Viendo cómo se tambalean hoy en día las libertades en España, que un oscuro conglomerado de medios extremistas, encabezados por el diario Público y jaleados por TV3, lleven desde el año 2020 acusando a un capitán del Ejército del Aire de pertenecer a una organización nazi, seguramente no sorprenda a nadie. Sorprenderá menos aún si se tiene en cuenta que quien da soporte a estas informaciones, de una pésima calidad, por cierto, es Carlos Enrique Bayo Falcón, quien se define a sí mismo como extremista de izquierdas y es hijo de dos miembros del Partido Comunista que fueron detenidos en 1974 por, presuntamente, haber facilitado toda la infraestructura a ETA V Asamblea para cometer el atentado de la calle Correo, que causó trece muertos y más de medio centenar de heridos.

Resulta llamativo que esta plataforma mafiosa sólo se concentre en acusar gravemente a este capitán en sus sectarios medios, pero que no presenten denuncia alguna en los juzgados, probablemente porque saben de la falta de veracidad de las mismas. Esto nos hace creer que los fines que persiguen no son el respeto a la ley y la búsqueda del interés general de la sociedad, sino la difamación en sí misma como medio de alcanzar otros objetivos.

Se trata, pues, de acusaciones a simples ciudadanos hechas con absoluta ligereza por los medios extremistas envalentonados por la jurisprudencia que se ha desarrollado durante estos años y que otorga impunidad absoluta a la prensa en relación con los ciudadanos, que cada vez se encuentran más expuestos e indefensos ante el abuso de unos poderes que ya no buscan la defensa de la libertad individual frente al Estado, sino su propio interés, económico e ideológico.

Es preciso recordar que la Constitución Española garantiza, en su artículo 16, la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Por ello, no sorprende la inacción de los poderes públicos, que ni investigan, ni denuncian, ni defienden a los ciudadanos contra estos ataques a su libertad individual.

El artículo 20 de nuestra Constitución consagra, entre otras, las libertades de expresión y de información, y reconoce derechos individuales y libertades públicas a todos por igual. Sin embargo, en la práctica esto no está siendo muy equilibrado, pues la libertad de expresión de un ciudadano es mínima si no cuenta con la capacidad de difundir. Por contra, estas libertades son casi absolutas en los medios de comunicación social, pues cuentan con el monopolio de la difusión. Así pues, no hay un equilibro justo.

Este desequilibrio se agrava aún más cuando algunos medios carentes de un código ético razonable difaman, acusan y acosan a ciudadanos individuales en razón de sus ideas, de su religión o de sus costumbres, en una actuación que obedece en muchas ocasiones a la intención de imponer cierta ideología en la sociedad. El ciudadano queda expuesto y su credibilidad queda en entredicho, pues el proceso para restituir su honor es largo y difícil.

Es importante recalcar que la mayoría de los medios de comunicación social serios se han dotado de un código ético respetuoso y equilibrado, pero existe una prensa extremista y sectaria, como ellos mismos se definen, que ha demostrado en múltiples ocasiones que no tienen el más mínimo reparo en invadir otros espacios de libertad. De este modo, abusan de unos derechos y libertades que fueron reconocidos para todas las personas por igual, con la intención de imponer una ideología totalitaria a una sociedad libre y abierta.

No existe libertad real cuando los ciudadanos viven bajo la constante inseguridad de poder ser difamados impunemente en cualquier momento por un medio de comunicación social, sin que les quede más solución que una difícil, incierta y costosa batalla judicial en un contexto en el que la libertad de expresión (de la prensa) se ha convertido en un mantra que justifica cualquier exceso.

Es una obligación de todos los ciudadanos, de sus representantes políticos, y de los poderes públicos estar vigilantes para que estos nuevos enemigos de la libertad no nos arrebaten la justicia y la igualdad que tantos siglos nos ha costado conseguir.