del titular de la vivienda, se considere causa legítima suficiente para la entrada, registro e identificación de los ocupantes, con independencia de las eventuales disputas sobre la legitimidad de los títulos jurídicos de la ocupación. En todo caso, se consideraría causa legítima, para la entrada, que se estuviese cometiendo un delito flagrante, que es aquel que se está cometiendo o que se acaba de cometer.

 

El artículo 18 de la Constitución Española indica que el domicilio es inviolable y que ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. En relación con este precepto, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que nadie podrá entrar en el domicilio de un español o extranjero residente en España sin su consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en las leyes. Concretamente, el juez instructor podrá ordenar la entrada y registro, de día o de noche, si la urgencia lo hiciere necesario, en cualquier edificio o lugar cerrado o parte de él, que constituya domicilio de cualquier español o extranjero residente en España, pero precediendo siempre el consentimiento del interesado o, a falta de consentimiento, por un de auto motivado, cuando hubiere indicios por los que pudiera encontrarse allí al procesado o elementos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación.

 

Teniendo presente las normas procesales vigentes, puede decirse que la idea de incluir una regla en la Ley Orgánica 4/2015 para acceder a los bienes inmuebles ocupados ilegalmente es insensata. En lo que se refiere a la entrada con autorización judicial, puede decirse que la medida propuesta por Ciudadanos resulta irrelevante, pues ya hay normas que lo permiten. En lo que se refiere a la entrada sin autorización judicial y con consentimiento del propietario de la vivienda, hay que destacar que la medida podría ser inconstitucional, ya que no parece que el artículo 18 de la Constitución permita la entrada en un domicilio sin el consentimiento del que habite en ella, pues, aunque pueda haberse cometido un delito de usurpación, la condena por la infracción dependerá de la sentencia que se dicte, partiendo de los hechos probados tras el desarrollo de un proceso en el que se deben haber respetado todas las garantías para el acusado, como la presunción de inocencia.