El pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó el establecimiento de una tasa por la que todas las personas físicas o jurídicas que tengan una vivienda vacía tendrán que pagar por ella. La idea es conseguir el fomento de alquileres sociales con bienes inmuebles vacíos pertenecientes a los titulares de fondos de inversión, algo que ya se pretendía lograr con el impuesto catalán a las viviendas vacías.

 

Los mecanismos utilizados que se han indicado pueden considerarse tributos extrafiscales, que se encuentran recogidos en el artículo 2.1 de la Ley General Tributaria, que establece que “Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución”. La Sentencia del Tribunal Constitucional 276/2000 indica que “Es verdad que, como hemos afirmado en ocasiones, el legislador puede establecer tributos con una función no predominantemente recaudatoria o redistributiva, esto es, configurar el presupuesto de hecho del tributo teniendo en cuenta consideraciones básicamente extrafiscales (STC 37/1987, de 26 de marzo, F.J. 13; STC 197/1992, de 19 de noviembre, F.J. 6)”, aunque, según la misma resolución, “en todo caso, es evidente que dicha finalidad contributiva debe necesariamente estar presente y que deben respetarse, entre otros, el principio de capacidad económica establecido en el art. 31.1 C.E. o, lo que es igual, el hecho imponible tiene que constituir una manifestación de riqueza”.

 

El problema es que la resolución de cuestiones sociales y la obtención de ingresos por los tributos que gravan la titularidad de viviendas vacías, si se acaban considerando válidos en el ámbito local, terminan resultando inocuas por el mal aprovechamiento de bienes patrimoniales inmuebles que tiene el ayuntamiento de Barcelona. Varios son los que están vacíos y mucho es el dinero que gasta el ente local por el arrendamiento de bienes inmuebles que no deberían usar si se tiene presente la cantidad de locales que tiene el ayuntamiento.

 

Si se quiere garantizar la existencia de viviendas para todos los ciudadanos, hay que obrar con coherencia. No se debe utilizar el dinero público de un modo inadecuado pagando a terceros por el uso arrendaticio de bienes inmuebles que el ayuntamiento que dirige Ada Colau requiere cuando se cobran, por multas y tributos, cantidades importantes de dinero por no emplear viviendas.

 

Las Entidades Locales en general y el Ayuntamiento de Barcelona en particular podrían disponer de más dinero público para realizar actos con fines sociales si no ignoraran la utilidad de los bienes que tienen. Además, le otorgarían una mayor legitimación, de esa manera, a sus planificaciones sociales.