Traducción del artículo de Olivier Bault  publicado en Remix News el pasado 5 de diciembre EU parliament's latest resolution on Poland's abortion laws highlights threat of rule-of-law mechanism (rmx.news)

La respuesta del Parlamento Europeo a la batalla del aborto en Polonia presagia lo que la UE podría hacer si ganara el poder de vincular el presupuesto europeo al mecanismo del estado de derecho. Polonia y Hungría se han defendido de las sanciones del estado de derecho con su veto, pero si la UE tiene éxito, ambos países se enfrentan a la amenaza de que Bruselas dicte la política para sus gobiernos sobre inmigración, valores tradicionales y reforma judicial. “El mecanismo [del estado de derecho] es neutral y se aplica a todos de la misma manera. Todo el que respeta el estado de derecho no tiene nada que temer de este mecanismo”, dijo Manfred Weber, el líder alemán del grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, cuando Polonia y Hungría amenazaron con vetar el presupuesto y el plan de recuperación de la UE. No obstante, en la “resolución del Parlamento Europeo del 26 de noviembre de 2020 sobre la prohibición de facto del derecho al aborto en Polonia”, el mismo Weber y la mayoría de su grupo del PPE pidieron al Consejo y a la Comisión que utilizaran el mecanismo del estado de derecho, aún inexistente, y que se retuvieran los fondos del presupuesto 2021-27 para Polonia mientras la patria de San Juan Pablo II no liberalizase su ley del aborto.

El Parlamento Europeo “acoge con satisfacción el acuerdo provisional del 5 de noviembre de 2020 sobre la legislación que establece un mecanismo que permitiría la suspensión de los pagos presupuestarios a un Estado miembro que viole el estado de derecho, e insta a la Comisión a actuar con determinación sobre la condicionalidad acordada recientemente para el futuro marco financiero plurianual para 2021-2027”, señala la resolución debajo de las acusaciones de violaciones del estado de derecho por parte de Polonia debido a la falta de acceso al aborto legal. “El Parlamento Europeo y también mi grupo no retrocederán un milímetro”, dijo Weber el 30 de noviembre sobre ese mecanismo, que, si finalmente se adopta, condicionará el pago de fondos del presupuesto 2021-27 y del plan de recuperación a una evaluación por parte de la Comisión y una mayoría en el Consejo del cumplimiento de un Estado miembro del estado de derecho y de los valores mencionados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.

“Desde un punto de vista legal, está claro que la UE no tiene competencia sobre el derecho al aborto en ningún Estado miembro. La legislación en esta área se deja a la discreción del Estado miembro en cuestión”, señaló acertadamente la Comisaria de Igualdad Helena Dalli, de Malta, al comienzo del debate en el Parlamento Europeo sobre el aborto y el estado de derecho en Polonia que se celebró el 25 de noviembre. Sin embargo, a la mayoría en el Parlamento Europeo no le importa el punto de vista legal. Como se puede leer en la resolución del 26 de noviembre que “pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros para garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto, e insta a la Comisión a garantizar la SDSR (salud y derechos sexuales y reproductivos) incluyendo el derecho al aborto en la próxima estrategia de salud de la UE”. 

Sí, el señor Weber y sus amigos izquierdistas están exigiendo que la Comisión Europea viole el estado de derecho y exceda las competencias que le otorgan los tratados europeos para forzar la liberalización del aborto en toda la UE. También exigen que el Consejo Europeo “aborde este asunto y otras acusaciones de violaciones de los derechos fundamentales en Polonia ampliando el alcance de sus audiencias actuales sobre la situación en Polonia” en el marco de los procedimientos en curso del Artículo 7 y, también, como se ha dicho antes, que la Comisión utilice el nuevo mecanismo de estado de derecho para ese mismo propósito.

Para dar apariencia de legalidad a sus demandas, en la misma resolución el Parlamento Europeo decreta que el Tribunal Constitucional polaco no tiene legitimidad para interpretar la Constitución polaca y que la Comisión Europea debe asumir su papel y hacer cumplir directamente la Constitución polaca desde Bruselas. Con tales afirmaciones, los autores de la resolución del Parlamento Europeo y los 455 eurodiputados que la votaron están mostrando no solo su desprecio por el estado de derecho, sino también su ignorancia de la Constitución polaca y de las sentencias anteriores emitidas por el Tribunal Constitucional polaco, mucho antes de que fuese considerado “ilegítimo” y “no independiente” en Bruselas. De hecho, la decisión del Tribunal Constitucional del 22 de octubre era predecible a la luz de esos elementos.

También se podría hablar mucho de la falsa estimación del Parlamento Europeo de que 200.000 mujeres interrumpen su embarazo cada año en Polonia. Esta “estimación” proviene de un antiguo informe de una organización feminista polaca, la Federación para la Mujer y la Planificación Familiar, donde se ofreció como una estimación muy vaga y que no estaba respaldada por datos concretos. Hay una amplia evidencia que refuta una estimación tan inflada sobre el número de abortos en Polonia. En 1997, cuando una mayoría parlamentaria de izquierda poscomunista modificó la ley de aborto de 1993 para volver a legalizar el aborto a demanda, las mujeres polacas podían abortar legalmente a sus bebés de forma gratuita en los hospitales, como era el caso hasta 1993. Esa situación duró casi un año, hasta que el Tribunal Constitucional polaco decidió que violaba el derecho a la vida protegido por la Constitución polaca. Durante ese tiempo, hubo 3.047 abortos en hospitales polacos, incluidos 2.524 por motivos “socioeconómicos”, es decir, a demanda.

Durante años, las encuestas de opinión también han demostrado que más de las tres cuartas partes de los polacos se oponen al aborto a demanda. No obstante, según los eurodiputados, hay más abortos en la Polonia católica que en la mayoría de los países europeos donde el aborto es legal, gratuito y se presenta como “normal”, al menos según las estadísticas que citan.

Es importante señalar que la resolución proaborto del Parlamento Europeo hace referencia a la “resolución del Parlamento Europeo del 28 de noviembre de 2019 sobre la adhesión de la UE al Convenio de Estambul y otras medidas para combatir la violencia de género”. En esa resolución anterior, el Parlamento Europeo consideró que las leyes restrictivas sobre el aborto “violan los derechos humanos de las mujeres” a la luz del Convenio de Estambul, aunque ese convenio del Consejo de Europa solo condena los abortos forzados y no menciona el aborto legal como un derecho. Sin embargo, hay otras razones por las que los estados de Europa Central, incluida Polonia, han tenido reservas sobre el Convenio de Estambul. La legislación de la UE no exige que los estados miembros ratifiquen el Convenio de Estambul y, de hecho, varios se han negado a hacerlo, incluido el Reino Unido antes de que abandonara la UE. Sin embargo, en su “resolución del 26 de noviembre de 2020 sobre la prohibición de facto del derecho al aborto en Polonia”, el Parlamento Europeo “pide al Consejo que concluya urgentemente la ratificación por la UE del Convenio de Estambul, condena enérgicamente los intentos de algunos Estados miembros de revocar medidas ya adoptadas para aplicar el Convenio y luchar contra la violencia de género, y pide a la Comisión que presente una propuesta para añadir la violencia de género a la lista de delitos de la UE”. 

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La Comisaria de Igualdad, Helena Dalli, con Juan Fernando López Aguilar.

La sentencia del 22 de octubre del Tribunal Constitucional polaco significa una prohibición efectiva de los abortos cuando “los exámenes prenatales u otros datos médicos indiquen una alta probabilidad de discapacidad grave e irreversible del feto o una enfermedad incurable que pone en peligro la vida”. El aborto en Polonia seguirá siendo legal cuando un embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la madre del niño y cuando sea el resultado de una violación. En Malta, el país de origen de la Comisaria Helena Dalli, la ley del aborto es tan restrictiva que todas las formas de aborto son ilegales, pero no ha habido ninguna resolución del Parlamento Europeo sobre Malta. Por lo tanto, el Parlamento Europeo no solo muestra de nuevo muy poco interés por el estado de derecho a nivel de la UE, sino que, contrariamente a la afirmación de Weber, no es neutral y su comprensión del estado de derecho no se aplica a todos de la misma manera.

Esto tampoco es cierto solo en el caso del aborto. En enero pasado, el ex presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, finalmente se dio cuenta de este hecho. Junto con sus compañeros diputados italianos del partido de centro-derecha Forza Italia (que son miembros del PPE), se negó a votar a favor de una resolución sobre el estado de derecho en Hungría. “Para mí, está absolutamente claro que debemos aplicar las mismas reglas a todos los Estados miembros. ¿Por qué no hay procedimientos de estado de derecho contra Malta? Se demostró que representantes del gobierno de Malta estuvieron involucrados en el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia”, señaló Tajani. “Hungría se enfrentó a críticas por el asunto de la Universidad Centroeuropea, pero eso no es lo mismo que un asesinato”. 

En cualquier caso, la historia del extraordinario desprecio del Parlamento Europeo por el estado de derecho y su temprana apelación para obligar a Polonia a liberalizar el aborto, haciendo uso del nuevo mecanismo del estado de derecho, debería convencer a los líderes polacos y húngaros de mantener su veto hasta que otros países y eurodiputados de la UE acuerden abandonar este mecanismo por completo.