De nuevo el “caso español”. Los medios internacionales insistían en la singularidad de la crisis española del Coronavirus, especialmente ante la citada “batalla de Madrid” y el aumento exponencial de contagios. Crisis que ponía al descubierto un país desunido en sus regiones, enfrentado entre sus partidos, con un gobierno débil y superado en su reacción, con un sistema sanitario en la encrucijada, y con previsiones económicas cada vez peores. 

Neue Zürcher Zeitung, uno de los principales diarios suizos, se preguntaba por medio de uno de sus columnistas de referencia: “¿Es España un 'estado fallido' y cómo debería tratar la UE a ese miembro?”. Asimismo, el diario francés Le Monde subrayaba el fracaso “del modelo descentralizado de la sanidad pública” española, el británico The Times recordaba si “la España dividida” era el nuevo enfermo de Europa, y el alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung afirmaba como el gobierno español parecía haber perdido de nuevo el control de la situación. Además, The Economist explicaba que el “amplio fracaso nacional” español ante la crisis se debía una “descentralización que ha sido negativa para combatir la pandemia”, y Financial Times coincidía  sobre que “en España, gestionar la crisis ha sido complicado por la polarización política y el sistema descentralizado”.

Estado fallido a nivel económico. Tras un segundo trimestre de mejora significativa de la economía española (desde agosto de 2020), al calor del desarrollo de la “desescalada” y del inicio campaña de verano, los datos del tercer trimestre de la EPA volvieron a reflejar la dura realidad socioeconómica. El número de desempleados creció en 355.000 personas (el peor dato de la serie histórica), la tasa de paro subió hasta el 16,26%, y más de un 1.100.000 de hogares tenían a todos sus miembros sin trabajo.

Datos que comenzaban a confirmar las previsiones macroeconómicas cada vez peores que se establecían para nuestro país y para finales de año (aunque sujeta a revisiones posteriores, en su mejora o en su agravamiento). Por ello, el Gobierno nacional tuvo que revisar su previsión dek PIB para el año 2020 (en los Presupuestos generales), recogiendo un desplome de la economía del 11,2%; y el Fondo monetario internacional (FMI) mejoraba las previsiones de crecimiento de todas las grandes economías excepto la de España, con la caída del PIB en el 12,8% para 2020, aunque mejoraba el crecimiento nacional hasta el 7,2% para 2021 (frente al 6,3% estimado en junio); y a principios de diciembre, la OCDE publicaba su Informe donde demostraba que España era el segundo país de la organización que peor había gestionado la Pandemia (solo por delante de Argentina), con una contracción del -11,6% en 2020 (el doble que en Alemania), y un rebote del 5% en 2021.

Estado fallido a nivel social. Malos datos laborales atemperados el efecto de los ERTEs, ya que el INE seguía considerando a los trabajadores afectados por los mismos como ocupados que recuperarían su empleo (y que según la legislación vigente limitaban los despidos colectivos o EREs), abocando a muchas empresas a un letargo funcional en espera de lo inevitable o a un concurso de acreedores (más de 500.000 ciudadanos en ERTES y miles de autónomos en cese de actividad). Y datos también temporalmente distorsionados por la masiva contratación pública en tiempos de crisis (en sanidad y educación).

Asimismo, las cifras de desempleo de finales de 2020 eran los peores desde 2012, con un importante repunte de los trabajadores acogidos a un ERTE, y un “escudo social” del gobierno que fallaba: las peticiones aceptadas de su Ingreso mínimo vital eran muy pocas, la labor de calle correspondía a las asociaciones de siempre, y las administraciones se endeudaban masivamente para sostener dicho “escudo” (por el crecimiento tanto de la deuda como del déficit público, que podrían superar, respectivamente, el 14% del PIB y el 120%).

Estado fallido a nivel sanitario. Una situación epidemiológica descontrolada y la amenaza de un nuevo colapso hospitalario impactaba en los medios y asustaba a los políticos. Regresaba el escenario más alarmante, y por ello el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció el viernes 23 de noviembre para dar su valoración del desarrollo de la crisis en España, proclamando que “la situación es grave”. Señalaba que “esta semana hemos alcanzado la cifra de 1 millón de contagios”, y que “el objetivo vuelve a ser contener la pandemia y doblegar la segunda curva”. España ya superaba el millón de contagiados declarados, solo superado por países con mucha más población, como Estados Unidos, Brasil o la India. El 25 de octubre se contabilizaban, oficialmente, 1.046.132 casos en España y 34.752 muertos, según el último balance del Ministerio de Sanidad (aunque el INE situaba el exceso de mortalidad en el doble). Y para completar la situación, la Pandemia alcanzaba una incidencia acumulada de 361,66 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la línea roja marcada por la OMS.

Peticiones de nuevos estados de alarma, de toques de queda, de confinamientos selectivos. Necesidad pública o angustia institucional: las comunidades autónomas, ante el crecimiento exponencial de contagios en octubre, pidieron al gobierno una actuación contundente. Aunque voces dentro y fuera del país alertaban de los problemas económicos (desempleo, pobreza), sociales (violencia doméstica, adicciones, soledad), sanitarios (enfermedades cerebrovasculares y cardíacas) y mentales (suicidios, desórdenes), de apostar toda solución al problema de la Pandemia a opciones muy restrictivas y confinantes: podría ser peor el remedio que la enfermedad.

Y Estado fallido a nivel político. El domingo 25 de octubre de 2020, un Consejo de Ministros extraordinario volvía a aprobar el nuevo Estado de alarma en toda España para contener la expansión del Coronavirus; y que el Gobierno planteaba extender seis meses (hasta el 9 de mayo), aunque inicialmente sólo podía aprobarlo para 15 días, y transcurrido ese primer plazo, quería que el Congreso de los Diputados lo prolongara de una sola vez durante el final del plazo; pero pretensión criticada por la oposición y por numerosos expertos jurídicos. Además, la nueva norma imponía un toque de queda nocturno a nivel nacional y general de 23:00 a 6:00 horas (pero el Presidente negaba tal definición, y lo defendía para asombro de muchos como “confinamiento nocturno”). 

Medida considerada inevitable por el Gobierno, especialmente ante la amenaza de la campaña navideña (con su movilidad, reuniones y compras). Por ello, el cuestionado coordinador Fernando Simón, en la rueda de prensa del lunes 26 de octubre, tenía que reconocer la grave situación, tras anunciar los muy malos datos del fin de semana previo al nuevo Estado de alarma: 52.188 contagios y 279 fallecidos desde el viernes (nuevo récord).

Nuevos confinamientos y restricciones, y viejas divisiones territoriales y partidistas a a la hora de aceptarlas o unificarlas, con una moción de censura presentada por VOX sin ningún apoyo pese a la crisis, con más limitaciones de libertades, y con las previsiones económicas muy negativas.

La vacuna salvadora

Más 70.000 muertos reales después (según el INE, y el doble de lo recogido oficialmente por el gobierno) y tras medidas más propias de una “guerra” (confinamientos perimetrales, toques de queda, restricción de movilidad, y la lucha contra la supuesta desinformación), a finales de 2020 “llegaba” esa vacuna salvadora. Pfizer anunciaba un 90% de eficacia, Moderna un 94% y Sputnik V un 95% (e Inglaterra aprobaba la aplicación inmediata de la primera).

Pero vacuna que, según el CIS, no convencía a un sector notable de la ciudadanía española (el 48,3% de los encuestados) por su eficacia, sus efectos secundarios y la vacunación obligatoria. Las dudas crecían: se compraba sin fabricarse, sin demostración científica publicada (en revistas de impacto) y sin esos años que siempre habían pasado para ver sus efectos positivos y negativos, ante la urgencia del momento y la carrera comercial por ser la primera, ser la más vendida y ser la más eficaz.

La crisis parecía, aparentemente, controlada o en vías de solución, pero el “Estado fallido” quedaba. Una “Pandemia contra España” que ponía de manifiesto nuestras debilidades: desempleo masivo, destrucción empresarial, desunión política, descoordinación regional,  restricciones de libertades, y sobre todo dominación plutocracia y globalista del país. Escenario presente, y según las predicciones, futuro que para Raúl González Zorrilla podía ser el caldo de cultivo de dominaciones totalitarias aquí y en todo Occidente, aprovechando el control de movimientos, la centralización del poder, la vigilancia de la información y la censura de la opinión. Pero que crisis que también mostraba la oportunidad de la “España soberana”: ciudadanos reales comprometidos, libres, unidos y sufridores por su país, frente a los ficticios “discursos dominantes” de los poderes globalistas.

Sergio Fernández Riquelme y varios autores: Pandemia contra España. Letras Inquietas (Septiembre de 2020)

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