Hubo un tiempo en que, en España, la figura del “Somatén” estaba extendida en cuanto representaba la garantía de un orden público en las calles ante la impotencia del Estado en garantizar la paz y la seguridad a sus ciudadanos. Grupos de civiles organizados se encargaban de vigilar pertenencias y calles para llegar donde ese Estado no llegaba.

 

En tiempos recientes ante la politización de la Justicia por los partidos políticos haciendo imposible la neutralidad y la objetividad, cuando no el silencio mas vergonzoso en casos de corrupción hirientes, llevó a asociaciones a tomar la iniciativa en forma de impulsos judiciales por medio de la acusación popular. Numerosos casos fueron llevados ante los Tribunales de una forma que, de otra manera, el Ministerio Fiscal hubiera permanecido silente.

 

Lo realmente terrible ha ocurrido cuando se ha conocido las detenciones e ingreso en prisión de los lideres y portavoces de esas asociaciones distinguidas por supuestos delitos de corrupción y formar entre ellos una “organización criminal” como asi ha sido definida por el Auto de la Audiencia Nacional de 18 de abril de 2016. Sin perjuicio de la instrucción del proceso y de las penas o calificaciones que merezcan los ahora investigados, sí ha resultado dañado algo fundamental: la capacidad de los ciudadanos españoles para responder a actos de corrupción cometidos desde partidos políticos representados, administraciones u organizaciones bancarias.

 

La sensación de desmoralización que ha cundido por ello solo beneficia a quienes, desde ayer, se sabrán impunes.

 

Flaco servicio han hecho estos mal llamados “patriotas” que tantas voluntades jurídicas emplearon en horas de buen trabajo profesional para terminar sabiendo que, al final, el dinero era la única meta de sus representantes y no la Ética o la Justicia.

 

España sigue perdiendo esta partida.