Hace un año escribí mi primer artículo para El Correo de España, un artículo sobre Bielorrusia y las protestas masivas contra la reelección de su presidente Aleksander Lukashenko, que lleva en el poder desde 1994.  La represión de estas protestas fue muy dura, con miles y miles de detenidos en el transcurso de unos pocos días, como me contó el reportero Witold Dobrowolski que fue detenido y torturado junto a otro periodista polaco hasta que su país consiguió su liberación. Pero lo cierto es que, a pesar de las manifestaciones diarias y la presión externa mediante condenas y sanciones, el régimen resistió. No se produjeron fisuras en el gobierno ni en el ejército, y el principal valedor de Lukashenko, Rusia, le ofreció un apoyo total.    

Desde entonces se han producido situaciones más propias de la Guerra Fría. Como la detención en mayo, por parte de agentes del KGB, del periodista opositor Román Protasévich y su novia después de que el avión en el que viajaba desde Atenas con destino a Vilnius, la capital lituana, a donde se había exiliado en 2019, fuese obligado a aterrizar en Minsk. Pocos días después Protasévich confesó sus crímenes en la televisión pública bielorrusa y pidió el perdón del presidente Lukashenko. El 3 de agosto, el opositor Vitaliy Shyshov salió de su casa en Kiev para ir a correr y aparecía ahorcado en un parque horas después. Shyshov había abandonado su país el año pasado y se había establecido en la capital ucraniana, manteniendo una intensa actividad con política con otros exiliados. Ese mismo día, la atleta bielorrusa Kristina Timanovskaya que participaba en las Olimpiadas de Tokio y que había decidido no regresar a su país, recibía un visado humanitario y la protección de la embajada polaca, en una decisión tomada personalmente por el primer ministro Mateusz Moraviecki. En lo que va de año Polonia ha emitido 8.844 visados humanitarios a ciudadanos bielorrusos. Cuando uno lee estas noticias, le entran dudas sobre la desaparición de la Unión Soviética. 

Velas en recuerdo del opositor bielorruso Vitaliy Shyshov

Letonia, Lituania y Polonia fueron los países más duros, dentro de la Unión Europea, contra el gobierno bielorruso y los primeros en pedir sanciones. Y ahora, una vez que Lukashenko ha superado esta crisis, una más, ha llegado el momento de contraatacar y nada mejor para eso que el arma migratoria. A finales de junio, la ministra del Interior lituana, Agne Bilotaite, afirmó que su país poseía pruebas que demostraban que la guardia fronteriza bielorrusa había estado participando y beneficiándose en una operación de migración ilegal desde Bielorrusia a Lituania. “Esta es una operación organizada y bien planificada. Hay enormes sumas de dinero asociadas con esto”. Bilotaite señaló que los migrantes pagan hasta 15.000 euros para cruzar la frontera entre Bielorrusia y Lituania. Los migrantes llegan a Minsk a través de vuelos directos desde Estambul y Bagdad. Después son transportados a la frontera en automóviles y una vez allí intentan cruzar la frontera hasta que son detenidos por los guardias fronterizos lituanos y piden el derecho de asilo. Los que conocemos la frontera bielorrusa sabemos que es una frontera de verdad, no tiene nada que ver con las “fronteras” del espacio Schengen, y que esto sólo puede estar sucediendo con la colaboración del gobierno de Lukashenko.

Hasta ese momento, 30 de junio, 636 migrantes habían sido detenidos cuando intentaban cruzar la frontera, una cifra más de siete veces superior a la de 2020 y doce veces superior a la de 2019. Sin embargo, sólo en la primera semana de julio fueron detenidos 779, procedentes mayoritariamente de Iraq, pero también de Afganistán, Irán o Siria. Un mes después, hablamos de 4.000 migrantes. La respuesta inicial del gobierno lituano fue la de procesar las solicitudes de asilo, que obviamente han sido denegadas, pero ante la llegada continua de migrantes y la decisión de Bielorrusia de no impedir su llegada a Lituania en respuesta a las sanciones de la UE, las autoridades han empezado a devolver a los migrantes en la frontera. En lo que se ha calificado como una “guerra híbrida”, la primera ministra lituana, Ingrida Šimonytė, anunciaba la construcción de “una barrera física que dividirá a Lituania y Bielorrusia, lo que será una señal y un elemento disuasorio para los organizadores de los flujos migratorios ilegales”. La valla, cuya construcción fue aprobada el pasado miércoles por el parlamento lituano, tendrá 550 kilómetros y costará unos 150 millones de euros. El gobierno ucraniano ha decidido apoyar la construcción de esta valla con el envío de 38 toneladas de alambre de espino como “ayuda humanitaria”.

La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó la capital lituana y prometió el apoyo de la Unión. Ese apoyo se ha materializado en 36,7 millones de euros “para aumentar la capacidad para recibir un gran número de migrantes”, es decir, dinero para atención médica, vacunas, ropa y alimentos en los centros de para extranjeros, donde ya se produjo una revuelta de migrantes iraquíes la semana pasada. Por otro lado, la Agencia Europea de Protección de Fronteras y Costas, Frontex, ha enviado algunos expertos y material avanzado. Hay que recordar que Frontex abandonó Hungría en enero tras la denuncia de una ONG, el Comité de Helsinki, por supuesto de la Open Society de George Soros, contra el gobierno de Viktor Orbán por devolver a los migrantes ilegales a Serbia. Así que veremos lo que dura este apoyo. Ante la petición del gobierno lituano de ayuda económica para construir la valla fronteriza, la Comisión Europea ha respondido que “no financia vallas, sino que apoya soluciones integradas de control fronterizo”.

Soldados lituanos ponen alambre de espino en la frontera con Bielorrusia

En opinión del politólogo Vytautas Sinica, esta “guerra hibrida” es la venganza de Lukashenko contra Lituania por su apoyo a la oposición democrática y una forma de “obligar a Lituania a cambiar su política exterior”. Sinica es muy crítico con la actuación inicial de su gobierno, permitiendo las solicitudes de asilo de los migrantes cuando “venían de un país seguro (Bielorrusia) y no había ninguna base legal para el asilo en Lituania. Todo esto ha llevado a 4.000 migrantes ilegales a Lituania, porque el gobierno decidió no empezar antes con la política de devolución. Sabemos por la experiencia de Europa Occidental que la mayoría de los migrantes ilegales evitan la deportación y Lituania no es una excepción. 4.000 pueden parecer pocos a los lectores españoles, pero son muchos para Lituania”.

Pero Lituania no es la única frontera comunitaria afectada por esta crisis. Polonia, que en lo que va de año ha detenido a 900 migrantes ilegales en la frontera con Bielorrusia, 350 sólo el pasado fin de semana y ocho veces más que en 2020, ha decidido enviar tropas para reforzar la frontera. En Letonia, el miércoles el Saeima (parlamento) declaró el estado de emergencia en la frontera tras un duro debate en el que los partidos “liberales” mostraron más preocupación por los derechos humanos de los migrantes que por la seguridad de la frontera. Ante los que se negaban a cerrar la frontera, el diputado Edvins Snore señaló que “no se puede caer en la ingenuidad como sucedió en Alemania en 2015. Es necesario dar una señal muy clara de que esto no va a suceder en Letonia”. El político nacionalista también recordó que Letonia es uno de los pocos países de la Unión Europea en el que cruzar la frontera ilegalmente es un delito.

El uso del arma migratoria no es nuevo, lo sabemos de primera mano en España, donde el gobierno “amigo” de Marruecos provoca oleadas humanas contra Ceuta y Melilla cada vez que nuestro gobierno toma alguna decisión que les molesta o para conseguir ventajas económicas. Lo mismo ha sucedido con Turquía, que sólo frenó las oleadas migratorias a cambio de los millones de euros de la UE. Bielorrusia no hace más que seguir estos ejemplos. Lukashenko es consciente de que la migración ilegal es un torpedo a la línea de flotación de la UE y lo usa para conseguir sus fines políticos. Mientras la política comunitaria camine entre la demagogia progresista de las “fronteras abiertas” y el acoso a los países que han decidido defender sus fronteras, como es el caso del Grupo de Visegrado, es decir, mientras siga presa de la ideología globalista de la sociedad abierta, Europa estará sometida permanentemente al chantaje y la extorsión.