A pesar de que allí donde ha triunfado el socialcomunismo no ha hecho otra cosa que oprimir a la población y propagar la miseria, sus adeptos en general adolecen de una suerte de supremacismo moral que los lleva a dedicar todo tipo de improperios a las organizaciones y personas de derechas, mientras, a su vez, se rasgan las vestiduras cuando alguien osa rebatir sus postulados ideológicos y sus prácticas políticas. Así, algunos “conocidos”, ideológicamente zurdos, han criticado mis planteamientos políticos, tildándolos de radicales; es decir, que en lugar de entablar un diálogo intelectualmente honesto orientado a desmontar dialécticamente la crítica al socialcomunismo, se limitan, probablemente por carencias argumentales, a proferir descalificaciones “ad hominem” que en nada contribuyen a enriquecer el debate. Ante esta situación entiendo necesario establecer dos aclaraciones: así, en primer lugar, quiero dejar claro que efectivamente soy radicalmente intolerante ante la maldad, la injusticia, la arbitrariedad y la hipocresía; y, en segundo lugar, entiendo necesario señalar que el actual Gobierno socialcomunista, con Pedro Sánchez a la cabeza, atesora todas las cualidades que acabamos de enumerar, por lo que mi absoluto rechazo al malévolo despotismo que caracteriza al socialismo del siglo XXI en realidad no es otra cosa que un canto a la libertad.

Confirmando de manera fehaciente lo que acabamos de describir, el Gobierno socialcomunista continúa perpetrando una fechoría tras otra, lo cual a estas alturas no debería extrañar a nadie, ya que el psicópata monclovita es incapaz de perder una sola oportunidad de demostrar a la humanidad que es un consumado maestro del trile.

Para comenzar el baile resulta oportuno señalar que el Gobierno de P. Sánchez ha infringido en más de 1.200 ocasiones la Ley de Transparencia, razón por la cual acumula apercibimientos por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en los que se señala el ocultamiento ilegal de información relativa a muchas de las actividades de interés público llevadas a cabo por la coalición socialcomunista. Evidentemente, solo cabe pensar que esta descarada opacidad informativa está relacionada con el desarrollo, desde una posición dominante, de una serie de prácticas de gobierno que nada tienen que ver con el interés general y el bien común, sino que están fundamentalmente orientadas al disfrute particular de las prerrogativas y prebendas que el poder proporciona cuando se hace un uso ilegítimo del mismo.

En otro orden de cosas, en 2018 P. Sánchez colocó al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) al socialista José Félix Tezanos. Desde ese fatídico instante el ente público ha ido degenerando progresivamente hasta convertirse en un instrumento propagandístico al servicio del Gobierno socialcomunista, lo cual le ha hecho perder toda la credibilidad adquirida tras años de ardua tarea. Así, sondeo tras sondeo, las predicciones electorales del CIS adulteran sistemáticamente la realidad estadística que intentan reflejar, mediante una burda manipulación de los datos que solo tiene como finalidad animar y movilizar al electorado socialista. El último y bochornoso episodio protagonizado por Tezanos ocurrió en relación a las elecciones a la Comunidad de Madrid, en las que el CIS, en contra de las predicciones realizadas por todas las empresas demoscópicas independientes, otorgaba una mayoría absoluta a las fuerzas de izquierdas, algo que resultaba inconcebible para cualquier persona con una mínima capacidad de análisis de situación, como se demostró a la postre cuando Isabel Díaz Ayuso recibió el apoyo mayoritario de los madrileños, obteniendo una victoria electoral aplastante. De esta forma P. Sánchez ha convertido a Tezanos en Pepe Gotera, al CIS en una empresa de chapuzas y a sus sondeos electorales en una tira cómica. Sin embargo, más allá de la gracia, la sectaria utilización del CIS por parte de Tezanos supone un caso evidente de prevaricación y malversación de caudales públicos, razón por la cual este lamentable sujeto debería acabar siendo juzgado por los tribunales de Justicia.

Pero la cuestión propagandística no se limita al CIS, de tal forma que el Gobierno de P. Sánchez ha presupuestado para el año 2022 la friolera de 158 millones de euros destinados a publicidad institucional, lo cual supone prácticamente el triple de lo invertido en 2019. Es decir que, mientras una inflación desbocada golpea a las clases bajas y medias, unos impuestos confiscatorios asfixian a los trabajadores, autónomos y pymes y un millón de personas han entrado en situación de pobreza extrema durante el año 2021, el Gobierno socialcomunista nos obsequia con una gasto desmesurado en campañas de maquillaje político en beneficio propio. En el fondo, todo ello viene a demostrar que la coalición socialcomunista se ha rendido a la evidencia de que son unos perfectos inútiles, fiándolo todo a comprar la voluntad de los medios de comunicación para, de esta forma, convencer a los ciudadanos de las inexistentes bondades de las políticas que desarrollan.

También en el ámbito legislativo los desmanes se suceden sin solución de continuidad. Así, tras secuestrar a la ciudadanía y amordazar al Parlamento, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional, el Gobierno socialcomunista ha recurrido en diversas ocasiones a torcer la voluntad del Parlamento mediante la presentación de proyectos de ley que aglutinan diferentes cuestiones que nada tienen que ver entre sí. El último de estos casos se ha dado tras la decidida voluntad de P. Sánchez de imponer el uso de mascarillas en exteriores, una decisión acientífica  que no comparte la mayoría del Parlamento, razón por la cual ha dispuesto que se vote conjuntamente con la revalorización de las pensiones, lo cual evidentemente constituye un chantaje a la oposición, una prostitución de la democracia representativa y un absoluto desprecio de la voluntad popular.

Asimismo, el Gobierno socialcomunista con el apoyo de los separatistas ha aprobado una “Ley de Vivienda” la cual, en primer lugar, como ha establecido el Consejo General del Poder Judicial, altera el normal entendimiento de la propiedad privada e invade ilegalmente competencias autonómicas, y, en segundo lugar, interviene el mercado inmobiliario de manera absolutamente contraproducente, como se ha demostrado en Berlín y Barcelona, ya que poner un tope al coste del alquiler de viviendas solo trae consigo una contracción de la oferta y un alza de los precios. De esta forma, P. Sánchez demuestra su falta de respeto hacia la legalidad vigente y la poca importancia que da a la efectividad de sus políticas, por lo que solo cabe inferir que lo realmente guía su acción de gobierno es la propaganda populista.

Más bochornosa ha resultado la aprobación fraudulenta por un solo voto de la “contrarreforma laboral”, como consecuencia de un cambio en el sentido del voto telemático emitido por el diputado del PP Alberto Casero, debido a un error humano o a un fallo informático. Pues bien, la presidenta socialista del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, incumplió hasta tres veces el Reglamento aprobado en 2012 en relación al voto telemático. Así, en primer lugar, no confirmó telefónicamente la emisión y el sentido del voto del diputado popular, en segundo lugar, tras ser informada por Ana Pastor del equívoco, se negó a convocar a la Mesa del Pleno para tramitar la modificación de dicho voto  antes del inicio de la votación presencial y, en tercer lugar, no permitió el acceso al pleno de A. Casero antes de que diera comienzo la sesión parlamentaria para así anular el voto telemático y votar presencialmente conforme a su verdadero criterio. De esta manera, de prevaricación en prevaricación avanza la coalición socialcomunista imponiendo de forma totalitaria su proyecto político, mientras la ciudadanía contempla atónita el desmoronamiento de la democracia.

Si bien todo lo expuesto es indicativo de la miseria institucional en la que se haya inmersa la nación española por obra y gracia del socialcomunismo, lo que está ocurriendo con el caso de las menores tuteladas ya entra dentro del espectro sociológico de lo repugnante. Así, tras destaparse los múltiples casos de abuso y explotación sexual de menores tuteladas en Baleares y Valencia, los respectivos Gobiernos socialcomunistas, presididos por Francina Armengol y Ximo Puig, se han negado sistemáticamente a las propuestas realizadas por Vox, el PP y Cs en el sentido de crear una comisión de investigación que permita depurar responsabilidades. Consecutivamente el Gobierno de P. Sánchez ha conseguido sacar adelante en el Congreso una comisión de investigación para rastrear los casos de abusos sexuales cometidos hace décadas en el seno de la Iglesia, negándose, a su vez, a incluir en la investigación el caso de las menores tuteladas prostituidas actualmente en Baleares y Valencia. Es decir, que la violación de los derechos de los menores solo parece preocupar a los prebostes socialcomunistas cuando tan deleznable acto es perpetrado por alguno de sus enemigos políticos, pero en ningún caso parece afectarles cuando son los suyos los que se hallan inmersos en la comisión del delito. Con ello, los socialcomunistas vienen a demostrarnos por la vía de los hechos que cada uno de sus eslóganes publicitarios no es más que un cínico discurso bajo el que pretenden esconder una miseria moral que no tiene límites.

Decía el escritor ruso Fiódor Dostoyevsky que “La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles”. Desconozco si llegará el día en que esto ocurra, pero desde luego hoy no es ese día.