Error garrafal y concluyente de nuestra agónica democracia fue convertir la carrera política en condición de enriquecimiento lícito saqueando los recursos del Estado. La aparente contradicción de la legalidad y el robo de las arcas fue en realidad un propósito deliberado, acordado tácitamente por el amplio espectro político que se ha beneficiado de este pacto prevaricador con aura de legalidad. En la vida común de lo civil la estafa  política sería severamente sentenciada, pero robar con sigla partidista, previa compra de los medios de comunicación, es la razón de ser del sanchismo para saquear descarada e impunemente. La red clientelar de los chiringuitos ideológicos nutre arbitrariamente a los carroñeros que viven a costa de la mayoría. 
 
Cierto es que existen las leyes que vigilan las tentaciones prevaricadoras pero se ha incrementado el sectarismo judicial con mercenarios a sueldo del proselitismo que archivan las causas, con el silencio de los medios de esos medios de comunicación prostituidos, o facilitan la impunidad de un delito congelando las causas en los despachos hasta que pase la tormenta del escándalo público. 
 
Se ha incrementado exponencialmente el gasto público con el despilfarro de una manada política avezada en la depredación de los recursos del Estado. Así de nada servirá el sacrificio y la exigencia impositiva en lo que resulta ser el mayor crimen, después del genocidio, de un desgobierno criminal que provoca la rendición económica con pretextos pandémicos inverosímiles, salvo en la sospecha de que con el liberticidio está implícita la definitiva decadencia del Estado de Derecho. 
 
Debería ser obligada la discrepancia abierta, la rebelión de los esclavos diezmados por este señorío sanchista organizado en mafia política de conveniencias y regenerada por el oscurantismo. Pública renuncia a la obligación cívica cuando no hay deberes para la chusma de politicastros que comandan esta planificación de país bolivariano sin otro estímulo que la imposición totalitaria. Pedir cuentas a base de recortes de los beneficios gregarios y apear a los parásitos de sus prebendas que con la vida está pagando un pueblo enardecido, pero generoso todavía en las reacciones contra los responsables de sus tragedias y miseria. 
 
De existir Justicia en España, Sánchez ya estaría juzgado no solo por el protocolario genocidio del 2020 que cada vez es más evidente, tanto más cuando se agotan las excusas con el conocimiento de la artificiosa alarma generada con el reseteo de las sociedades para someter a las poblaciones, también por el propósito de arruinar España entregándola a oscuros objetivos especulativos. Quizá porque han echado el resto de la traición han convertido la prevaricación en costumbre aceptada saqueando el dinero público que, en función de la teoría de la despilfarradora y sospechosa de corrupción, Calvo Poyato, es de nadie. 
 
De nada servirá acatar las obligaciones si la casta política, incluida la podemita, sigue abusando de privilegios pagados con la vida de los ciudadanos. Esa aberrante condescendencia de las víctimas acabará con todo a no ser que se plante España para combatir la personificación del delito que es Pedro Sánchez.