El artículo 9.2 de la Constitución Española establece que “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Esta regla es muy llamativa por su contenido y por su relación con determinados preceptos constitucionales, como los relativos al gasto público, a la función social de la propiedad, a la distribución de la renta y a la protección de determinados colectivos.

Debe destacarse que el precepto indicado se caracteriza por ser la pieza clave del elemento social del Estado español que se encuentra recogido en el artículo 1.1 de la Constitución. Concretamente, la regla ayuda a suprimir obstáculos materiales y a garantizar la igualdad de oportunidades.

Hay que garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a la igualdad de oportunidades. Eso implica que no debe permitirse que los grupos protegidos puedan llegar a tener una cantidad de privilegios legales constitutivos de discriminación positiva que impidan una absoluta equidad para todos los ciudadanos, que debe ser la finalidad, y que reduzcan la relevancia de los méritos objetivos, que deben respetarse según el artículo 14 de la Constitución. En relación con esta cuestión, debe destacarse que la Sentencia del Tribunal Constitucional 47/2001 señala que “conviene comenzar recordando que, conforme a constante doctrina de este Tribunal, el principio de igualdad en la ley reconocido en el art. 14 CE, «impone al legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad que, desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y razonable o resulte desproporcionada en relación con dicha justificación» (SSTC 134/1996, de 22 de julio, FJ 5; en el mismo sentido, entre otras muchas, SSTC 76/1990, de 26 de abril, FJ 9; 214/1994, de 14 de julio, FJ 8; 117/1998, de 2 de junio, FJ 8; 46/1999, de 22 de marzo, FJ 2)”.

Un precepto como el artículo 9.2 de la Constitución, creado con buenas intenciones para evitar la existencia de barreras que perjudiquen el normal desarrollo que debe desearse a toda personas, puede servir, precisamente, para lo contrario, imponiendo elementos que obstaculicen la consecución de los objetivos de aquellos que, no necesitando la aplicación de la regla con su concepción original, terminen viendo un instrumento peligroso en la misma por justificar la implantación de restricciones para ellos que, hace tiempo, podían parecer imposibles.

En el punto medio está la virtud. Así lo indicó Aristóteles, que pudo llegar a considerar en su época que existía la posibilidad de ver, en cualquier momento histórico, la radicalizada inversión de posiciones sociales, que no debe producirse por ser incompatible con una exitosa y armónica equiparación social absoluta, para la que resulta indispensable una buena educación de todas las personas.