El 28 de abril publiqué este artículo. Hoy me veo en la necesidad de publicar una segunda parte. En aquel abril intuía que el Gobierno haría lo que fuese por ir cambiando las leyes (como hizo Hitler) y así transformar el sistema de democracia liberal de 1978 en un sistema totalitario, no ya a ejemplo de cuba o Venezuela sino que el modelo es China, adaptado a las particularidades de España.

En aquel entonces intuía que los objetivos de la reclusión eran acabar con la libertad ideológica y religiosa; la libertad de reunión, asociación  y manifestación; la libertad de circulación, la libertad de expresión y de dar y recibir información; el secreto de las comunicaciones, el derecho a la educación, la libertad de ejercer actividades económicas, de empresa y servicios, derecho a la propiedad privada.

Hasta el día de hoy, personalmente veo que todo esto se ha venido confirmando con nuevas leyes y reformas de muchas de las ya existentes. La última apareció en el BOE el día 19 de septiembre. Tal como yo la interpreto: la policía, guardia civil o ejército podrán entrar en cualquier domicilio sin necesidad de orden judicial (legaliza el allanamiento de morada), amparándose en una “oscura” autoridad sanitaria formada por expertos que ni siquiera Illa o Simón saben quiénes son. Es más, Simón  declaró que tales expertos no existían. Y el papel de los jueces queda reducido a ratificar las decisiones de dicha autoridad inexistente.

Aquel 28 de abril el actual Gobierno comunista (con apoyo explícito/implícito de PP y Ciudadanos) puso en marcha una brigada contra la desafección al gobierno (según Okdiario 27/04/20). Desde entonces hasta aquí se han formado comités de vigilancia –rastreadores- cuya función parece ser, a mi entender, buscar supuestos enfermos y asintomáticos, perseguirlos, ponerles multas y detenerlos. Pero tal como yo lo veo la verdadera función de estos comités de vigilancia es tener localizados y controlados a todos los posibles disidentes y críticos contra el Gobierno (por “gobierno” incluyo a Pp y Ciudadanos, y ya veremos qué hace Vox, si levanta la Vox o sigue callado como hasta ahora, ¿dónde está Vox? ¿con quién está Vox?).

Y hoy una vuelta de tuerca más: el gobierno tiene preparado el  anteproyecto de Ley General de las Telecomunicaciones que va a presentar a trámite. Esta ley faculta directamente a los cuerpos de seguridad del Partido (Podemos, PSOE, PP, Ciudadanos ¿y quizás también Vox?) a la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas para “controlar el orden público”, dicen. Pero, lo que yo veo es que la Ley pretende completar la cobertura jurídica a la actuación de los comités de vigilancia.

Estos comités represivos podrán (no dudo que ya lo estén haciendo) legalmente acceder a la IP de cada terminal y a la ubicación concreta de cada personal en momento. Ya puedes estar en una manifestación contra el gobierno o en el cuarto de baño de tu casa que la policía o el ejército podrán dar patada a la puerta (sin orden judicial) arrasar con todo lo que encuentren y detenerte cuando estás haciendo tus necesidades fisiológicas.

Si alguna compañía se niega a dar acceso a los datos a estos comités de vigilancia, el Gobierno podrá asumir la gestión directa, intervenir los servicios e incluso la explotación de las redes.

          Ya lo dijo el teniente general José Manuel Santiago en aquellos días de abril: la guardia civil (esto es, el ejército) estaba trabajando (dicho suavemente) para “minimizar el clima contrario al gobierno”.

Las consecuencias de todo esto ya las estamos viendo en algunas ciudades como por ejemplo Salamanca, Zaragoza, Baleares, Zamora o Murcia. En Madrid Ayuso va más allá, el consejero de Justicia, Enrique López, propone incluir en el Código Penal como delito saltarse un confinamiento. La policía accede a los datos sanitarios de los ciudadanos y se persona en los domicilios, se identifica y se controla a los ciudadanos. A mi entender se están violando numerosas leyes, como las sanitarias (los datos sanitarios son privados sometidos al secreto médico-paciente) y la Lortad, además de la ley de Seguridad 4/2015, como mínimo.

La cuestión es ya mucho más grave. En algunos lugares, como San Sebastián, se han dado casos en los que los propios ciudadanos denuncian a sus vecinos. Ya estamos igual que en la URSS o que en cualquiera de los países del antiguo bloque comunista, donde los vecinos denunciaban a sus vecinos, donde los padres denunciaban a sus hijos, donde los hijos denunciaban a sus padres, donde los esposos “bien avenidos” se denunciaban mutuamente.

Y todos los partidos políticos aplaudiendo hasta con las orejas. ¿Y Vox? De momento, silencio sepulcral. ¿Está Vox conchabado con todo esto? ¿Dónde queda aquello de “La Resistencia”?.

Y respecto a los que tendrían que proteger a los españoles y defender la Constitución, los derechos fundamentales de los españoles y al Reino veo que se han convertido en criados-colaboradores necesarios para la imposición del totalitarismo. Para mí ya no son nuestros defensores sino nuestros carceleros, agentes necesarios de la destrucción de nuestras libertades, de la destrucción de España y herramientas esenciales para la construcción del nuevo y naciente sistema totalitario. Estamos en el centenario de la legión y, por desgracia, ya no tenemos nada que celebrar.

Acabaré tal como acabé aquel artículo de 28 de abril: sepan los comités de vigilancia (rastreadores, los llaman) que yo no sólo critico al gobierno, soy contrario al Gobierno, adversario del Gobierno; vamos, desafecto al Gobierno. Deseo, quiero y rezo para que este Gobierno desaparezca de nuestras vidas. Y que un día volvamos de nuevo ver amanecer en libertad.

Hoy, 25 de septiembre, me he encontrado por la calle a un hombre sin bozal que ha gritado: “¡Libertad!”. Este grito lo hago mío, también es mi clamor. ¿Habrá alguien que escuché nuestro grito de Libertad? ¿Alguien lo hará suyo?