La Audiencia Provincial de Castellón ha declarado nula la cláusula de intereses de un contrato de tarjeta Visa por carecer de transparencia. Según la resolución judicial, la cláusula general del contrato que fija el interés remuneratorio no supera el necesario control de transparencia, toda vez que ese interés remuneratorio se establece en el reverso del contrato que se halla sin firmar por el demandado, estando en un contexto de difícil lectura, dada la letra tan minúscula que emplea para lo que se necesita el uso de una lupa no siendo suficiente las lentes usuales de lectura, resultando además de difícil comprensión para un adherente medio al utilizar conceptos y fórmulas matemáticas complicadas.

 

Hay que destacar que la normativa es contundente en lo que se refiere a las condiciones generales de la contratación. Según la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Además, hay que tener presente que el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, establece en su artículo 80 que, en los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, incluidos los que promuevan las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, deberán cumplirse los requisitos de concreción, claridad, sencillez, accesibilidad, legibilidad, buena fe y justo equilibrio para las partes, requiriéndose que el tamaño de la letra del contrato se superior al milímetro y medio o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura.

 

Si una cláusula general impuesta por el empresario vulnera las reglas, deberá ser declarada nula. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 indica que “incumbe al juez nacional, pura y simplemente, dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultado para modificar el contenido de la misma”.

 

Muchas entidades bancarias aprovechan cualquier ocasión para poder obtener el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. Resulta lógico ese deseo, pero no se puede permitir que se intente cumplir aprovechando la debilidad de muchas personas que terminan careciendo de la información necesaria para poder intervenir en el ámbito bancario.

 

La protección de los consumidores debe asegurarse, conforme al artículo 51 de la Constitución, porque a todos interesa. Al fin y al cabo, cualquiera puede llegar a ser manipulado por un banco.