El Gobierno nacional ya ha cesado a todos los miembros del Gobierno de Cataluña tras la precipitación de acontecimientos. El Senado autorizó la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución y el Gobierno, tras la segunda declaración de independencia de Cataluña, procedió a tomar las decisiones que correspondían.

 

Se estuvieron planteando preguntas en relación con la posible resistencia de Carles Puigdemont y de los consejeros del Gobierno catalán, que, finalmente, aceptaron las medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Preocupaba, especialmente, lo que se podía hacer en el caso de resistencia de los dirigentes catalanes independentistas, que no se cansan de dar la nota día tras día.

 

Hay que tener presente la regulación contenida en los artículos 38 y 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa, y serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esa Ley, que también indica que las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.

 

El mecanismo de ejecución forzosa de actos administrativos que se ajusta más a la situación es la compulsión sobre las personas. Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución, de manera que Carles Puigdemont y sus camaradas de aventuras secesionistas podrían ser detenidos.

 

En cualquier caso, no hay que olvidar otros elementos. Se va a ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Transitoriedad Jurídica de Cataluña, que ha dado cobertura a las declaraciones catalanas de independencia, para, probablemente, inhabilitar a los miembros del Gobierno de Cataluña, y no hay que descartar las actuaciones procesales que podrían realizarse por desobediencia y por usurpación de funciones, delitos a los que podría sumarse el de sedición o, en su caso, el de rebelión.