La represión económica tampoco se ajustó a Derecho, a diferencia de las comisiones franquistas de 1937, apropiándose las milicias rojas de todos los ahorros, alhajas, negocios y títulos de propiedad de los miles de detenidos, quienes después podían ser masacrados, como ocurrió con las nobles familias gallegas de Varela de la Cerda y Pardo Bazán (propietarios entonces del pazo de Meirás y hoy demandados irregularmente por el Estado…), o con el duque de Veragua, descendiente directo de Cristóbal Colón. Fue tal el saqueo efectuado que el diputado socialista Enrique de Francisco organizó una checa madrileña donde se cobraban las rentas de un millar de fincas urbanas que el partido se había apropiado, reemplazando a sus propietarios. Por lo demás, conocidos son los desvalijamientos cometidos en las compañías mercantiles y entidades crediticias privadas de todo el país, que pueden cifrarse en varias decenas de millones de pesetas de las de 1936; así como la conversión de las joyas sustraídas en lingotes preciosos o el traslado sin retorno de las reservas de oro del Banco de España –una de las más valiosas de la época- a la URSS, prohibido por la Constitución de 1931 y realizado clandestinamente; sin conocimiento de algunos ministros y sin exigirse siquiera recibo de entrega, con posterior confinamiento forzado de los compatriotas que viajaron con los fondos hasta Odessa… En resumen, un gigantesco expolio colectivo.

Los atentados rojos contra el patrimonio artístico también fueron muy graves, con destrucción de incontables obras de arte, como algunas del inmortal Salzillo, el aniquilamiento de millares de templos y edificios de importancia histórico-artística, seguido del sacrilegio de abundantes objetos de arte sacro; lo que se complementa con el martirologio de siete mil religiosos. Así lo constata la Carta colectiva del episcopado español a los obispos del mundo entero en 1937. En fin, un completo desastre cultural y humanístico que parece haber olvidado la jerarquía eclesiástica del momento presente.

De justicia es reconocer las personas que dentro de este hälestorm de violencia  trataron de salvar vidas: los socialistas  Besteiro y Teodomiro Menéndez, el anarquista Melchor Rodríguez o, mismamente, el general Rojo. No obstante, la atroz persecución desatada contra hombres y cosas no cesó con la terminación de la contienda, pues el hostigamiento persistió en las montañas y sitios inhóspitos del país, perjudicando así a los indefensos habitantes de esos lugares, donde se refugiaron partidas de bandidos y guerrilleros de la derrotada República, generando con ello la muerte violenta de más de 1100 vecinos, la comisión de centenares de agresiones físicas y la perpetración de numerosos atracos contra la propiedad privada; anotándose también en las estadísticas bastantes sabotajes y abusos amorosos.

Pues bien, con estos antecedentes tan sangrientos y espantosos en el debe del izquierdismo, el desafiante Gobierno actual ha confeccionado una despótica norma con que pretende investigar los hipotéticos actos criminosos ocurridos en la zona nacional y durante la época de Franco, como muestra de ejemplaridad democrática, omitiendo absolutamente los horripilantes crímenes y saqueos cometidos por el socialismo marxista y sus acompañantes españoles desde 1931 hasta 1951; muchísimo más abundantes e inconcebibles. Para ello pretende vanagloriarse de perseguir fundaciones privadas, monumentos nacionales y hasta familias conocidas, advirtiendo de paso que será sancionado con fuertes multas pecuniarias todo aquel que ose protestar contra tamaña enormidad: esto resultaría inaudito en una sociedad democrática de abolengo, como la anglosajona; pero no aquí, donde las élites políticas utilizan la palabra democracia para el mantenimiento de sus privilegios y prebendas. En definitiva, lo que se ambiciona no es una mera corrección política al uso, sino la implantación de una moderna satrapía que nos impida leer, pensar y hablar. Y para ello, basta con repasar las enseñanzas de los clásicos como San Agustín, Guillermo de Ockam, Marsilio de Padua, etc. para cerciorarnos de que nos hallamos ante una tiranía de facto. Y es que la acción de perseguir personas pacíficas que piensan diferente con el fin de disfrazar las deficiencias de los gobernantes, ni siquiera es una novedad de la pandemia que nos asola pues ya fue puesta en práctica en la época de los Claudios.