Los paraísos fiscales se pueden definir como aquellos Estados que ofrecen numerosas ventajas fiscales y mercantiles a sociedades creadas por personas extranjeras. Por esta idea, suponen un auténtico riesgo para la seguridad fiscal global.

 

Realmente, los paraísos fiscales son lógicos, ya que los Estados operan en un mercado tributario internacional que se rige por las reglas de la oferta y la demanda alteradas por determinados condicionantes, como la incidencia de algunos sujetos. El objetivo de ofrecer una disminuida imposición fiscal y una alta confidencialidad es atraer a más sujetos pasivos que tributen, lográndose así una mayor cantidad de ingresos públicos.

 

Es cierto que, teóricamente, se afirma constantemente que se está intentando combatir el problema de los paraísos fiscales. Sin embargo, no es posible encontrar resultados que demuestren que la lucha contra la opacidad fiscal internacional sea verdaderamente eficaz.

Lo irónico es que, en la actualidad, hay numerosos paraísos fiscales a lo largo y ancho del mundo. Además, no parece probable que pueda reducirse su número, ya que, en Reino Unido, hace unos meses, se planteó la cuestión relativa a la posibilidad de establecer un sistema impositivo societario con tipos bajos para atraer a más personas jurídicas, solucionando, de esa manera, una parte de los problemas mercantiles que pueden llegar a provocarse por la consumación del Brexit.

De nada sirve que afirme que se quiere acabar con los paraísos fiscales cuando, realmente, se busca su fomento para poder lograr la protección de grandes patrimonios de personas que tienen los medios suficientes para llegar a conocer los modos de evitar el pago de cuotas tributarias altas. Siempre se ha dicho que se ha combatido la existencia de los países con una laxa imposición fiscal, pero nunca se ha hecho de una forma contundente, porque no es un verdadero problema para muchos.

Para poder lograr la extinción de los paraísos fiscales es necesario que se refuercen los medios de cooperación entre los Estados para garantizar la transparencia fiscal internacional. Un control global de la tributación de los países podría ser útil para equiparar la imposición fiscal, evitándose así que haya diferencias en la imposición fiscal de los distintos Estados que ofrecen condiciones favorables a las personas jurídicas para lograr que trasladen su domicilio en perjuicio de muchos países.