Se ha constituido la ASOCIACIÓN NACIONAL DE VÍCTIMAS DEL FRENTE POPULAR. Nace en la Coruña, pero con vocación de implantarse en toda España, como indica el propio título de la Asociación. Su necesidad es incuestionable y además muy urgente, cuando la infame ley 52/2007 mal llamada “de la memoria histórica” se quiere perfeccionar ahora con otra igualmente abyecta, intitulada de la memoria democrática.

Es lo cierto que esta asociación debió haberse constituido en el mismo instante en que se promulgó la nefanda ley 52/2007. Precisamente, por no haberse hecho en su momento, el nuevo Frente Popular, -que sin haber sido votado detenta el Gobierno- se dispone a corregir los “fallos” que tenía la anterior Norma. Pues aunque mediante una interpretación torticera de la ley y su aplicación prevaricadora, se ha consentido que se exija, lo que en forma alguna está amparado por la Ley, se quiere ahora con la nueva aberración democrática que se está tramitando, cerrar la posibilidad de que algún juez no prevaricador dé la razón a quienes presenten demandas contra las arbitrariedades que se van a cometer.

Para que esto sea cabalmente comprendido, y como para muestra vale un botón, citaremos dos.

Con la ley 52/2007 no se puede prohibir, proscribir ni perseguir -como se está haciendo- el escudo con el águila de San Juan que figura en la primera página de la vigente Constitución de 1978.

Vamos a verlo.

En el proyecto de esta infame ley, en su artículo 17 Símbolos y monumentos públicos se establece la retirada del Escudo que se identifica con el régimen instaurado en España al término de la Guerra Civil. Pero en cambio, al aprobar la ley, en el artículo 15 y con el mismo título que en el proyecto de ley, se suprime esta referencia concreta al escudo que se identifica con el régimen instaurado al finalizar la guerra… y se sustituye por una prolija “gaseosa” en forma de circunloquio para imponer lo que no era posible exigir.

Y así quedó redactado el artículo 15 de la ley 52/2007 en los siguientes términos: Retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

La cosa no es baladí, y pone de manifiesto el dolo de los promotores de la ley, queriendo orillar el problema legal que se les presentaba. En efecto, con la redacción dada en el proyecto de ley, al declarar ilegal el escudo del anterior régimen y exigir por ello su retirada, demolían toda la Transición. Pues era tanto como declarar ilegal el Régimen de Franco. Algo que era esencialmente lo buscado, pero que no podía establecerse en una ley. Pues en tal caso era ilegal la Ley de la Reforma Política, La Constitución, la Monarquía e incluso la propia Ley 52/2007 que se pretendía aprobar. Y en definitiva quedaba fuera de la ley toda la estructura política que había surgido del Régimen de Franco por transformación legal -el famoso de la ley a la ley de Torcuato Fernández Miranda- fundamento de la Transición y del actual Régimen político.

El problema era ciertamente de enorme magnitud ¿cómo resolverlo? La solución era fácil pues ya había experiencia en ello. Al igual que se había hecho al redactar la Constitución, el “procedimiento” era dar a la Ley una redacción lo suficientemente ambigua para que en su aplicación se pudiera imponer lo que la ley no disponía… porque no podía disponerlo sin que se derrumbara todo el edificio de la Transición. Y así se hizo con la connivencia de quienes se prestaron al “enjuague” permitiendo que luego se exigiera la retirada de unos símbolos a lo que no obligaba la ley 52/2007.

Porque como ya se ha dicho otras veces -pero es imprescindible seguir repitiéndolo- el escudo con el águila de San Juan en ningún caso puede considerarse como “Escudo, insignia, placa u objeto o mención conmemorativa de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura” sino como lo que realmente es; el que fue Escudo Oficial de la España Una Grande y Libre durante más de 43 años, reconocido por toda la comunidad internacional. Y por ello, aunque haya dejado de ser el escudo oficial de la bandera, es acreedor del mayor respeto y obligada su conservación como vestigio histórico.

El segundo caso, que también debe citarse como ejemplo de interpretación torticera y aplicación prevaricadora de la Ley 52/2007, es el relativo a la División Azul. Cualquiera que lea la ley comprobará que ni por su ámbito temporal, ni por estar contemplado en ninguno de sus artículos, puede verse afectada. Sin embargo se ha estado justificando como imperativo legal la retirada de las calles y monumentos dedicados a ella. Sin otra razón ni motivo mas que el hecho de que los voluntarios de la División Azul fueron a combatir a un comunismo que hoy detenta el Gobierno de España.

Y de forma vergonzosa e inaudita, esta persecución a la División Azul -hecho manifiestamente ilegal- ha sido secundada por el Ejército, ciscándose en el artículo 16 de las Reales Ordenanzas. Y sin que ningún miembro de la “cúpula militar” lo haya impedido. Algo que debería haberse hecho, pues al no tener amparo legal, la exigencia de proscribir la gesta de la División Azul y a sus héroes, no podía tener categoría de orden. Sino de imposición arbitraria. Y por ende contraria a la subordinación y disciplina. Pero claro, “a libre designación corresponde libre cese” y ante esta aberración legal, el Ministro o la Ministro de Defensa pueden tratar a los generales como si fueran ujieres de Ferraz. Porque con los nombramientos en su mano, y la posibilidad de cesar a quien no se avenga a ser dócil, los vicios de la política han contaminado los escalafones. Según aquella advertencia de Alfonso Guerra: “El que se mueva no sale en la foto”.

Pues bien, los dos ejemplos propuestos,  junto a la intención de ocultar los crímenes cometidos por sus ancestros ideológicos y su responsabilidad en el estallido de una guerra civil -que provocaron y perdieron- es lo que ha llevado al Gobierno del nuevo Frente Popular (conjunción rojo-separatista ahora como en 1936) a su intento de promulgar la nueva “Ley de la Memoria Democrática” con la que se pretende “perfeccionar” la Ley 52/2007 evitando que jueces imparciales, independientes del poder político -a los que no sea posible hacerles prevaricar con el ofrecimiento de canonjías- se opongan a sus designios. El segundo objetivo de esta nueva ley es el dotarla de un régimen sancionador, lo suficientemente represivo, como para evitar que las nuevas víctimas cuestionen, de palabra o por escrito, las “verdades oficiales” con las que quiere el actual Gobierno blanquear a sus ancestros como legatario que es de aquellos asesinos del Frente Popular.

Porque este nuevo Frente Popular conjunción rojo-separatista ahora como entonces -ya se ha dicho, pero debe repetirse- es heredero y continuador de aquel que en 1936 condujo a la guerra civil. Una guerra que buscó pensando en ganarla, para así poder aniquilar a la odiada derecha. De igual forma que hoy lo busca mediante unas cainitas leyes de la memoria. Que ni es histórica ni democrática.

No es histórica, porque pretende precisamente tergiversar la historia. Y no es democrática porque quiere imponerse mediante la persecución de los investigadores, la manipulación de los archivos y la ocultación de las fuentes primarias. Todo ello con el fin de imponer su falso relato. Tal es el caso del expolio del archivo de Salamanca y la pretendida requisa de archivos particulares.

Sirva este exordio para poner de manifiesto que si el Frente Popular que actualmente gobierna -desgobierna- España, heredero ideológico de los asesinos de 1931-1936 (cuyos crímenes nunca ha condenado) está consiguiendo mediante las “leyes de memoria” ocultar las atrocidades cometidas por sus ancestros y hacer recaer la culpa sobre las víctimas, ha sido por el silencio culpable de sus descendientes. Y aún sería preciso decir silencio culpable y suicida. Porque es sabido que la historia se repite… especialmente cuando leyes sectarias y cainitas imponen un falso relato mediante el cual los asesinos son presentados como “defensores de la democracia”

Precisamente para evitar esta manipulación histórica se ha creado la Asociación Nacional de Víctimas del Frente Popular y entre sus promotores se encuentran dos personas a quienes afecta directamente, por tener familiares víctimas del Frente Popular.

Uno de ellos es Francisco Míguez Fernández cuyo tío, sacerdote, fue asesinado en Málaga el 15 de agosto de 1936. Sin juicio ni simulacro de juicio. Sin más motivo que ser religioso. Su sobrino ha solicitado, de acuerdo con la ley 52/2007, la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal que le ha sido concedida el 11 de noviembre del 2020, firmada por Carmen Calvo Poyato Vicepresidenta Primera del Gobierno de España y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

 

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Y es oportuno hacer unas precisiones.  La primera es que aunque en el documento no se recoge, el religioso Francisco Míguez Fernández para el cual pide su sobrino la declaración de reparación y reconocimiento personal, tras ser fusilado fue rociado con gasolina y, y todavía vivo, fue quemado. También el hecho de que tras hacer la solicitud y pasado mucho tiempo, el sobrino recibió la Declaración por correo en su domicilio. Mientras que a las personas que habían solicitado igual documento como “familiares de víctimas del franquismo” se les entregaron los documentos en la Delegación del Gobierno en un acto público. Al que se convocó a la prensa, teniendo amplia cobertura mediática y ofreciéndoles al final un ágape del que se desconoce si estaba financiado con los presupuestos librados para “búsqueda en cunetas y fosas comunes” de “represaliados” o el importe de la cuchipanda se detrajo de otras partidas presupuestarias.

Finalmente resaltar la anomalía democrática que supone el hecho de que entre las funciones de la vicepresidencia primera se englobe la “Memoria Democrática” a la que de tal forma se le está dando carácter de naturaleza antes de que la Ley de Memoria Democrática sea debatida en el Parlamento y en su caso aprobada, rechazada o enmendada. Con estas argucias, propias de las más depuradas técnicas de la guerra ideológica, se va acostumbrando a la población a que asuma, mediante la aceptación de los términos, las ideas que subyacen detrás. Con ello se pretende manipular las mentes, preparándolas para que acepten de forma inconsciente las imposiciones ideológicas. Lo cual supone un verdadero lavado de cerebro al utilizar la semántica como arma ideológica (AQUÍ).

Por su parte el autor de estas líneas, uno de los promotores de la Asociación Nacional de Víctimas del Rente Popular, también ha iniciado los trámites para solicitar la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal por la muerte a manos de milicianos socialistas de su tío abuelo Marcelino Valentín Gamazo y de sus tres hijos. Una de las muchas salvajadas cometidas por el Frente Popular. Pues consistió en el asesinato de un padre y de sus tres hijos con muestras de inaudito sadismo. Ya que dieron muerte primero al hijo pequeño de 17 años -poco más que un niño- y luego a sus hermanos de 19 y 21. Finalmente al padre, a quien obligaron a presenciar la muerte de sus hijos. Esta muestra de suprema crueldad, fue la respuesta a la petición del padre de que lo mataran primero. Bien fuera para no presenciar la muerte de sus hijos, o con la esperanza de que tras matarlo a él respetaran sus vidas. AQUI.

 

Estela funeraria Valentín Gamazo
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Y no se piense que este crimen de acabar con todos los miembros de una familia es un caso único o excepcional. Hay bastantes más, que la Asociación de Víctimas del Frente Popular quiere rescatar del olvido evitando que con las “Leyes de Memoria” los asesinos sean elevados a los altares laicos como “luchadores por la democracia” humillando a las víctimas en un nuevo y verdadero asesinato histórico post mortem

La familia a la que se hace referencia es la formada por el padre, Alejandro Arizcún Moreno… ¡¡¡y sus cuatro hijos!!! Ramón, Francisco, Luis y Carlos, Arizcún Quereda. El pequeño también de tan solo 17 años.

El documento que se inserta tiene una enorme importancia histórica. Efectivamente, vemos que es un “documento oficial” con el que se extrae a los presos de la cárcel. Está firmado por Serrano Poncela, el lugarteniente de Santiago Carrillo, que era el Delegado de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid. Una rata inmunda que delegaba la firma en su subordinado. Pero que obviamente estaba enterado de todo. Porque supervisaba u ordenaba lo que ejecutaban sus subordinados. También es interesante observar que la orden dada al director de la cárcel General Porlier era para poner en libertad a los detenidos (sírvase poner en libertad) pero que los nombres seguidos de un discreto “punto” indicaba que deberían ser asesinados.

Lápida conmemorativa de asesinados por el Frente Popular en la que se incluye a la familia Arízcun (AQUÍ en PDF para verla bien)
Declaración de los hechos en la Causa General sobre la familia Arízcun (AQUÍ en PDF para verla bien)

Este macabro procedimiento ideado por la Consejería de Orden Público (cuyo titular era Santiago Carrillo, preciso es repetirlo una y mil veces) fue el empleado para las siniestras sacas. Esto del punto a continuación del nombre era naturalmente un formulismo cuando las extracciones para el asesinato alcanzaban a un limitado número de presos. En las jornadas como el 7 de noviembre (casi mil presos sacados de la cárcel Modelo) y en días sucesivos varios centenares de otras cárceles, no se molestaban en añadir un punto al final de los nombres del listado. Quienes se hacían cargo de los presos sabían que a todos los integrantes de aquellas interminables listas había que darles muerte. De la “logística” ya se había encargado la Consejería de Orden Público de la Junta de defensa de Madrid. De abrir las fosas comunes obligaron los habitantes de los pueblos próximos. Al Ayuntamiento de Madrid se le requisaron temporalmente los autobuses municipales para el traslado de las víctimas. Se reclutó a los milicianos de la Consejería para la custodia de los convoyes y ellos también serían los asesinos encargados de dar muerte los presos. No obstante no debían ser suficientes, o se les acumuló el trabajo, porque tuvieron que pedir ayuda a los miembros de las Brigadas Internacionales que ya habían llegado a Madrid. Y cuya presencia en el exterior de la Cárcel Modelo la tarde del día 6 de noviembre (la víspera de la primera gran “saca”) la documenta Félix Schlayer, cónsul de Noruega en Madrid, en su libro Diplomat im roten Madrid traducido al español con el título de MATANZAS EN EL MADRID REPUBLICANO (editorial Áltera 2005).

Integrantes de las Brigadas Internacionales, colaboradores del genocidio, que la infame ley 52/2007 en su exposición de motivos y en el artículo 18 considera de justicia hacerles un doble reconocimiento singularizado.

Añadir también que Madrid en aquellas fechas era una ciudad prácticamente cercada por los Nacionales, sin más vías importantes que la carretera a Zaragoza y Barcelona y la de Valencia. Obviamente esos accesos estaban vigilados por los rojos, tanto para evitar que habitantes de Madrid se pasaran a los Nacionales como impedir incursiones o golpes de mano de las fuerzas “rebeldes” Así pues estos accesos estaban vigilados por milicianos de la Consejería de Orden Público (lo que ahora se llama “chek point”) que además de exigir un salvoconducto para dejar salir a los autobuses municipales hacia Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz, podían comprobar que los pasajeros hacinados en su interior iban atados y custodiados por sus compañeros milicianos de la Consejería de Orden Público. Unas horas después, cuando volvían a franquearles el paso, los autobuses estaban vacíos. Así un viaje tras otro… Y Santiago Carrillo “el Benemérito de la Transición” no sabía nada.

Fosas de Paracuellos del Jarama (1941): paradigma de las vesania frentepopulista

Pues precisamente para que no se tergiverse la historia, para que la memoria de las víctimas no sea profanada, para que los descendientes de esas víctimas no tengan que pasar por la humillación de ver como los asesinos -que tras ser juzgados pagaron con la vida sus culpas- son elevados a los altares laicos por las “leyes de la memoria” como “luchadores por la democracia y la libertad contra el franquismo, es para lo que se crea la Asociación Nacional de Víctimas del Frente Popular con una primera tarea. Que todas aquellas personas que tengan familiares víctimas del Frente Popular inicien los trámites oportunos para solicitar la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal. Algo que hasta la fecha solamente lo están haciendo las llamadas “víctimas del franquismo”.

Dejando no obstante bien sentado que si en algún caso pudo haber víctimas inocentes de personas afines al Frente Popular -errores judiciales siempre puede haberlos- sus familiares tienen todo el derecho del mundo a que se les conceda el reconocimiento y reparación personal. Pero en ningún caso se les debe conceder a los familiares de los asesinos que fueron ejecutados, o sufrieron prisión, tras ser condenados en juicios donde quedó acreditada su culpa.

Porque es cierto que en Zona Nacional, durante las primeras semanas después del Alzamiento, hubo algunos excesos o muertes extrajudiciales a las que no se quiere “blanquear” y hay que llamarlas por su nombre: asesinatos. Pero fueron muy pocas y cortadas rápidamente en Zona Nacional, con “bandos” o disposiciones por las que solamente podían ordenar una detención las autoridades militares una vez que hubiera indicios ciertos de la comisión de un delito. Con ello se evitó el que por animadversión o rencillas personales, alguien se tomara la justicia por su mano. Es conocido el caso de Salamanca, donde en las primeras semanas los nacionales fusilaron a unos falangistas, precisamente porque habían matado a unos convecinos por viejos rencores. Esto en Zona Roja no sucedió jamás.  Y al asesinato masivo de “fascistas” -o sospechosos de serlo- se sumó el de curas, monjas, lectores del ABC, personas “de misa” o simplemente para robarles. Incluso para evitar la devolución de un préstamo se mataba al acreedor.

Un ejemplo entre miles: Bando del comité Revolucionario del Frente Popular de Játiva (AQUÍ en PDF para verlo bien)

En Zona Roja, el terror y la persecución desatadas tanto por las autoridades del Frente Popular como por los partidos políticos y organizaciones sindicales (CNT, UGT, FAI, PSOE, PC) e incluso por simples chulos de barrio constituidos en “organizaciones” -cuadrillas de una suerte da bandoleros urbanos- duraba hasta que las poblaciones iban siendo liberadas por los Nacionales. Otra diferencia sustancial es que en la Zona Nacional no hubo checas, mientras que en el Madrid Rojo el Catedrático Luis Togores ha documentado cerca de trescientas. Tampoco se exterminaron familias enteras. Y en cuanto a la “represión del franquismo” hay estudios serios que la cuantifican en su justo término, muy inferior a lo que quiere establecer el actual Frente Popular en el Gobierno. Y desde luego el número de víctimas fue muy inferior a las causadas por la represión de las “democracias” victoriosas en Francia y en Italia entre verdaderos o supuestos “colaboracionistas”

De no haber ganado la guerra Franco, de haberla ganado los integrantes del Frente Popular, se habría producido un inmenso genocidio sobre los vencidos. Y una vez acabada con la eliminación de por lo menos media España, se habrían enzarzado entre las distintas facciones del Frente Popular. Y ese segundo baño de sangre no hubiera finalizado hasta que la URSS hubiera impuesto el “orden” del Partido Comunista. Purgas masivas incluidas. Y con suerte España habría sido como una nueva Albania, saliendo de la miseria y la ruina en las postrimerías del S. XX. Eso con suerte, pues sin ella, con el comunismo en Rusia y en España, cogida Europa entre la espada y la pared, el bolchevismo se habría adueñado de todo el continente.  Y tal vez ahora comenzaría, ya en el S. XXI, una tímida Perestroika.

Pero afortunadamente -gracias a Dios- Franco ganó la guerra.

Hechas estas consideraciones veamos cuales son las finalidades de la Asociación, tal como se reflejan en sus Estatutos. Como se puede comprobar tras su lectura, la consideración de víctimas y en consecuencias la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal, no se limita a las Victimas del Frente Popular entre 1931 y 1939 sino que abarca a las víctimas de las Brigadas Internacionales, del bandolerismo comunista del maquis, de la ETA, el FRAP, el GRAPO, etc. Y nadie debe sorprenderse por ello, es obligado incluirlas. Pues cuando la infame ley 52/2007 y la igualmente abyecta que se encuentra en trámite parlamentario, “Ley de la Memoria Democrática” considera que estas organizaciones criminales luchaban contra el “franquismo” y que gracias a esa lucha tenemos hoy democracia, debe concluirse que con mucha más razón y derecho deben tener reconocimiento las víctimas de estas organizaciones y sus familiares.

Mª Dolores Ledo, embarazada de 7 meses, y su marido Pedro Barquero asesinados por ETA

Por ello se anima a todas las personas que tengan algún familiar que fue víctima del maquis, de la ETA, o de alguna de las otras organizaciones criminales que supuestamente contribuyeron a traer esta democracia, cubran los impresos adjuntos, y tras recabar la documentación que lo acredite, soliciten la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal. Tanto si la acción causó la muerte como si produjo heridas. Y en justa reciprocidad a lo que se establece en la exposición de motivos de la Ley 52/2007 (también en fin, a quienes perdieron la patria al ser empujados a un largo, desgarrador, y en tantos casos irreversible exilio) que lo soliciten también quienes tuvieron que abandonar las provincias vascongadas empujados por el terrorismo.

Alguien podrá decir que esta asociación es contraria a la necesaria reconciliación de los españoles. Es cierto, pero no hemos sido los familiares de las víctimas del Frente Popular los que hemos empezado. Quien ha desenterrado el hacha de guerra es una izquierda revanchista y cainita. Primero con el bobo solemne de Zapatero… y ahora con ese petulante miramelindo que okupa La Moncloa. La terrible responsabilidad del nuevo enfrentamiento entre españoles -del que aún está por verse las consecuencias- recaerá sobre el PSOE y sus leyes sectarias y cainitas. De igual forma que recae la guerra 1936-1939.

Porque la infame ley 52/2007  comienza con inaudito cinismo en su exposición de motivos hablando del espíritu de reconciliación y concordia que guió la Transición cuando es lo cierto que todo su articulado establece el principio de que unos eran “los malos” y otros “los buenos” sin discernir que entre los para la ley “buenos” hubo abyectos criminales a los que reivindica como “luchadores por la libertad y la democracia”. Por el contrario las víctimas de tales asesinos están en la categoría de los malos. Puesto que se acogieron a un Régimen que les había salvado la vida. Por ello se insiste en calificar como de inaudito cinismo el que se haga referencia al espíritu de reconciliación y concordia de la Transición. Cuando es lo cierto que si ese espíritu anidó alguna vez en la izquierda, lo ha dinamitado la propia ley 52/2007 de la sectaria memoria histórica. Igual cinismo rezuma la ley de la memoria democrática que ahora se está tramitando en el Parlamento. Pues envolviendo un excremento legal en la panacea de la palabra democracia, se quiere disimular con nata lo que no es otra cosa que una pestilente y sectaria mierda. Precisamente con la palabra democracia se trata de ocultar su carácter netamente totalitario, maniqueo y falaz.

Y para finalizar nada mejor que insertar los estatutos de la Organización Nacional de Víctimas del Frente Popular, AQUÍ.

Impulsando a todas las personas que tengan familiares víctimas del mismo (de las organizaciones que lo conformaron en 1931-1936 o de las que lo apoyan en la actualidad) a que soliciten la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal a cuyo fin se inserta el correspondiente formulario.

DESCARGAR FORMULARIO AQUÍ

En caso de tener dificultades para cubrirlo, o necesitar ayuda para iniciar los trámites administrativos, que no duden en ponerse en contacto con la Organización informando del hecho para el que se quiere solicitar la Reparación y aportando copia de los documentos que acrediten la condición de víctima de su familiar.

A cuyo efecto se inserta la dirección del correo electrónico y la página web donde se pueden seguir las actividades de la Asociación Nacional de Víctimas del Frente Popular.

Correo:   victimasdelfrentepopular@gmail.com

Página Web:   https://victimasdelfrentep.wixsite.com/website