No me refiero a la "vacatio legis" que es el lapso de tiempo que media entre la publicación y la entrada en vigor de una norma. El título de este artículo hace referencia al Tribunal Constitucional, por el que siento el máximo respeto individual hacia todos y cada uno de sus componentes actuales y habidos, pero estoy en rotundo desacuerdo con muchas de sus actuaciones y sobre todo, en los plazos que se toma para sentenciar sobre cuestiones importantes y peliagudas, casi siempre de naturaleza política.

Hoy no toca hablar de sus sentencias que, algunas, más de las deseables, son auténticos desafueros y han permitido sentar las bases de situaciones muy comprometidas con el futuro de nuestra nación. Las acato, pero no las comparto. Hoy toca hablar de los tempos que se permiten sus señorías a la hora de dictar las sentencias que otras instancias o los ciudadanos someten a su juicio.

El TC no es un órgano jurisdiccional, como lo es el Tribunal Supremo, o los jueces ordinarios y no creo que ello pueda ser la causa de las largas, larguísimas esperas con que se dejan ver la luz sus sentencias. Esperamos que sus miembros, al igual que la mayoría de españoles que tienen un trabajo, trabajen aproximadamente las ocho horas diarias reglamentarias en toda empresa o, al menos, en el funcionariado de a pie.

No obstante, la importancia del TC es más que evidente: la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional le atribuye plenos poderes: "Uno. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica."

De los 365 días que suelen tener los años no bisiestos, descontando fines de semana, vacaciones de verano, de semana santa y navidad y fiestas nacionales y locales, quedarían 208 días hábiles, que a ocho horas diarias sumarían 1.664 horas al año para trabajar.

De acuerdo, con que este tribunal evacúa muchas sentencias de ciudadanos e instancias que también ocupan buena parte de su quehacer, pero se hace difícil entender que haya sentencias que se demoren por más de once años, como es el caso de la llamada ley del aborto a la que en un ya lejano día, presentó recurso el partido popular. O los recursos contra el decreto del estado de alarma, o sentencias que llegan tarde, cuando los efectos sobre lo sentenciado son ya irreversibles.

Y ya es casualidad que la mayoría de los retrasos son causas de naturaleza política, o promovidas por partidos políticos, o que afectan a políticos. Demasiadas coincidencias. Pero, esto ocurre porque el TC es un tribunal eminentemente político, formado por personajes que ni siquiera tienen por que ser miembros o ex miembros de la judicatura, que son nombrados por políticos.

A partir de ahí, en las causas de índole política, todo es estrategia, todo es tactismo, todo es conchaveo, todo es cabildeo, en detrimento de la justicia que siempre debe serlo no sólo en contenido, sino en plazo y forma. Si no, no es justicia. De nada sirve el medicamento cuando el enfermo está muerto.

El TC debe desaparecer para ser sustituido por una sala del TS, cuyas sentencias sean dictadas por profesionales del derecho y la ley y no por personas ajenas que pueden tener la tentación de obedecer consignas más que preceptos legales. Desgraciadamente, tampoco este alto tribunal se libra de cabildeos, pero aún así.

¿Para qué sirve un tribunal en cuyas manos -sentencias- radica la defensa de los ciudadanos de los abusos de las instituciones, partidos y políticos y que es la última ratio para que la Constitución no se convierta para ellos en un mero papel mojado?

Políticos y grupos de presión, quiten sus manos del tribunal y al menos hasta que éste se disuelva, si lo disuelven algún día, dejen que lo compongan profesionales, independientes y personas justas. No mamporreros de sus intereses.