Muchas personas están pendientes de lo que puede terminar ocurriendo en Cataluña, aunque es cierto que hay otros asuntos de vital importancia que afectan a los españoles. El alzamiento político y mediático de los secesionistas catalanes está atrayendo la luz de los focos y la atención de los ciudadanos, que están comenzando a analizar la conducta de todos aquellos que están o deberían estar implicados en la controversia territorial.

 

Hay algunas voces que están cuestionando, enérgicamente, las labores de Felipe VI en todo lo referente a la posible independencia de Cataluña. Las razones de las criticas se hallan, principalmente, en la idea de que que el jefe del Estado español debería actuar con más contundencia para evitar los actos de promoción del secesionismo.

El problema principal es que el artículo 56 de la Constitución establece que el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Ese precepto sirve para que algunos puedan decir que Felipe VI debería desarrollar actividades que frenen el funcionamiento del aparato propagandístico independentista catalán, pero indica algo muy distinto a lo que muchos creen.

El monarca en España tiene una función simbólica, que no incluye los actos ejecutivos en la medida en que el rey reina pero no gobierna. Esta idea puede extraerse revisando los artículos 56 a 65 de la Constitución, que recogen varias reglas sobre el papel que debe desempeñar el rey, señalándose expresamente que el monarca deberá intervenir, generalmente, para realizar actos reglados, en los que no va a tener influencia con su opinión o con su valoración, con el refrendo del presidente del Gobierno o de los ministros competentes, aunque también se recoge una regla especial para el artículo 99 de la norma suprema.

Guste o no guste, lo más contundente que puede hacer Felipe VI es usar la fuerza de la palabra en sus discursos, para seguir siendo un símbolo de unidad y permanencia mientras sea posible. Todo lo demás depende, para o bien o para mal, del Tribunal Constitucional y del Gobierno estatal.